lunes, 18 de junio de 2012

FEDECOMIN quiere legalizar el avasallamiento de Himalaya

La Federación Departamental de Cooperativistas Mineros (FENCOMIN) de La Paz pretende legalizar el avasallamiento de la mina Himalaya, conminando al gobierno a entregar oficialmente el centro al grupo Cerro Negro, que desde hace más de cuatro años explota ilegalmente ese yacimiento.

Ante este intento, el viernes 15 de junio, la Empresa Minera Himalaya en carta enviada al ministro de Minería, Mario Virreira, le recuerda que señala al ministro que “el pedido de FEDECOMIN es ilegal, inaceptable y que no puede ser considerado”, debido a que “la cooperativa “Cerro Negro” se extinguió en la década de los 80 con la caída internacional del Wólfram”

Además, por voto resolutivo del 5 de junio, FEDECOMIN intima al gobierno dándole 48 horas de plazo para la legalización de un avasallamiento, de acuerdo con el informe que divulga la Empresa Minera Himalaya.

En octubre del 2007, las actividades de la minera Himalaya fueron interrumpidas, con la toma violenta de la mina de wólfram por parte de los cooperativistas mineros. La minera privada tiene contrato de arrendamiento con la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).

“El contrato entre la cooperativa (Cerro Negro) y COMIBOL, cuya duración fue hasta 1989, no se renovó”, reconoce el voto resolutivo”, indica el informe de la minera.

La resolución de FEDECOMIN está suscrita por “Miguel Manuel Coñajam, Presidente del Consejo de Administración de FEDECOMIN, Javier Chávez Limachi, Tesorero; Bras Freddy Mamani, Secretario de Medio Ambiente; Gonzalo Pérez, Secretario de Vigilancia y otros seis miembros del directorio”.

En tanto que la minera Himalaya asegura que “a la fecha, no existe un solo documento legal que acredite el cumplimiento –de la supuesta cooperativa– de obligaciones tributarias, regalitarias ni de medio ambiente”.

Con estos antecedentes, la empresa pide “una exhaustiva investigación sobre la extinta cooperativa, sus representantes y asesores para determinar las responsabilidades tributarias, de regalías y obligaciones ambientales”, añade el informe.

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