La nueva ley de minería

Estamos a punto de concluir el mes de abril y todo hacía prever que el primer día de mayo, significativa fecha para los trabajadores en general, podía darse el estreno del instrumento que necesita nuestra minería para encarrilar su producción bajo normas regulatorias que la hagan más competitiva, más activa y naturalmente más abierta a las inversiones para alcanzar objetivos de alto rendimiento.

Varias autoridades del sector minero gubernamental hicieron muchos anuncios sobre el proyecto de la ley minera, tantos fueron los anuncios que se esperaba a finales del año pasado tener aprobada esa medida. Parece que algunas ideas especialmente en el sector estatal no coincidieron con planteamientos de los otros sectores como el de cooperativistas y el privado, lo que demoró la conciliación de criterios para aprobar el "código minero renovado" y pasó de enero a febrero y hasta el presente mes de abril, con una leve esperanza de que en mayo y en el Día del Trabajador se promulgue la ley minera.

A tres días de ese recordatorio que entre otras cosas traerá una reivindicación de los trabajadores en torno a sus deseos de vivir con mejores salarios para los mineros, que son la vanguardia del movimiento obrero, no habrá mayores novedades en lo que corresponde a normar su funcionalidad productiva.

Por lo que se sabe, no hay condiciones propicias para lograr acuerdos favorables para todos los sectores de la minería nacional, prevalecen los criterios que plantean los funcionarios de la minería estatal, queriendo dar mayores ventajas a ese sector y olvidando que la minería privada, chica y mediana, además del fuerte sector minero cooperativista, necesitan también de ciertos beneficios que garanticen sus operaciones, especialmente desde el punto de vista del respeto a la propiedad, las garantías para invertir y las condiciones más favorables de orden tributario que aseguren beneficios compartidos equitativamente en los departamentos, municipios y con el TGN, partiendo del principio de que los recursos naturales son de todos los bolivianos y su explotación merece tratamiento especial para que sus beneficios sirvan a todos

Quienes debaten actualmente el proyecto de esa ley deben estar convencidos que se trata de conciliar criterios y consensuar disposiciones en una ley que no establezca ventajas sectoriales sino que sea real y efectivamente un conjunto de normas válidas para impulsar, si se quiere, el rubro más importante de la generación de recursos económicos para el Erario Nacional y para todas las regiones donde se desarrollen operaciones mineras a partir de la generación de fuentes de empleo con factor multiplicador en ciertas economías regionales.

La minería representa principalmente inversiones, se añade tecnología y se esperan réditos a largo plazo, pero todo bajo un conjunto de disposiciones que atraigan y garanticen capitales y no los espanten con regulaciones fuera de la realidad.