El Gobierno prevé que cuando sea aprobada la nueva Ley Minera se detendrán los avasallamientos de minas, puesto que éstas serán de propiedad estatal y se podrá intervenir de forma directa cualquier intento de toma.
“Cuando se apruebe la ley vamos a tener un mecanismo directo de intervención del Estado porque todas las concesiones van a ser del Estado, ya no serán concesiones privadas; por tanto, el que ocupe estará avasallando al Estado”, afirmó ayer el viceministro de Desarrollo Productivo Minero, Freddy Beltrán.
La autoridad alegó que hoy en día tienen que ser las empresas privadas las que denuncian ante la Fiscalía y siguen el proceso, mientras que “con la ley será el Estado el avasallado y tendrá que tomar medidas a tiempo y de manera directa”.
La madrugada del jueves, alrededor de 300 mineros de Oruro tomaron de forma violenta los predios de Sayaquira, en la provincia Inquisivi, un yacimiento operado por la empresa Barrosquira y que es avasallado por tercera vez desde 2011.
Página Siete cuestionó a Beltrán sobre las medidas que se toman para evitar más ocupaciones ilegales de minas que actualmente son propiedad de empresas privadas; el funcionario argumentó que la actual ley tipifica los avasallamientos en el rango de ocupación ilegal, robo y/o apropiación ilegal de bienes privados y públicos.
“El problema es que los juicios a veces tardan mucho en llegar a una sentencia, pero tenemos mecanismos legales para hacer respetar la ley”, justificó.
Ayer, un contingente policial se hizo presente en la mina y logró detener a ocho supuestos líderes de la ocupación, quienes fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y que ahora deberán defenderse de la demanda por allanamiento, asociación delictiva y robo agravado interpuesta por la compañía Barrosquira.
A principios de este año, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y la Federación de Cooperativistas Mineros de Bolivia informaron que al menos 80 minas fueron tomadas ilegalmente desde hace más de tres años por comunarios y cooperativas en formación.
La nueva ley establecerá un organismo parecido a una superintendencia, que supervisará todos los lugares donde se realicen actividades de minería.
“En la ley hay todo un capítulo que habla de la legislación minera específica”, explicó Beltrán, quien arguye que las ocupaciones aumentaron por el alza en el precio de los minerales.
Proceso judicial
Juicios Según el viceministro de Desarrollo Productivo Minero, Freddy Beltrán, hay varios procesos judiciales a consecuencia de los avasallamientos de minas.
Fencomin La entidad aclaró que quienes participaron de la toma de Sayaquira no pertenecen a la Federación de Cooperativas. Se conoce que en la toma participaron integrantes de la ex cooperativa Progreso, de Huanuni.
Tomas El año pasado fueron tomadas las minas Sayaquira, Lipichi, Puerta del Sol, Laramcota, Himalaya, Caracoles, Porco, Colquiri, Amayapampa y otras más por los comunarios y cooperativistas.
Familias de mineros piden garantías
Las esposas de los mineros heridos en la toma violenta de la mina Sayaquira, la madrugada del jueves, piden garantías de seguridad para las familias de los trabajadores del yacimiento contratados por la empresa Barrosquira.
“Pedimos garantías, siempre hemos sido amenazados por estos avasalladores y por eso queremos denunciarlos. Siempre nos están amenazando y si no amenazan a nuestros esposos, nos amenazan a nosotras o a nuestros hijos”, dijo a la red Unitel la esposa de un minero que resultó herido en la toma ilegal.
Declaró que cuando salen de sus casas reciben advertencias de que serán golpeadas o agredidas de alguna forma. “El año pasado dijeron que le iban a asaltar (a mi esposo), lo han asaltado, lo han pegado. Ahora nos dijeron que nos iban a quitar nuestras cosas y lo han hecho”.
Los familiares de los trabajadores que fueron tomados como rehenes intentaron persuadir a los avasalladores el jueves por la noche para que soltaran a un minero, “pero ellos dicen: no vamos a soltar, lo vamos a pegar”.
Los familias de los trabajadores de Barrosquira temen que aún sus hijos sean interceptados por la gente que amenaza con tomar la mina, cuando vayan a la escuela o salgan de casa.
“Todo lo que han dicho que iban a hacer han cumplido, por eso pedimos garantías”, dijo la denunciante a Unitel.
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