Tiempo que pasa es tiempo perdido en la minería, los grandes proyectos del sector, especialmente mediano privado, son el ejemplo de lo que significa una fuerte inversión financiera y un tiempo prolongado para concretar objetivos, luego de pasar imprescindiblemente por las etapas de prospección y exploración que establece las condiciones favorables para una sostenida explotación de minerales.
Un caso concreto de los últimos emprendimientos de la minería privada es San Cristóbal en la jurisdicción potosina, tardó más de diez años desde el inicio de exploración hasta llegar a la etapa de producción efectiva. Otros proyectos de menor envergadura, igualmente demandaron esfuerzos, recursos económicos y mucho tiempo para concretar proyectos mineros de rentabilidad.
La preocupación en la actualidad es que los meses pasan, la sumatoria es de años y no hay en puerta ningún proyecto nuevo que se perfile como alternativa para reemplazar las ya agotadas vetas de las minas estatales, salvando por supuesto esa providencial situación de riqueza minera que se presenta por ejemplo en la mina de Colquiri y algunas opciones que pueden hacerse efectivas más adelante en Huanuni, donde se pretende diversificar la extracción de otros minerales, fuera del estaño, cuyo potencial está en declinación.
Aún está pendiente el caso de Mallku Khota, un yacimiento que estuvo en fase de exploración a cargo de una empresa minera internacional, la que determinó muy buenas posibilidades en materia de reservas, comparando las mismas con el potencial de San Cristóbal, lo que ya dice mucho en función de la futura explotación en otro sitio también en territorio potosino.
El caso es que el proyecto pasó a control del Estado, se entiende bajo tuición de la Comibol, aunque la estatal minera no perfila todavía una definición técnica operativa en ese yacimiento ya evaluado y en el que seguramente falta decisión superior, que implica inversión y estructuración de un plan de explotación que se ajuste al volumen de lo que puede ser una importante fuente de riqueza, de empleos y de rentabilidad para el Estado y la región.
El problema que se presentó tuvo origen en un rechazo de comunarios de la zona a la operación minera, aduciendo el incumplimiento de una norma ahora controvertida, sobre materia de "consulta previa", para exploración y explotación de los recursos naturales.
A propósito de este asunto, un trabajo publicado por la Fundación Jubileo sobre el capítulo de exploración minera refiere claramente que "La Ley 535 (de minería) establece que para hacer exploración minera en el país no se requiere una consulta previa a los dueños del territorio, así tampoco se requiere de un contrato. Basta una licencia para explorar". Adicionalmente, la Ley indica que si un explorador encuentra un depósito de mineral explotable tiene prioridad para firmar un contrato con el Estado para explotarlo y, en esa fase, tiene la posibilidad de recuperar la inversión efectuada durante la exploración, como parte del gasto operativo.
Jubileo, en su publicación comenta que, el territorio boliviano tiene amplias zonas inexploradas; sin embargo, si no se encuentran nuevos yacimientos en el corto plazo se enfrentará un largo periodo insostenible para la minería. Ratifica lo que expusimos repetidas veces en materia de tiempo, al señalar que "dado que los tiempos son muy largos en el sector, (minería), pues desde que se descubre un yacimiento hasta hacerlo operable transcurren entre 15 a 20 años, relievando que lo que no se ha descubierto hace 15 o 20 años, no será operable el próximo año".
Claramente llegamos a la conclusión de que, en la medida que se siga perdiendo tiempo, será más tarde para encarar una nueva etapa de la minería boliviana, renovada, modernizada y con perspectivas de asegurar un largo periodo de beneficios colectivos para todos los bolivianos.
Aquí es importante poner en la mesa de juego, algunas cartas que se han manejado muy discretamente, para no crear problemas, especialmente con los sectores que se dicen "propietarios de terrenos", posiblemente mineralizados, y que amparados en una medida que debe ser revisada y adecuada al interés nacional, debe ratificar lo que nuestra Constitución señala como hecho general que la riqueza natural del país, es de todos los bolivianos, por lo mismo los recursos naturales del suelo y el subsuelo, son de los bolivianos y el beneficio de su procesamiento debe servir a intereses comunes y no sectarios o simplemente postergados, por presiones extralimitadas.
Tiempo atrás, una lógica reacción del Primer Mandatario, aunque con relación a un proceso interferido de exploración petrolífera, aclaró la situación, señalando muy claramente que "sectores minoritarios, no pueden interferir en los planes de desarrollo nacional y el buen uso de los recursos naturales, propios de todos los bolivianos".
Está claro señalar que hace falta en nuestro país encarar con decisión los planes de prospección y exploración minera, sin más pérdida de tiempo, y más bien tratando de recuperar lo que ya se perdió, multiplicando todas las opciones que se presentan como factibles para descubrir nuevos yacimientos, habilitarlos para su explotación, eso sí, cuidando que la explotación de nuestros recursos naturales, se cumpla en respeto de la Ley de Medio Ambiente, cuidando el bienestar colectivo del entorno poblacional de las operaciones mineras, disponiendo además las condiciones propicias para mejorar el modo de vida de las familias originarias de cada sector.
Un detalle repetido por enésima vez, la urgencia de aprobar el reglamento de la Ley de Minería para facilitar el movimiento de fondos, desembolsos y el uso de los mismos con carácter prioritario en planes de exploración minera y petrolera.
A lo largo y ancho del país, existen importantes reservorios de riqueza natural, postergar indefinidamente su exploración técnica y la valoración de su potencial, constituye un atentado al interés de todos los bolivianos.
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