Se pueden realizar trabajos en las "áreas protegidas" tras estudio previo.
El proyecto de Ley de Minería está concluido y si bien reconoce el derecho a la consulta previa a quienes pudieran verse afectados por la ejecución de una obra en el subsuelo, sus disposiciones anulan la validez de ese mecanismo. Por ejemplo, el artículo 184 establece que "las operaciones mineras que comprendan sólo prospección y exploración no requieren de consulta previa". Además, se establece que "el derecho a la consulta no otorga derecho de veto al emprendimiento minero".
Los dirigentes indígenas señalarno que no fueron consultados para la elaboración de esta norma y que recurrirán a todas las instancias legales, nacionales e internacionales, para hacer valer sus derechos.
Contenido. El proyecto de Ley de Minería comprende 214 artículos y cuatro disposiciones transitorias. Se espera que el documento sea presentado en los próximos días a consideración de la Asamblea Legislativa. El Título VI está dedicado a la consulta previa y el medio ambiente.
Se aclara que en caso de que se realice una consulta previa y no se logre un acuerdo con los afectados, "la última instancia de decisión es el Ministerio de Minería y Metalurgia en representación del Estado". La consulta sólo se aplicará a los nuevos proyectos y, en ningún caso, se procederá a realizar pagos "en dinero a los sujetos (...) ni a sus autoridades y/o dirigentes".
El proyecto, también, abre la posibilidad de realizar trabajos mineros "en áreas protegidas cuando un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA)" defina que no afecta el objetivo de protección del terreno.
LOS INDÍGENAS DEL TIERRAS ALTAS (CONAMAQ) SOSTENDRÁN UNA REUNIÓN ENTRE EL 18 Y EL 19 DE JULIO para analizar el proyecto de ley de minería que ya está concluido. El dirigente Saturnino Maraza dijo que se rechazará esta norma, debido a que el sector no participó en su elaboración y principalmente porque los deja indefensos ante cualquier proyecto minero.
Por su parte, el exejecutivo del Conamaq, Rafael Quispe, dijo que recurrirá al Tribunal Constitucional, en primera instancia, y en caso de que el Gobierno persista en su intención de aprobarla, buscarán la protección de los organismos internacionales.
214 artículos comprende la nueva Ley de Minería, que comprende además normas de participación de gobiernos locales.
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