miércoles, 26 de noviembre de 2014

Áreas mineras se consideran zonas conflictivas

Caldeado. El mapa nacional de los negocios está tomando color de incendio. Una de las áreas más candentes es Aysén, por el megaproyecto eléctrico HidroAysén, rechazado por las autoridades ambientales. Otro área donde el conflicto está aflorando con fuerza es en las regiones mineras, desde Arica a Valparaíso; en los lugares donde se instalan termoeléctricas, como la bahía de Coronel, y las comunas con empresas salmoneras, como Los Lagos.

Así lo concluye el estudio sobre Valor Social Neto en Chile, realizado por la consultora Pullen & Dockendorff, de los expertos William Pullen y Marta Dockendorff. La investigación de año y medio, que contó con el patrocinio de la Sofofa, mapeó la relación de distintos proyectos e instalaciones empresariales con sus comunidades vecinas y el grado de aceptación o rechazo que estas le asignan.

El estudio midió 335 entidades -empresas e instalaciones productivas, organismos del Estado, gremios, ONG y organizaciones-, de 43 sectores económicos, medidos en la vecindad de sus operaciones o en la ciudad natal del servicio. En total fueron encuestadas telefónicamente 16.750 personas. La conclusión más perturbadora de la investigación es que las comunidades no valoran a las empresas en Chile. El Valor Social Neto -esto es, el aporte que la sociedad estima que entregan las compañías- es de solo 1,6 %. "Es decir, para las personas, el aporte de las empresas es cero", explican Dockendorff y Pullen.

Las personas encuestadas valoran el aporte de las firmas en términos de desarrollo económico y bienestar humano, por los productos y servicios que entregan, pero las evalúan muy mal, por las molestias que ocasionan, la falta de consideración y el estrés que generan, la falta de diálogo y el abuso, destacan los expertos.

En el caso de Promel, en Arica, los investigadores destacan que la ciudadanía no olvida uno de los mayores episodios de contaminación del país. Promel importó veinte mil toneladas de residuos tóxicos con plomo y arsénico y las depositó en Arica entre 1984 y 1989. Se supone que el material tóxico sería tratado para recuperar oro y plata. Pero Promel nunca lo hizo, y en 1993 abandonó los residuos. Dos años después se construyeron cinco villas para 12 mil personas.

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