miércoles, 27 de enero de 2010

Cooperativistas mantienen emergencia por designación de ministro de Minería

El ampliado de la Federación Departamental Cooperativas Mineras (Fedecomin) determinó mantener el estado de emergencia, ante la designación del nuevo Ministro de Minería y Metalurgia, Milton Gómez Mamani, quien es acusado de un supuesto desfalco a la Caja Nacional Salud (CNS), cuando fue presidente de la entidad.

El presidente de la Fedecomin, Eduardo Berdeja, mencionó que pese a la medida asumida por los delegados de las cooperativas, hoy en la ciudad de La Paz, participarán de una reunión con la autoridad minera para plantearle sus preocupaciones como sector y pedirle trabajo coordinado con el gremio.

“Estamos declarando estado de emergencia, por la designación del Ministro de Minería, pero asistiremos a la reunión que nos plantea su autoridad, que fue notificada por el viceministro de Minería, Isaac Meneses”, dijo.

La Fedecomin demanda que los contratos de arrendamiento que sus cooperativas mineras, con la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), se mantengan y no sean movidos o reformulados por Decreto Supremo o bien pasen a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para su aprobación.

A la reunión asistirán el presidente de la institución, junto al secretario general Hipólito Rojas, y miembros de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), quienes esperan resultados positivos para ambas partes.

“Sí existe la voluntad de trabajo para apoyar a las cooperativas mineras, es posible que apoyemos a su persona (Gómez), pero siempre viendo la actitud del Ministro de Minería para coordinar trabajos con la institución”, aseveró.

Gómez Mamani, fue nombrado ministro de minería el sábado 23 de enero, en acto especial desarrollado en Palacio de Gobierno, pero recibió el rechazó de la Fedecomin por su nominación al no ser concensuada con el sector de la minería cooperativizada, aliada del gobierno.

El lunes el Juez Tercero de Instrucción en lo Penal, de La Paz, Constancio Alcón, hizo pública la acusación y la notificación contra la autoridad mencionada, por un supuesto desfalco de dinero que asciende a los 7.3 millones de bolivianos.

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