La minería es en realidad una actividad de muchos riesgos, desde la decisión de un empresario de hacer minería sin saber exactamente los resultados que podrá obtener de su inversión, pues si no hay estudios o prospección segura la minería puede ser "esquiva", eso para empezar.
En el caso de efectuar el emprendimiento son muchos los factores que ponen en riesgo permanente a los trabajadores, los profesionales y por supuesto los empresarios, dadas las condiciones de laboreo cuando las operaciones se producen generalmente en los socavones, donde no siempre se cuenta con las seguridades para conjurar cualquier problema, accidente o emergencia natural que altere el laboreo cotidiano.
Hay riesgo para los inversionistas cuando los precios internacionales bajan por la presión de los grandes mercados internacionales, que regulan –a su gusto– la compra y venta de minerales. De un tiempo de bonanza puede pasarse en un mínimo tiempo al desastre financiero soportando las contingencias del caso que coyunturalmente pueden ser de corto o largo periodo.
Los riesgos "sociales" aparecen en el último tiempo como resultado de algunas acciones políticas que han permitido a "comunarios originarios" incursionar en la ilegal actividad del avasallamiento, que consiste en la ocupación "por la fuerza" de concesiones mineras, afectando la propiedad privada, alterando los planes de trabajo, incautándose maquinaria, herramientas y reservas de mineral a título de "derechos reconocidos en la CPE", aunque en verdad se trata de una mala interpretación de la normativa original del derecho sobre tierra y territorio y el uso del suelo y el subsuelo, donde yacen las reservas de recursos naturales como gas, petróleo y los minerales, pero riesgo al fin.
Es también un riesgo invertir y aparecer en cualquier momento como víctima de un "movimiento político" que puede llamarse, reversión, estatización o dentro el molde más común, nacionalización, lo que liquida derechos y pone el proyecto en el otro lado de la cancha, generalmente con otros "jugadores".
De manera general el riesgo mayor en la minería tiene que ver con las condiciones de trabajo, señalando los propios protagonistas de la actividad que en nuestro país el trabajo en las minas de la empresa privada ofrecen mayores seguridades y garantías para cuidar el material humano, principal factor de la producción minera, lo que no siempre sucede en las minas estatales, donde los trabajos rudimentarios ponen en latente peligro la seguridad de los mineros, carentes además de la obligatoria "seguridad industrial" e inclusive la "seguridad ambiental", que es mejor controlada en el sector privado y no del mismo modo en la minería estatal y cooperativizada.
Bajo esos parámetros se espera –en breve– una nueva Ley Minera que reemplazará al Código Minero que establecerá ciertas normas que favorezcan a los actores directos de la minería, a los inversionistas y los profesionales, a los trabajadores y sus familiares es decir al conjunto de un conglomerado de personas que con mucho sacrificio hacen posible el desarrollo de la minería nacional, aún sopesando el mayor riesgo que constituye la falta de apoyo financiero para mejorar los índices productivos creando más fuentes de empleo y mayores perspectivas de desarrollo.
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