Uno de los grandes problemas que confronta la minería boliviana, es que se carece de una normativa que delimite claramente las obligaciones y deberes de quiénes tienen que ver en inversiones, transferencia de tecnología, el proceso en sí de explotación y la perspectiva de industrializar esas materias primas en otra etapa interesante que bien planificada significará fuentes de empleo y mayores inversiones.
Hay algunas contradicciones en el actual proceso de tratamiento de proyectos mineros, pues mientras algunos sectores, incluyendo el estatal reconocen que las mayores inversiones mineras corresponden a empresas externas y que su producción es importante por volumen y calidad, además por garantizar un retorno seguro para beneficio del Erario Nacional y vía impuestos y las regalías favoreciendo al desarrollo de regiones, significa también seguridad en miles de empleos y su factor multiplicador en familias y en servicios colaterales, hay todavía sectores sindicales que insinúan o sugieren al Estado aumentar su presencia en la actividad minera.
El asunto observado, con el lente de imparcialidad y objetividad, por analistas y expertos, apunta a que se mantenga un equilibrio deseable entre la minería estatal, que por la presión laboral, es justamente la que sostiene miles de empleos, pero corriendo riesgos en la cobertura de responsabilidad social, particularmente si se produce baja en el precio de los minerales.
Una muestra objetiva de lo que significa la minería mediana privada está en las operaciones que realizan por ejemplo los inversionistas externos en las tres minas más rendidoras que se encuentran en la jurisdicción de Potosí, entre otras cosas el departamento que obtiene un millonario ingreso por concepto de regalías mineras.
El asunto es claro, San Cristóbal que administra la japonesa Sumitomo tiene una producción de por lo menos 600 mil toneladas anuales; el otro caso es San Vicente manejada por la canadiense Panamérican Silver produciendo un promedio de 900 toneladas métricas día de complejos de plata, cobre y zinc; en tanto que San Bartolomé produce media docena de lingotes de plata cada día con el respaldo de la norteamericana Coeur d’alene Mines Corp, cuya administradora nacional es la importante empresa Manquiri. En esos tres casos los trabajadores se opusieron y lo harían nuevamente si se dieran alternativas para una posible nacionalización. Igual actitud mostraron también los mineros de Porco, Bolívar e inclusive Colquiri dependientes de Sinchi Wayra, por tanto la política nacionalizadora, no es una buena opción, sabiendo que el Estado no está en condiciones aún de fortalecer a la Comibol, con la fuerza financiera capaz de encarar nacionalizaciones que significarán más perjuicios que beneficios y además, absolutamente seguro el pago de indeminizaciones.
Frente a ésta realidad, y de acuerdo a estudios efectuados por instituciones especializadas, se conviene en reconocer la importancia de la participación privada en la gran minería nacional, aún en el periodo presente cuando todavía no se dan las garantías que quisieran tener los inversionistas para mejorar el rendimiento de sus operaciones con beneficios comunes.
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