El Gobierno peruano promulgó ayer cinco leyes, entre ellas la revocatoria de una concesión a una minera canadiense, de cara a atender los reclamos de las violentas protestas en Puno (sureste) donde murieron cinco personas el viernes.
Las leyes fueron publicadas en la gaceta oficial El Peruano y recogen en lo esencial los reclamos de los manifestantes aymaras de Puno, en la frontera con Bolivia, y de campesinos quechuas al norte de esa región peruana.
Una de las leyes suspende la concesión a la minera canadiense Bear Creek, que solicitó autorización para adquirir siete derechos mineros en la zona de frontera con Bolivia. La primer ministro, Rosario Fernández, dijo que estas nuevas normas atienden las demandas antimineras de la población de Puno, en declaraciones citadas por la agencia estatal Andina.
El Gobierno también anunció la prohibición de actividades mineras informales en el norte de Puno, en Azángaro, donde la extracción de oro contamina los ríos y afecta los cultivos de los campesinos del lugar. Las nuevas leyes contemplan la suspensión de la admisión de petitorios mineros en todo Puno por un plazo de 36 meses.
La protesta, que se inició a fines de mayo, se tiñó de sangre el viernes recién pasado cuando cinco campesinos murieron y 30 quedaron heridos debido a que la Policía disparó contra más de un millar de manifestantes que intentaron tomar a la fuerza el aeropuerto de Juliaca.
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