La mina Sayaquira, administrada por la Empresa Barrosquira, ha sido ocupada violentamente por campesinos de la región próxima a la operación que se encuentra en la provincia Inquisivi de La Paz. La operación se produjo en la madrugada del martes pasado, con abundante uso de dinamita y la invasión en la propiedad privada de los trabajadores mineros que a esa hora todavía descansaban en sus humildes viviendas.
La ilegal e irresponsable arremetida de comunarios agricultores que quieren volverse mineros, inclusive por los signos de violencia ocasionó el desbande de un contingente policial que huyo despavorido dejando sin protección a un centenar de mineros y sus familiares, una mayoría de trabajadores que viven en esa mina entre 20, 15 y hasta más años de antigüedad y que ahora aparecen prácticamente despojados de sus bienes y sin trabajo.
Uno de los abogados denunció que los avasallamientos que sufre la empresa Barrosquira datan de años anteriores y que hasta la fecha ninguna autoridad ha puesto remedio a tan arbitrarias actitudes de comunarios "originarios" y en algún caso de cooperativistas desocupados. La denuncia refiere también que en este último caso, en la mina Sayaquira, lo que sucede es un asalto violento a la propiedad privada, con destrucción de viviendas, robo de enseres y asalto a la propiedad de los mineros y de la empresa con graves pérdidas económicas y lo peor con mucha gente que ha sido despojada hasta de sus viviendas.
Los avasallamientos persisten, la causa sigue siendo la misma, el deseo de campesinos inactivos por convertirse en mineros amparados en una normativa sin reglamento que implícitamente abre el camino del delito de ocupación indebida de la propiedad privada.
Es otro funesto antecedente para la imagen del país especialmente en el tema de la minería que pierde seriedad y seguridad para impulsar nuevos proyectos. Lo grave del asunto es el anuncio de los mineros avasallados que determinaron retornar a la mina y recuperar su propiedad, lo que significa que puede existir un funesto enfrentamiento si antes las autoridades pertinentes, y las de minería entre esas, no resuelven el problema en el marco de las leyes y el respeto a la propiedad, además de reforzar la unidad policial del sector.
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