La prohibición de comprar minerales provenientes de zonas invadidas o tomadas, que en algún momento instruyó el Servicio Nacional de Registro, Control y Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), palía los avasallamientos.
El principal objetivo de ese delito es poder adquirir ganancias saqueando el yacimiento y si no existe mercado no tiene sentido, explicó el responsable de esa dependencia del Ministerio de Minería y Metalurgia, Álvaro Herbas Blanco.
"Caso contrario los avasallamientos proliferan, si hacemos un mercado libre y todos pueden vender, es fácil avasallar porque sabemos que habrá compradores, pero si controlamos esa venta, ya va a ser difícil para los avasalladores el comercializar los minerales", expresó Herbas.
Indicó que hicieron una alianza estratégica con las comercializadoras para que ayuden en el control, exigiendo la legalidad, para que cada material que llegue tenga establecido su procedencia, cuente con su tornaguía si es de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), su concesión minera, su testimonio, su patente, para que se verifique la legalidad de ese mineral.
"Todas las comercializadoras están registradas en nuestra base de datos y nosotros les damos un código para que puedan operativizar en el sistema, en caso que tengamos alguna comercializadora que esté comprando mineral de alguna mina avasallada o mineral de dudosa procedencia podemos suspender el NIM (Número de Identificación Minera) hasta que aclaren la situación, ellos están conscientes y deben ayudarnos en el trabajo que estamos haciendo por el beneficio del país", expresó la autoridad minera.
Además se les advierte a las comercializadoras que estarían incurriendo en el delito de complicidad por haber adquirido ese material robado, siendo esta una medida coordinada con el Ministerio de Minería, con el fin de disminuir los avasallamientos que en los últimos años han sido más constantes.
En Oruro, dijo Herbas, existen alrededor de 53 comercializadoras que tienen una actividad regular, pero las más activas son 20.
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