domingo, 20 de diciembre de 2015

La minería en caída libre

Recientes noticias acerca del abandono de alrededor del 60% de la población del centro minero Porco, debido a las bajas cotizaciones de los minerales, y que se suman a otras similares conocidas en el último tiempo, debieran encender todas las alarmas. La desocupación en los distritos mineros y, consiguientemente, la emigración forzada, principalmente de cooperativistas mineros, por la imposibilidad de seguir produciendo con niveles mínimos de rentabilidad, se veía venir y fue advertido desde que en 2012 surgieron indicios de la inflexión en los precios de los minerales.



La crisis social que se incuba en las regiones mineras puede ser de proporciones. Recuérdese que en el pasado mes de julio hubo una masiva y prolongada protesta de organizaciones potosinas, con miles de cooperativistas volcados a la ciudad de La Paz, y que ya anunciaba la irrupción de conflictos sociales en el nuevo escenario económico.



El derrumbe de los precios

En el último año, el precio de los metales base (zinc, plomo, estaño) cae en un 27%, mientras que la caída del precio del oro y la plata promedia el 10%. Si se compara los últimos precios con los precios de hace 5 años, la caída es de casi 28%; siendo la más pronunciada la de la plata (47%). La dimensión del descenso de precios es todavía más impactante cuando se compara con los precios máximos (pico) del último quinquenio: 50% en promedio general; 70% en el precio de la plata; 57% en el precio del estaño.

Y si bien los precios de ahora son todavía más altos que los precios de mediados de los años 2000, cuando arranca la tendencia alcista de las materias primas, el problema es que paralelamente ha habido una trayectoria de incremento constante de los costos de producción en la minería, de tal forma que con el nivel actual de precios difícilmente hoy en día se puede hallar operaciones mineras rentables y con posibilidades de generar utilidades suficientes para emprender nuevas inversiones. Los datos de ingresos y utilidades de las empresas mineras así lo corroboran.



Menos exportaciones, utilidades e impuestos

El derrumbe de los precios arrastra a las exportaciones mineras. De acuerdo a datos oficiales, entre enero y septiembre de 2015, las exportaciones de minerales se han contraído de $us 3.015 millones a $us 2.180 millones (28% menos). Son cifras globales que incluyen las exportaciones de oro de dudosa procedencia -la existencia de un masivo contrabando de oro desde el Perú, es algo admitido en esferas oficiales-. De manera que si excluye el monto correspondiente al presunto contrabando de oro, y que podría ser equivalente al 35% del total de las exportaciones del sector minero, las pérdidas en el valor de las exportaciones mineras en los últimos dos años alcanzan proporciones enormes.

Por otro lado, es evidente que la capacidad de los actores productivos para generar ingresos fiscales ha mermado considerablemente; incluso en las empresas privadas con capital extranjero que conforman el sector que, de lejos, es el que más contribuye a la generación de la renta minera mediante el pago de impuestos y regalías.

Tanto en la Memoria de Impuestos Nacionales (2014) como en el ranking 2015 de la publicación Libre Empresa, se observa la importante caída en ingresos y utilidades de las principales cuatro empresas mineras privadas (San Cristóbal, Manquiri, Sichi Huayra y Pan American Silver), incluso Sinchi Huayra con pérdidas consecutivas; de ahí que todas hubiesen perdido posiciones entre las 250 empresas más grandes y las 100 con mayores pagos en impuestos. Pero no es todo. Ya que las bajas más fuertes de precios se registran en 2015, probablemente ello se refleje en ingresos empresariales mucho menores y, por tanto, en utilidades desfavorables en el presente año. El mayor perjuicio recae sobre las gobernaciones y municipios de Potosí, Oruro y en menor medida de La Paz, que tienen en las regalías mineras una fuente primordial de ingresos.



Pronósticos desalentadores

Los informes serios de organismos y expertos internacionales, apuntan a que la actual depresión de precios de las materias primas, y particularmente de los minerales, no es apenas una borrasca pasajera sino, en todo caso, un período más o menos prologando, y que los países productores deben afrontar la realidad de una recesión dolorosa.

Así, la investigadora de Harvard, Carmen Reinhart, advierte que si la desaceleración de China continúa (y hay muchos indicios en esa dirección) es muy probable que la crisis de los productos básicos se profundice porque ninguna otra economía tiene capacidad de reanimar la demanda mundial. Es más, se observa que hay factores que presionan a mantener elevados niveles de producción, como el ingreso de nuevos proyectos fruto de inversiones iniciadas en el momento del boom, y también por la tendencia de los gobiernos a contrarrestar la merma de ingresos fiscales aumentando el volumen de sus exportaciones, todo lo cual puede precipitar el continuado descenso de los precios y, por tanto, la dificultad de una recuperación a corto plazo.



¿La solución por el desastre?

Que la minería nacional necesita un tratamiento de cuidados intensivos, no quepa duda. La cuestión es quién puede administrar este tratamiento. El gobierno no demuestra capacidad de respuesta. Sea por indolencia, por incomprensión de los problemas económicos, sociales y políticos que acarrea el derrumbe de la minería o porque no se acierta en los remedios correctos, estamos ante una pasividad suicida. Las consecuencias son las operaciones que se paralizan o cierran, los proyectos aplazados, las inversiones que se esfuman, los empleos que desaparecen. Por si fuera poco, en el sector estatal hay empresas, como Huanuni, prácticamente quebradas y que apenas sobreviven adictas a los subsidios y la ayuda financiera del Estado.

La realidad de la minería no es muy distinta del sector hidrocarburífero, pero en este último hay el afán de remediar las cosas y atraer inversión extranjera, dejando de lado pruritos ideológicos, con un inusitado pragmatismo, al punto que se tramita una ley de incentivos a la inversión petrolera bajo una figura camuflada de reducción de impuestos. ¿Se pensará en hacer lo mismo en minería?

Recuérdese que Bolivia tiene el peor régimen impositivo minero del mundo, con regalías irracionales que castigan la producción en lugar de estimularla y con un nivel de impuestos a las utilidades muy por encima del que se aplica en toda la región; sin duda, obstáculos formidables a la inversión. La dificultad estriba en la oportunidad de corregir la política tributaria. Cuando las regiones reciben menos regalías, ajustar impuestos puede ser temerario. El gobierno, empeñado en la reelección presidencial, tal vez ni quiera intentarlo. Es la trampa del rentismo. Y también de la falta de una visión de política de desarrollo minero.

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