lunes, 18 de octubre de 2010

El Estado regulariza en todo el país la explotación de oro

ntervención: Según el Ministerio de Minería, las FFAA estiman en $us 400 millones las operaciones mineras clandestinas.

El Deber.- El Gobierno, desde hace algunos meses, a través de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), realizó acciones en los departamentos de Beni, Pando, el norte de La Paz y últimamente centró su intervención en la región de Santa Cruz, en la zona de la Chiquitania, para controlar la explotación ilegal de oro tanto por ciudadanos bolivianos como extranjeros.

Estos operativos se iniciaron en momentos en que la cotización del oro logró precios récords. Por ejemplo, el viernes, la onza troy (31,1 gramos) se cotizó en 1.365,5 dólares en el mercado de Londres y en 1.372,1 dólares en el mercado de la ciudad de Nueva York.

Con este panorama, mucha gente, especialmente ciudadanos brasileños, se concentró en los lugares donde hay oro en el territorio nacional, cuyas actividades no siguieron los trámites correspondientes ante los órganos competentes e incluso no se respetaron las normas de medio ambiente que se exigen para las operaciones mineras.

Según el ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, no hay una cuantificación oficial del daño económico ocasionado al Estado, precisamente porque las operaciones son clandestinas; sin embargo, mencionó que las Fuerzas Armadas (FFAA) tienen calculado que este perjuicio alcanza alrededor de los 400 millones de dólares. “La ilegalidad tiene varias facetas: uno, que no tenga la concesión; dos, que haya explotación sin ficha ambiental; tres, que no tenga la consulta pública y, por último, que no haya pagado los tributos que exige la ley minera”, apuntó Pimentel.

De acuerdo con esta autoridad gubernamental, la única explotación minera legal es la de la empresa Paitití, con la mina Don Mario, en el departamento cruceño, aunque también el director general de Desarrollo Productivo Minero-Metalúrgico, Freddy Beltrán, añadió que la empresa Inti Raymi en Oruro, en Coricollo y en Corichaca, es un proyecto que funciona desde hace años legalmente.

Con relación a las acciones emprendidas en los ríos Madre de Dios y Orthon, en Pando; río Beni, en Beni, y Suches, en el norte de La Paz, frontera con Perú, Beltrán dijo que, de forma conjunta con las Fuerzas Armadas, se efectuó una inspección y una intervención directa para obligar a que todos los que estaban explotando la riqueza aurífera cumplan con las normas estatales y se legalicen. Aparte de ello, también se expulsó a brasileños indocumentados que habían ingresado a explotar el oro nacional.

En el río Madre de Dios, dijo Beltrán, los balseros se asociaron y formaron una cooperativa, la que se encuentra en trámites de la autorización correspondiente ante el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), con el fin de que comiencen a pagar correspondientes las regalías de ley.

Mientras, en Suches, afirmó Beltrán, se formaron dos decenas de cooperativas, las que se encuentran en la fase final para obtener su licencia ambiental y su inscripción en el Senarecom.

De igual forma, los operativos del Gobierno llegaron al cerro San Simón (Beni), donde hace muchos años, pero especialmente en los anteriores tres, brasileños y bolivianos sacaban oro sin cumplir con las leyes del país.

En Santa Cruz, en zonas chiquitanas de San Ramón, San Javier y Concepción, un contingente del Ejército, fiscales, funcionarios de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), Comibol, Sergeotecmin y Migración siguen operando desde el 6 de octubre.

El director ejecutivo de la Autoridad Jurisdiccional Minera, Henri Zeballos, informó que en las anteriores inspecciones realizadas en la localidad cruceña de Concepción, en el ingenio minero del ciudadano brasileño Elpidio Almansio Lima, había una intensa actividad minera con siete molinos, donde se extraían tres kilos de oro por día, sin que tenga ficha ambiental ni el pago de regalías.

También, en la propiedad La Luna, en San Javier, se verificó que hay 27 excavaciones de tierra con perforaciones profundas y un grave daño ambiental que puede traer serias consecuencias para la actividad agrícola, apuntó Zeballos; los dueños, de nacionalidad brasileña, huyeron.

Pimentel dijo que este año la Empresa Boliviana de Oro (EBO), que está bajo el mando de la Comibol, va a empezar a comprar oro con un capital de arranque de 2,5 millones de dólares.

A su vez, el presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Hugo Miranda, adelantó que para el año próximo se dispondrá de un presupuesto de 10 millones de dólares para actividades de exploración aurífera, con el fin de ubicar los lugares donde hay reservas de este metal.

“Las regalías no nos beneficiaron”

Daniel Saucedo Cuéllar, presidente de la OBT Santa Rosa de la Mina, dice:

—¿Cómo ha visto las acciones del Gobierno para frenar la explotación de oro de forma ilegal, especialmente por parte de ciudadanos brasileños?

—Para mí está bien, porque son personas extranjeras que vienen a explotar nuestros recursos naturales que nos pertenecen. Nosotros podemos beneficiarnos de esa riqueza.

—¿Recibió alguna regalía durante todos estos años de explotación aurífera el pueblo de Santa Rosa de la Mina?

—Por propia iniciativa nunca hubo una ayuda a este pueblo por parte de nacionales y brasileños. En 2008 nos movilizamos hasta los lugares de explotación minera y les exigimos a los dragueros que hagan una contribución económica para hacer algunas obras. Entregaron algunos aportes, pero después hubo algunas discrepancias entre los mismos pobladores y, para evitar peleas y divisiones de la gente, se decidió no cobrarles nada. El agente cantonal entregó el dinero al pueblo, 58.000 bolivianos, que se depositó en la Cooperativa Sudamérica, que poco tiempo después quebró, y ahí está ese dinero sin que se pueda recuperar.

—Es decir, pese a toda esa riqueza aurífera ¿hasta ahora Santa Rosa de la Mina no se ha beneficiado con ninguna obra de las regalías mineras?

—No, no hay, no podemos decir que hemos tenido un beneficio. Solamente ese dinero que nos dieron, pero que está como perdido porque un abogado que consultamos dijo que puede recuperarlo de la Cooperativa Sudamérica pero quería la mitad, y eso no es justo.

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