El Gobierno ha decidido impulsar los Contratos Especiales de Operación del Litio (Ceol) para aumentar la producción nacional de este metal, restringida hasta ahora por su condición de mineral estratégico, y por ende, no sujeto de concesiones, como ocurre con la inmensa mayoría de la minería nacional.
Al optar por esta vía administrativa y no por la modificación de su estatus estratégico a través de la tramitación de una ley, se busca incrementar con rapidez la producción, dada la acelerada competencia desde otros países. Esta deseable premura no debe, sin embargo, anular la necesaria búsqueda de un amplio apoyo que otorgue bases estables para el desarrollo de la industria del litio en Chile. La minería es una actividad de largo plazo, por lo que la legitimidad política resulta imprescindible.
Tomando en cuenta las particularidades del litio en nuestro país, el gobierno tiene una oportunidad única para establecer un marco integral y coherente para una industria en ascenso en el mundo, a través de un nuevo comienzo, que ampliamente respaldado, permita aprovechar las ventajas y oportunidades que tiene el país.
Para ello, resulta necesario abordar aspectos como el del Salar de Atacama, donde dos compañías han venido explotando recursos de litio gracias a contratos directos con Corfo. Este Salar da cuenta del 80 % de las reservas nacionales, por lo que siendo valorables los Ceol para generar mayor competencia y opciones, éstos sólo se harán cargo del 20% de las reservas nacionales. Es tal la calidad y cantidad del recurso minero en este Salar, que sería impensable plantear una política general a través de los Ceol, sin considerar el impacto de la situación del Salar de Atacama. Es por tanto deseable que Corfo, a través de los contratos tanto con SQM como con SCL, asegure que la renta obtenida es consistente con los niveles que se alcanzarán con los Ceol, y que estos actores hoy dominantes, seguirán participando del mercado del litio, pero sin afectar la capacidad de competencia de los nuevos actores que se pretende atraer con los Ceol.
Un segundo aspecto es plantearse seriamente la posibilidad de desarrollar tecnológicamente a esta industria. No se trata de aspirar a competir hoy en la sofisticada manufactura de baterías de litio, pero sí de establecer dentro de las bases de los Ceol, mecanismos que permitan que las grandes corporaciones interesadas en el recurso aporten tecnología que permita, inicialmente, la producción de productos distintos del carbonato de litio, que es una de las formas más básicas en la cadena de valor de esta industria.
Por último, será necesario reforzar las evaluaciones medioambientales en la explotación minera en los salares, con el fin de asegurar el equilibrio en estas especiales masas geológicas.
La situación actual del litio en Chile está lejos de ser positiva. También se critica una eventual privatización del recurso, pero dos compañías privadas han explotado durante décadas el recurso al margen del sistema general que rige al sector minero. Conviene, entonces, entender este paso de los Ceol como el inicio de un camino que apunte a encontrar amplias coincidencias nacionales a través de un sistema institucional más amplio y abierto a la competencia y, por tanto, en beneficio de los intereses nacionales.
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