Autoridades de Gobierno y dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) tras una prolongada reunión que se desarrolló en la víspera (jueves), alcanzaron un acuerdo preliminar, que evitará medidas de presión, pero al mismo tiempo permitirá una somera investigación de las condiciones en que se "formalizaron" varios contratos, algunos que estarían vulnerando la Constitución Política del Estado (CPE) y otros que no se consideran lesivos, pero deben ser adecuados a las normas legales que rigen para la explotación de recursos naturales, que son propiedad de los bolivianos.
El ministro de Gobierno Carlos Romero, ofició de portavoz de la comisión oficial para señalar que después de largo análisis "hay un reconocimiento colectivo en sentido de ajustar los contratos a la CPE y que no contrasten con las leyes". Se definió que una comisión mixta trabajará de inmediato en diferentes niveles para consensuar el texto del Art. 151 y otros que han sido objeto de severas observaciones en el frente gubernamental. Dirigentes de Fencomin, admiten su predisposición al diálogo y cooperarán en la investigación y tratamiento de cada uno de los contratos. Se abre un compás de espera en tranquilidad.
El curso que ha tomado el tratamiento de la Ley Minera puede deparar todavía muchas sorpresas a los sectores productivos de la minería, el caso de los inversionistas privados, mediados y pequeños, el importante sector estatal con miles de asalariados y el que mantiene un aparente conflicto sectario, el de los cooperativistas mineros que entraron en una tregua temporal.
No es ninguna exageración señalar que el Gobierno se ha visto obligado a tratar el caso "bajo la lupa", pues se trata de un sector de la minería que si bien no tiene poder por los volúmenes de su producción y su rentabilidad impositiva a favor del Estado o regiones, maneja su "empoderamiento" basando él mismo en la cantidad de sus afiliados, pero sobre todo en su compromiso político.
Entre las alternativas que han sido desnudadas al influjo de los hechos la comunidad ha conocido "de cerca" algunas situaciones favorables al sector de los también llamados "cuentapropistas" que gozan de algunos privilegios que todavía tratan de incrementarlos aprovechando la coyuntura actual.
Si el asunto se observa por el lado productivo ya se han conocido revelaciones del sector de los asalariados de la minería estatal, señalando que "bajo la doctrina cooperativa" se han organizado algunas empresas que subcontratan a jóvenes mineros a los que pagan condicionalmente, sin derechos sociales y sin auxilio de seguro de salud ni personal, menos familiar, desvirtuando de ese modo la característica de solidaridad y equidad que debe primar en el sistema cooperativo, como practican cooperativas de otros rubros.
Dirigentes de los mineros asalariados, rechazan que los cooperativistas trabajen "sin fines de lucro" y por tal condición no paguen impuestos y gocen de algunas ventajas que no se otorga a los otros sectores de la minería. Dicen que los cooperativistas son "empresarios" que perciben buenas utilidades, lo que les permite disfrutar de comodidades como vehículos propios de último modelo.
En otros niveles, analistas de la situación coinciden en señalar que, el último conflicto "destapó la olla" o según otros "se movió el avispero" y a raíz de ese fenómeno es que las mismas autoridades de gobierno se encargaron de ir sacando a luz ciertos privilegios que hacen felices a los cooperativistas y que por supuesto no se extienden al sector privado o al estatal, donde las exigencias son absolutamente claras, producir para generar salarios o perecer sin beneficios extras. Es una apreciación en extremo, pero casi real.
Entre conocerse más cosillas cooperativistas, está el hecho de que este sector minero subarrienda los yacimientos que les fueron concedidos a título de "ayuda social" para actividades "sin fines de lucro" y resulta que las autoridades de gobierno develaron que existen más de 40 contratos de algunas cooperativas con firmas privadas.
El Ministro de Gobierno se encargó de identificar a varias cooperativas que firmaron contratos con privados y que operan en yacimientos auríferos en el norte paceño. La transacción es simple, la cooperativa obtiene la concesión y entrega el "título" de la misma a un empresario privado que paga un buen porcentaje al titular de la concesión, este último no hace ninguna inversión, pero tampoco paga impuestos y se convierte en evasor, restando de manera abierta ingresos para el Estado. Hay otro ejemplo que fue expuesto de manera abierta por la autoridad gubernamental, al mencionar a una empresa asiática, sin revelar su razón social, afirmando que la misma, trabaja en una concesión de cooperativa minera, obtiene el 80% de utilidades, entrega el 19% a la cooperativa y pagan el 1 por ciento al Estado, sin mayores compromisos. Como este caso hay otros muchos, que se supone eran de conocimiento del ministro de minería y de la Comibol, que prefirieron "guardar un silencio cómplice", pero perjudicando seriamente la economía nacional y lo que es peor admitiendo la irregularidad.
Otra explicación sobre el daño que se produce con la extensión de contratos de las cooperativas a terceros privados, se aprecia en que de ser el Estado que convenga "el contrato", los ingresos que el país recibiría por la explotación de los recursos naturales estarían en el orden del 39 %, mientras que con la intermediación de la cooperativa sólo percibe el 1 %. El desglose del 39 % de tributo corresponde a varios tributos, el Impuesto a las Utilidades (IU), Régimen Complementario al valor Agregado (RC-IVA), Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el valor no contemplado de las regalías mineras que se distribuyen en las gobernaciones y municipios
Pero no es todo, el avispero genera más ruido y trae otros datos que por su interés vale la pena rescatarlos para tener un conocimiento más próximo de la realidad de nuestra minería, en la que están involucradas las cooperativas, que referencialmente el año 2006 tenían en su poder 2.254 cuadrículas para la explotación minera, equivalentes a 56.350 hectáreas. Un registro del año en curso, revela que ocho años después las cuadrículas concedidas al sector de las cooperativas se elevaron a 17.140 o sea 428.628 hectáreas, un incremento de concesiones del 500 por ciento, un beneficio directo para el sector.
La aclaración de "remache" de la autoridad gubernamental, enfatiza en recordar que la CPE establece que "los contratos que suscribe el Estado con un operador minero, (las cooperativas), tienen que cumplir una función económica social, ejercida directamente por sus titulares"…y pare de contar.
En todo caso un número más tiene que ver con el asunto y es que se habla de unos 150 mil cooperativistas, un peso significativo en materia política que es la otra cara de la medalla en el problema latente que obligará a decisiones extremas para alcanzar un balance ideal entre la legalidad de la CPE y la fuerza sectorial, en el año eleccionario.
Finalmente la posición de los cooperativistas, que aprovechando la circunstancia, de la discusión de un artículo en el texto de la Ley Minera, ahora maneja un pliego petitorio que incluye media docena de exigencias. Apropiado aquello de "en río revuelto, ganancia… extra".
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