Desde que los precios internacionales de los minerales entraron en el tobogán de bajada, sin muchas opciones de recuperarse en corto tiempo, las cosas se han puesto "color hormiga" para las autoridades de la minería nacional, debido a la falta de un instrumento que adecuadamente operado, permita contrarrestar el efecto negativo de la producción de minerales al margen de un equilibrio entre costos de operación y precios de comercialización.
El auge de buen tiempo con precios excepcionalmente buenos no se aprovechó en su momento, no se hizo ningún ahorro, no se impulsó ningún programa preventivo y la minería estatal y la cooperativizada, que no tienen recursos de contingencia, sufren ahora la presión de esa caída en el valor de las materias primas, sin poder equilibrar sus costos de producción.
Varios ministros de la cartera de minería, dejaron pasar "casi" inadvertidamente el auge de los buenos precios y no tuvieron capacidad para establecer un plan de ahorro en una cuenta de emergencia para utilizar esos recursos en periodos de "vacas flacas", cuando se produzca un cambio de ciclo, muy propio de la actividad minera a nivel internacional.
El cambio llegó y dos sectores de la minería resultaron seriamente afectados con las bajas cotizaciones de minerales, el estatal y especialmente el distrito de Huanuni que confronta un reto social con su planilla de más de cuatro mil trabajadores. En el otro lado están los cooperativistas mineros que en ningún caso tomaron precauciones para enfrentar tiempos malos.
Otro sector que siente el impacto de la crisis es el de la minería privada pequeña, que demanda un apoyo financiero extraordinario para mantener sus operaciones. En realidad este sector es el único que planteó oportunamente la restitución de un "fondo de operaciones" a través del Banco Minero de Bolivia, entidad financiera que en sus mejores épocas impulso crediticiamente a los mineros privados.
No se puede obviar la situación del sector minero mediano privado, que pese a las medidas de previsión adoptadas en su tiempo, consistentes en adecuación de planes de mayor producción pero con apropiado respaldo financiero, de todos modos confronta algunas restricciones que han obligado a cierto tipo de operaciones. Lo importante de este sector es que profesionalmente se cumplen programas de control y se toman previsiones oportunas en base al estudio de circunstancias externas, presiones industriales en los grandes mercados y adecuación de planes especiales para recibir y enfrentar los tiempos críticos.
La Ley 535 y Comibol
Aquí es donde la comparación obliga a repensar la situación de la minería boliviana que necesita de instrumentos legales para encarar transformaciones especiales partiendo por reestructurar la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) otrora la empresa más fuerte de la economía nacional, tan importante como en este tiempo lo es la estatal petrolera Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Si bien ya se cuenta con el principal instrumento, en este caso la Ley de Minería y Metalurgia 535, este no puede ser utilizado por que carece de su reglamentación, complemento imprescindible que lamentablemente está demorando un año y medio desde que fuera promulgada. Pero también falta su reglamentación tributaria que estaría en proceso en el ministerio de finanzas y que también se deja esperar siendo parte sustancial de la normativa general, pues para quienes deseen invertir en el rubro, lo principal es conocer las reglas de juego en materia de impuestos, regalías y otros compromisos ineludibles de orden tributario.
Hay que recordar, una vez más, al sector de los mineros asalariados que planteó oficialmente y hasta de manera conminatoria, la reestructuración de la Comibol, para que se convierta en una verdadera empresa que administre todos los procesos de exploración, explotación y comercialización de todos los recursos minerales que tiene el país y deje de ser mera administradora de pocos contratos.
Si se toma en cuenta que hace más de un año la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), planteó la reestructuración de Comibol, planteamiento que fue aceptado en el nivel superior del Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM) como una solución a la crisis que se profundizaba por las limitaciones productivas, especialmente del sector estatal, hasta el presente no se conoce nada oficial sobre tal proceso, salvo que, dicen algunos analistas, se esté guardando una sorpresa para este último mes del año.
Un problema que según algunos analistas "cruza" las gestiones operativas para presentar una nueva Comibol, está centrado en la vigencia del sector de la minería "solidaria" que funciona al amparo de la doctrina cooperativa, pero en realidad se trata de varias unidades empresariales que carecen en su mayoría de planificación técnica apropiada y por lo mismo se trata de una minería "informal" aunque reconocida oficialmente, inclusive en una alianza política abiertamente definida.
A propósito del tema, el ex ministro de minería, Dionisio Garzón considera que, "la Comibol tiene que ser una empresa estatal productiva que oriente la minería del país y que debe abrirse a inversiones de terceros en caso de incapacidad técnica y brindar las garantías necesarias para las empresas privadas que tienen un enfoque comercial". El experto añade algo que se considera sustancial y es que "al igual que YPFB, la Comibol debe adquirir las herramientas y la fuerza necesaria para encarar un proceso productivo de magnitud y de gran escala a requerimiento del Estado", apunta Dionisio Garzón.
Esto último es algo que lo reiteran los expertos, se menciona con mucha frecuencia, pero lamentablemente sin encontrar una respuesta adecuada, puesto que no se define aún esa política de Estado que priorice también la concesión de los recursos suficientes para encarar un gigante plan de prospección y exploración de nuevos yacimientos. Por lo que se observa, el quid del asunto está en definir una política minera que comience aplicando la nueva ley y reestructurando la Comibol con un suficiente apoyo financiero.
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