Lo que no puede quedar sólo en anuncios o declaraciones oficiales de ciertas autoridades nacionales ligadas de manera directa a la actividad minera es la urgencia de establecer condiciones favorables para materializar alianzas de orden estratégico con todos los sectores productivos de la minería mediante la libre asociación y el Estado de por medio para garantizar la atracción de un conjunto de nuevas inversiones externas y nacionales, además de motivar el interés de la banca privada y organismos internacionales para fomentar un repunte real de la minería en su conjunto.
Se trata de dar varios pasos previos para concretar luego un sólido proyecto ya definido en estrategias de lo que se viene en llamar “la reactivación minera” que todavía no avanza como tal y que de hacerlo debería pasar por modificar ciertas medidas que aún se consideran “trabas” a las inversiones.
Por ejemplo algo que preocupa es la política de tributación minera que no tienta nuevas inversiones y que más bien las ahuyenta hacia países vecinos, donde las condiciones favorables permiten que grandes inversionistas desarrollen una agenda de planes mineros encarando proyectos desde la fase de exploración y llegando inclusive a la industrialización de minerales con valor agregado.
A propósito, en realidad, lo fundamental de la nueva política minera nacional sería establecer condiciones de plena seguridad jurídica para las inversiones de manera tal que los planes futuros, los asociativos incluidos permitan que las operaciones mineras lleguen justamente a la fase industrial de tal suerte que nuestros concentrados se conviertan en materiales con valor agregado de alta demanda en los mercados internacionales.
Es necesaria la atracción de capitales, no sólo para incentivar procesos de orden exploratorio y de explotación en materia de minería, sino de manera fundamental en la implementación de las plantas necesarias para encarar la transformación de nuestras materias primas mineras en productos con valor agregado listos para competir en igualdad de condiciones con los que exportan nuestros vecinos.
Por supuesto que desde hace muchos años atrás –no sólo en ésta gestión– la gran preocupación de las autoridades nacionales, particularmente de las encargadas del área de minería y metalurgia, ha sido justamente dar respuesta a esa falencia en la implementación de la infraestructura necesaria para dejar de ser exportadores de concentrados y pasar a la venta de productos con alto valor agregado, situación que cambiará nuestra condición económica.
Por supuesto que no todo es tan sencillo como parece, así como usar la varita mágica que creen tener en el Ministerio de Minería pero que no funcionó como querían anteriores y actuales autoridades. En ese plano deberían cumplirse ciertas exigencias de orden especialmente legal, por ejemplo adecuar la legislación actual hacia una industrialización de productos con valor agregado, pero compatibilizando las normas con las que rigen en países vecinos para no perder la opción de competencia en condiciones legales y admisibles por su sentido de universalidad.
No deberá descuidarse la inclusión en las normativas actualizadas de una serie de incentivos para “capturar” la atención de los inversionistas, sean estos extranjeros o nacionales, de tal suerte que en todo empeño de inversión sean considerados factores tales como las seguridades a la provisión de capitales y tecnología, lo que se traducirá en el sostenimiento de fuentes de empleo, con salarios dignos y seguridades sociales que eviten el peligro de la desocupación.
No está demás reiterarlo pero lo que se quiere en materia de minería es que las garantías legales y las sociales funcionen de manera paralela en el más estricto sentido de asegurar y activar la economía de las regiones de influencia en los proyectos mineros especialmente de la zona occidental donde grandes yacimientos – algunos ya prospectados – esperan una inyección financiera y de tecnología para sumarse a otros emprendimientos en curso de ejecución.
Rescatando planteamientos muy serios de profesionales en materia minera que coinciden con nuestros planteamientos y puntos de vista, recuperamos parte de un documento en el que se sugiere que “las instituciones estatales y las privadas, como protagonistas de la actividad minera y en su condición de operadores de los distintos proyectos del rubro, deben comprometerse a llevar adelante un plan de captación de nuevas inversiones pero bajo el cumplimiento de ciertos requisitos especiales como “el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica del país, estabilidad tributaria, estabilidad jurídica y las seguridades sociales y políticas que se necesitan para desarrollar un verdadero proyecto de reactivación de la minería y metalurgia en el país”.
