En el primer año de gobierno, ante la presión de la Central Obrera Boliviana (COB), que exigía la eliminación del "superestado minero", Paz Estenssoro estableció el monopolio del Estado para la exportación de minerales, designando al Banco Minero como responsable de esa función.
Por ello, el 31 de octubre de 1952, fue firmado el Decreto de Nacionalización de las Minas, por el que se revirtieron al Estado los yacimientos e instalaciones de las empresas de Patiño, Hochschild y Aramayo.Al mismo tiempo, se creó la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), empresa destinada a explotar y administrar las minas estatales. La COB obtuvo el control obrero con derecho a veto. Sin embargo, no logró impedir que las empresas fuera indemnizadas.
El ex dirigente minero Edgar Ramírez sostiene que, "ese es el primer hito en el que me apoyo para sostener que la voluntad de nacionalizar las minas no era una decisión meditada, ni parte del programa de Gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).
Más bien era algo sujeto a las presiones de la situación política. La Nacionalización de las Minas estaba en disputa antes de realizarla. En realidad, esta conquista no está en el programa del MNR. Ellos hablaban de incrementar las obligaciones impositivas al Estado; un aumento general de sueldos y salarios y nada más. La Nacionalización surge del proceso insurreccional que se desata en el país".
Para muchos analistas el levantamiento del ’52 fue motivada por el ímpetu que asumieron los trabajadores mineros (calificados como la vanguardia del proletariado boliviano), que siguieron los pasos que resolvieron en la "Tésis de Pulacayo" (noviembre de 1946) donde planteó la nacionalización de los centros mineros, esa vez en manos de Patiño, Hochschild y Aramayo
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