martes, 15 de mayo de 2012

Gobierno pide a Jindal decidir si seguirá o no con el proyecto

El Gobierno le pidió a Jindal Steel Bolivia definir si continuará con la ejecución del contrato para explotar el yacimiento de hierro el Mutún, ubicado en la región de Puerto Suárez, o si abandonará el proyecto.

“Estamos esperando que la Jindal, de manera oficial, converse con las autoridades y exprese si tiene la intención o no de continuar con la ejecución del contrato”, dijo Juan Carlos Carrasco, director jurídico del Ministerio de Minería y miembro del directorio de la Empresa Siderúrgica del Mutún.

Explicó que en caso de que Jindal decida retirarse del proyecto, alegando dificultades, el contrato se disolvería. Empero, de continuar con el proyecto, la empresa tendría que entregar al Estado boliviano una póliza de garantía, la que reemplazará la boleta de garantía, documento que ya no puede ser renovado porque fue ejecutado.

El que Jindal decida continuar con el proyecto, según Carrasco, también dará lugar a que se suscriba el contrato de provisión de gas con YPFB. Ayer debía realizarse una reunión en la estatal petrolera para definir ese acuerdo, pero la reunión fue suspendida a pedido de la empresa de capitales indios.

A través de un comunicado, la compañía extranjera explicó que no puede negociar con Yacimientos el contrato de provisión de gas porque sus ejecutivos están siendo “presionados mediante la Fiscalía de La Paz por un supuesto incumplimiento de contrato”.

Hace dos semanas, el fiscal Aldo Ortiz inició una investigación de oficio porque presuntamente Jindal no invirtió en el proyecto Mutún 600 millones de dólares hasta el 1 de abril de este año. El proceso está en curso e involucra a una veintena de personas.

En su comunicado, la empresa también alega la “imposibilidad de iniciar ninguna negociación” porque hasta el momento tampoco se resolvió el conflicto por la ejecución de la boleta de garantía de 18 millones de dólares.

Carrasco reiteró que la empresa siderúrgica hará todos los esfuerzos para que el proyecto continúe, pero que depende de dos actores. “Entonces necesitamos saber qué es lo que va a ocurrir con el contrato a partir de la decisión que tome la Jindal”, dijo.

Recordó que en ese afán, el directorio al que representa instruyó que se renueve la vigencia de la boleta por 90 días, plazo en el que también debían resolverse otros problemas como la realización de las auditorías.

Datos del proyecto
Acuerdo Hace cinco años que el Estado boliviano y la empresa Jindal Steel Bolivia suscribieron el contrato de riesgo compartido para la explotación del yacimiento de hierro del Mutún, ubicado en la región oriental de Puerto Suárez.


Inversión Jindal se comprometió a invertir 2.100 millones de dólares en dos etapas; la primera, de 1.500 millones en un plazo de cinco años, y la segunda etapa, del quinto al octavo año, los restantes 600 millones. Sin embargo, se le acusa de incumplimiento.



Fiscal elabora cronograma
El fiscal Aldo Ortiz informó que el presidente de Jindal Steel Bolivia, Vikrant Gujral, será citado a declarar la próxima semana, así como otros ejecutivos de esa compañía y de la Empresa Siderúrgica del Mutún, que fueron convocados en calidad de testigos o investigados.

Reiteró que la Fiscalía inició de oficio esta investigación porque se presume que la empresa de capitales indios no invirtió los 600 millones de dólares que se había previsto hasta el 1 de abril de este año.

Explicó que las indagaciones no tienen ningún afán de persecución y encarcelamiento, como lo dijo la empresa. Agregó que dependiendo de los argumentos se determinará si existe o no fundamentos para iniciar un proceso judicial.

Gujral fue citado hace dos semanas, pero pidió que la declaración sea suspendida porque alegó que estaba en negociaciones con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos para la provisión de gas.

“No queremos que se diga que se está perjudicando las negociaciones o que en su caso se tenga otra suspensión entendiendo que podían tener alguna reunión”, dijo Ortiz, quien explicó que las declaraciones serán reprogramadas para la próxima semana.

Dentro de la investigación, el fiscal requirió documentación sobre el contrato, las adendas que se pudieron realizar y las auditorías efectuadas.

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