En los últimos años no hubo inversión del sector privado en la minería, la causa sería porque el Estado no brinda la seguridad para los empresarios, por lo que demandan al Gobierno que en la futura Ley Minera puedan garantizar el financiamiento extranjero de más de 2 mil millones de dólares anuales, que requiere el sector, manifestó el presidente de la Cámara Nacional de Minería (Canalmin), Saturnino Ramos.
“Por ejemplo, San Cristóbal ha ingresado a una exploración gigante, con una tecnología de punta y para ello inició con un arranque de más de 600 millones de dólares, por lo que estimo que tiene que destinar sólo para la exploración mínimo cada año 2 mil millones de dólares y dar cobertura al sector privado”, explicó Ramos.
SEGURIDAD JURÍDICA
Una de las propuestas que plantea la Canalmin, en el proyecto minero, es que para atraer inversión privada y motivar la expansión de trabajos productivos, el Estado debe establecer seguridad jurídica para los empresarios privados.
Según la propuesta, la ausencia de seguridad determinaría el colapso de la operación, la reducción de la productividad entre otros factores negativos.
El presidente de la Cámara Nacional de Minería, remarcó que en estos momentos el país no está garantizando la inversión privada y por ende existen problemas como el avasallamiento de tierras por los comunarios.
“El sector privado está un poco asustado porque no hay seguridad jurídica, hay avasallamiento, no hay garantías para la inversión, entonces estas ideas han ahuyentado al emprendedor minero, pero como les digo la esperanza de quienes operamos la minería es que en la Ley Minera se den los marcos definitivos de la explotación y exploración”, sostuvo.
Según Ramos, este problema se suscitó desde que se declaró reservas fiscales a todo el territorio boliviano. “Casi desde el 2005 - 2006 no existe inversión privada en la minería”, puntualizó.
El proyecto de la Ley Minera que está siendo revisado por el Ministerio del ramo para posteriormente ser socializado con los sectores involucrados como los cooperativistas, trabajadores mineros, determinará los principios de los nuevos contratos mineros, la consulta popular a las comunidades, el tema de medioambiente, derechos laborales y sociales las tributaciones entre otros aspectos.
DERECHOS PRECONSTITUIDOS
Por otro lado, Ramos enfatizó que en el proyecto de Ley en mención también exigirán la permanencia de los derechos preconstituidos y que el tratamiento sea el mismo que se tiene con los cooperativistas.
“Los mineros estamos pidiendo los derechos preconstituidos, porque también cumplimos una función social”, reiteró.
Sostuvo que para el sector privado minero los riesgos son grandes, porque es una industria bastante aleatoria.
“El Estado está haciendo inversión en Coro Coro, Vinto, pero la minería no es de un día para otro es de mediano y largo plazo, es una actividad con bastante riesgo. Ahora estamos con buena cotización, es el momento de aprovechar porque después los proyectos no van”, agregó.
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