En el caso de la minería boliviana hay que reconocer que los tiempos han cambiado y que algunas actitudes de muchos años atrás hoy no tienen ninguna vigencia, pues las experiencias vividas por los protagonistas, en este caso directamente los mineros, han dejado algunas enseñanzas que no deberían repetirse por lo dolorosa que resultó su asimilación.
Las minas explotadas en la Colonia y la época republicana favorecieron a ciertos poderes eventuales, producto de las coyunturas que en esos tiempos se daban y que respaldadas en fuerzas especiales marcaban las diferencias de orden social que un buen día tenían que acabar…y claro que sucedió el cambio pues las riquezas que se perdían en los grandes envíos de los propietarios mineros a los mercados de minerales se convertían en jugosas ganancias para aquellos y poco rendimiento efectivo para los que realmente sacaban minerales en condiciones poco humanas, además que eran nulos los beneficios para las regiones, pues entonces no regían impuestos y menos regalías.
Esos hechos que son parte de la realidad minera promueven una serie de reacciones imprecisas de los contemporáneos dirigentes y autoridades de los gobiernos de turno, que al hablar de minería formulan muchas promesas y lamentablemente no las cumplen, pues la ausencia de condiciones factibles para hacer de la minería un rubro de ingresos y beneficios seguros y comunes, resulta nada más que un discurso que se pierde en el aire y no toma cuerpo en la realidad perentoria de afirmar el futuro de la misma rodeando su ejecución de normas y garantías que hagan factible su desarrollo y su rentabilidad.
Muchas cosas han cambiado, por ejemplo en la nueva Constitución se incluyen regulaciones que tienen que ver con el "derecho propietario" de áreas mineras pues las condiciones emergentes de una nueva CPE ha generado dudas de orden general, cuando surge la cuestionante sobre ¿quién es propietario de las minas, los pueblos indígenas, los comunarios de un lugar, todos los bolivianos o el Estado? Algo más que se maneja en los discursos es lo relativo a la "consulta previa" a los pueblos, ¿es no es vinculante su aprobación? Según la CPE los pueblos originarios deben ser consultados, empero también afirma que la minería es un sector estratégico que debe ser manejado por el Estado, pero no resuelve con precisión cómo debe encararse este delicado asunto.
Por lo que se puede ver con claridad especial es que la falta de un nuevo código minero está postergando la posibilidad de encarar nuevos proyectos en minería, puesto que en tanto no se resuelvan las dudas existentes será muy difícil que empresarios, mineros o cooperativistas puedan encarar proyectos de exploración, ya que tendrán al frente la peligrosa posición de los comunarios, que se han vuelto avasalladores y por esa vía supuestamente defienden sus derechos.
Estas incongruencias, la falta de urgentes decisiones, la permisibilidad de algunos hechos que protagonizan los avasalladores en perjuicio de arrendatarios mineros y de trabajadores ponen en duda las posibilidades de acometer proyectos de cuantía en la productividad minera. Se necesitan soluciones claras, precisas, legales y seguras más allá de simples y constantes discursos.
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