A 60 años de la nacionalización de las minas, los yacimientos más importantes del país continúan bajo el dominio de empresas privadas a causa de la debilidad del Estado, según especialistas y mineros asalariados.
“En los 60 años que pasaron desde la nacionalización no hubo crecimiento en la minería; tampoco hubo una verdadera nacionalización ya que los tres proyectos más grandes como San Cristóbal, San Bartolomé y San Vicente continúan en manos de empresas privadas”, manifestó el experto en el sector, Dionisio Garzón.
Siete meses después de la revolución del 9 de abril de 1952, el 31 de octubre, se decretó la nacionalización de las minas por el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro y el dominio de la producción minera que estaba en manos de los barones del estaño (Patiño, Hoschild y Aramayo) pasó al Estado.
Sin embargo, desde 1985 -recuerda Garzón- la minería, por los cambios de Gobierno, pasó de un manejo de corte liberal a otro nacionalista y viceversa. Hoy el manejo de la minería es resultado de “una mezcla entre un Estado que quiere hacerse fuerte y un sector empresarial que se resiste a dejar de ser actor”, señala Garzón.
San Cristóbal es operada por la japonesa Sumitomo y su producción se calcula en 600 mil toneladas anuales. San Vicente, en manos de la canadiense Panamerican Silver, produce 900 toneladas métricas brutas por día en complejos de cobre, plata y zinc.
San Bartolomé procesa por día entre seis y siete lingotes de plata y es administrada por Manquiri SA, subsidiaria de Coeur d’Alene Mines Corporation (EEUU).
Héctor Córdova, ex presidente de Comibol, argumenta que, “si bien la actual gestión de Gobierno plantea la reversión de las minas que aún están en manos privadas al Estado, eso sólo puede ser posible con el consentimiento y apoyo de los trabajadores”.
Pero en 2007, cuando el Gobierno propuso esa política, los trabajadores se opusieron pues alegaban que el Estado no tenía la suficiente capacidad para administrar esas operaciones.
“El Gobierno no tiene una política real para nacionalizar y reactivar la minería, las minas más importantes siguen con las transnacionales y se entrega todo a las cooperativas, que no reportan ingresos al país”, señala el dirigente de la Federación Sindical Única de Trabajadores Mineros de Bolivia, Freddy Sánchez.
Por su parte, el viceministro de Política Minera, Jorge Villca, resalta que la reversión de Colquiri y Mallku Khota es una muestra de la voluntad del Gobierno de avanzar en la reversión al Estado de toda la cadena minera. Además, “se está invirtiendo para darle un valor agregado a la producción con los proyectos de industrialización”, remarca la autoridad.
Según la Fundación Milenio, el ascenso en el volumen de la producción minera del país actualmente (datos a junio) depende de cuatro grandes unidades productivas: San Cristóbal, San Bartolomé, San Vicente y las minas de Sinchi Wayra, Porco, Bolívar y Colquiri.
Historia minera
Nacionalización El 31 de octubre de 1952, el presidente Víctor Paz Estenssoro firmó el decreto de nacionalización de las minas en el campo de María Barzola en Catavi, Potosí.
Comibol Se revertían al Estado los yacimientos e instalaciones de las tres empresas de los barones del estaño (Patiño, Hoschild y Aramayo) y, para su administración, se creó la Corporación Minera de Bolivia.
Operaciones Comibol inició su gestión con escaso capital y sufrió un alto costo de producción, lo que restaba competitividad a la exportación del estaño boliviano.
Sitial Antes de 1952, Bolivia era el segundo productor mundial de estaño.
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