En medio del hermetismo, la empresa Jindal Steel, de la India, se encuentra a la espera de la determinación de la Corte de Arbitraje de París, respecto a la demanda contra el Estado boliviano, por haber ejecutado en 2010 una boleta de garantía de 18 millones de dólares por la explotación de un megayacimiento de hierro.
En un comunicado oficial difundido el 23 de diciembre pasado, la siderúrgica Jindal informó que presentó una demanda arbitral contra Bolivia en la Corte de Arbitraje de París, por la decisión boliviana de ejecutar en 2010 una boleta de garantía de 18 millones de dólares por la explotación del yacimiento de hierro.
En el documento la empresa explicó que recurrió a la Corte de París, “al haber agotado las fases conciliatorias, previas al arbitraje según lo convenido”.
“Jindal inició ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París una demanda arbitral en derecho, relativa a la ejecución de las boletas de garantía bancaria, media que fue considerada injusta.
Según la administración de la Jindal, el incumplimiento estaba ligado a que el gobierno no podía asegurar la provisión de gas natural para explotar el cerro Mutún -de 4 a 6 millones de m3 diarios- una cantidad que Bolivia aún no puede garantizar por falta de inversiones estatales”, señala el comunicado de prensa.
El Diario intentó comunicarse con el gerente general de la Jindal en Bolivia Jaime Valencia, empero desde el Departamento Legal de la compañía se informó que no se realizarán declaraciones a la prensa sobre este particular y que la posición de los empresarios indios ya fue dada a conocer en el comunicado de prensa difundido en diciembre pasado.
Según la información la empresa siderúrgica Jindal Steel and Power se adjudicó en 2007 la explotación de hierro en el cerro Mutún, en el departamento de Santa Cruz, para explotar unos 20.000 millones de toneladas de hierro, con la promesa de invertir en los primeros 10 años 2.100 millones de dólares.
En una primera fase Jindal debía invertir unos 600 millones de dólares, pero sólo lo hizo en un monto aproximado del 2%, por lo que el gobierno boliviano cobró en abril de 2010 una boleta de garantía de 18 millones de dólares.
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