La minería es uno de los más sensibles sistemas de producción allí donde se ejecutan proyectos, que casi siempre están bajo las circunstancias variables de precios internacionales manejados por poderosos intereses continentales, que puede impulsar el ascenso temporal de valores o empujar hacia abajo las cotizaciones para controlar sus propias economías.
Países como el nuestro están sujetos a tales variantes que se presentan en los mercados internacionales, donde lo menos que se hace es pensar en la situación de los países “meramente productores”.
En el caso boliviano, fuera de los peligros y perjuicios provenientes del juego de valores en las pizarras de Londres o Nueva York, hay otros síntomas internos que afectan a nuestra minería y son las condiciones de inestabilidad que se producen con atentados directos a la propiedad privada, a la del Estado y a los derechos laborales ahora se tipifican tales actos ilegales sólo como “avasallamientos” o con una variante sencilla de “movimientos sociales”.
Los hechos registrados en el último tiempo muestran que varias minas ilegalmente ocupadas no han sido restituidas a sus directos responsables, son los comunarios de poblaciones aledañas a operaciones mineras que al no tener condiciones apropiadas para cumplir adecuadamente sus tareas productivas agrícolas y ganaderas optan por la vía más sencilla de ocupar las minas y convertirse en mineros o en otros casos recoger el ejemplo de los bloqueos para interrumpir violentamente otras operaciones mineras, con perjuicios para centenares de familias y miles de personas que dependen de esas labores.
El hecho es que en la nueva Carta Magna se consigna un derecho permisible, pero mal interpretado, sobre la propiedad de la tierra y territorio sin considerar el caso del suelo y el subsuelo y la prioridad de exploración y explotación de nuestros recursos naturales.
Cada oportunidad que tenemos para tratar el tema nos permitimos recordar una justa reacción del Primer Mandatario del país, cuando comunarios “originarios” de una población, en la que se estima la existencia de gas y petróleo, se opusieron a tareas de prospección y amenazaron con evitar los trabajos futuros de explotación de recursos. Evo Morales les dijo entonces. “Que no puede haber oposición al uso de nuestros recursos naturales porque estaríamos perdiendo la oportunidad de generar ingresos para todos los bolivianos”. La lógica del buen uso de lo que tiene el país y de los beneficios a que tenemos derecho todos, absolutamente todos los bolivianos.
Frente a ésta realidad solo corresponde exigir la elaboración de un Código Minero que sustancie la importancia de la actividad minera y garantice su operabilidad en condiciones de plena seguridad para inversionistas, para trabajadores y para el Estado en conjunto, como beneficiario de los réditos que serán generados por el buen uso de nuestros recursos. Hay que recuperar la confianza en la seriedad del Estado para impulsar los futuros emprendimientos mineros.
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