Se trata de dar varios pasos previos para concretar luego un sólido proyecto ya definido en estrategias de lo que se viene en llamar “la reactivación minera” que todavía no avanza como tal y que de hacerlo debería pasar por modificar ciertas medidas que aún se consideran “trabas” a las inversiones.
Por ejemplo algo que preocupa es la política de tributación minera que no tienta nuevas inversiones y que más bien las ahuyenta hacia países vecinos, donde las condiciones favorables permiten que grandes inversionistas desarrollen una agenda de planes mineros encarando proyectos desde la fase de exploración y llegando inclusive a la industrialización de minerales con valor agregado.
A propósito, en realidad, lo fundamental de la nueva política minera nacional sería establecer condiciones de plena seguridad jurídica para las inversiones de manera tal que los planes futuros, los asociativos incluidos permitan que las operaciones mineras lleguen justamente a la fase industrial de tal suerte que nuestros concentrados se conviertan en materiales con valor agregado de alta demanda en los mercados internacionales.
Es necesaria la atracción de capitales, no sólo para incentivar procesos de orden exploratorio y de explotación en materia de minería, sino de manera fundamental en la implementación de las plantas necesarias para encarar la transformación de nuestras materias primas mineras en productos con valor agregado listos para competir en igualdad de condiciones con los que exportan nuestros vecinos.
Por supuesto que desde hace muchos años atrás –no sólo en ésta gestión– la gran preocupación de las autoridades nacionales, particularmente de las encargadas del área de minería y metalurgia, ha sido justamente dar respuesta a esa falencia en la implementación de la infraestructura necesaria para dejar de ser exportadores de concentrados y pasar a la venta de productos con alto valor agregado, situación que cambiará nuestra condición económica.
Por supuesto que no todo es tan sencillo como parece, así como usar la varita mágica que creen tener en el Ministerio de Minería pero que no funcionó como querían anteriores y actuales autoridades. En ese plano deberían cumplirse ciertas exigencias de orden especialmente legal, por ejemplo adecuar la legislación actual hacia una industrialización de productos con valor agregado, pero compatibilizando las normas con las que rigen en países vecinos para no perder la opción de competencia en condiciones legales y admisibles por su sentido de universalidad.
No deberá descuidarse la inclusión en las normativas actualizadas de una serie de incentivos para “capturar” la atención de los inversionistas, sean estos extranjeros o nacionales, de tal suerte que en todo empeño de inversión sean considerados factores tales como las seguridades a la provisión de capitales y tecnología, lo que se traducirá en el sostenimiento de fuentes de empleo, con salarios dignos y seguridades sociales que eviten el peligro de la desocupación.
No está demás reiterarlo pero lo que se quiere en materia de minería es que las garantías legales y las sociales funcionen de manera paralela en el más estricto sentido de asegurar y activar la economía de las regiones de influencia en los proyectos mineros especialmente de la zona occidental donde grandes yacimientos – algunos ya prospectados – esperan una inyección financiera y de tecnología para sumarse a otros emprendimientos en curso de ejecución.
Rescatando planteamientos muy serios de profesionales en materia minera que coinciden con nuestros planteamientos y puntos de vista, recuperamos parte de un documento en el que se sugiere que “las instituciones estatales y las privadas, como protagonistas de la actividad minera y en su condición de operadores de los distintos proyectos del rubro, deben comprometerse a llevar adelante un plan de captación de nuevas inversiones pero bajo el cumplimiento de ciertos requisitos especiales como “el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica del país, estabilidad tributaria, estabilidad jurídica y las seguridades sociales y políticas que se necesitan para desarrollar un verdadero proyecto de reactivación de la minería y metalurgia en el país”.
(Agencia URU)
No hay comentarios:
Publicar un comentario