Quién creyera que justamente en una instancia superior de la institucionalidad regional sudamericana como es el Parlamento Andino, surgió de manera explícita una recomendación para todos los países que realizan actividad productiva minera para que los mismos luchen de manera frontal contra lo que denominan la "minería ilegal".
Fue un evento que se cumplió al finalizar septiembre en Bogotá, la capital de Colombia, ciudad que alojó a representantes de países dedicados a la actividad minera en la región andina, el caso de Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú para analizar un temario que consignaba principalmente el trabajo de la minería como importante fuerza productiva en cada una de éstas naciones.
La iniciativa de considerar los problemas emergentes de la actividad minera que ocasiona una serie de problemas en varios países y principalmente en algunas ciudades, correspondió al Parlamento Andino como parte del organismo deliberativo de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que está integrada por los países andinos coincidentemente todos con algún conflicto emergente de la actividad minera.
Luego de varias deliberaciones y un intercambio abierto de las situaciones que confrontaron a pobladores de comunidades con mineros y en varios casos ambos contra los gobiernos, se detectaron motivaciones particularizadas y al mismo tiempo coincidente al ser parte de una "minería ilegal" que ha estado ocasionando distorsiones sobre el sentido de su desarrollo productivo.
El Parlamento Andino tomó conocimiento de las dificultades que se plantearon en varios países, con reacciones comunitarias respondiendo a movimientos en la defensa del medio ambiente, caso del Perú o el Ecuador, la posición de los sectores pero en otras instancias, reclamando el cumplimiento de normas en algunos casos incluidas en la Carta Magna de países, como por ejemplo la obligatoriedad de obtener "un permiso" antes de proceder a tareas de exploración de yacimientos con riquezas naturales. Esta situación ha sido causa de postergación de varios e importantes proyectos, poniendo en riesgo inversiones y alterando el ciclo de desarrollo de varias comunidades.
Muchos análisis permitieron detectar la existencia de una "minería ilegal" con planes sórdidos que sólo apuntan a interferir las actividades mineras, pero sin establecer proyectos alternativos que suplan o mejoren la estadísticas sobre la creación de fuentes de empleo y su condición social multiplicadora. También se identificaron algunos casos de otra "minería depredadora", que elimina las posibilidades de encarar un desarrollo sostenible a través de la minería.
Bajo esos y otros argumentos los delegados de los estados miembros de la CAN a través del Parlamento Andino convinieron en aprobar la recomendación 214 que consiste en una "Decisión Política Andina en Materia de Lucha contra la Minería Ilegal". Los gobiernos de la CAN fomentarán el diálogo entre naciones para conocer denuncias sobre la "minería ilegal", adoptando medidas concertadas para defender el transcurrir de una minería responsable y de beneficio colectivo.
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