Si hay que reconocer un crecimiento de la minería, también hay que establecer con mucha propiedad las condiciones que se presentan para que ese efecto de alto valor positivo se convierta en beneficios de orden general a través de las exportaciones (todavía de concentrados), la generación de divisas para el Estado y vía regalías para los departamentos productores, pero de manera muy especial allí donde existe una minería activa, también se dinamiza la economía y se garantizan miles de empleos sostenibles.
La minería ha crecido, es evidente, pero se trata de esa minería sustentada en grandes inversiones, el caso de los denominados “proyectos santos” como San Cristóbal, San Vicente y San Bartolomé, todos en la jurisdicción de Potosí, el proyecto de cobre en Corocoro con capital coreano, el gigante de hierro en el Mutún con una fuerte inversión de una empresa hindú atravesando con algunos problemas de orden legal; y la esperanza del futuro con la explotación de litio en los salares de Uyuni y Coipasa, que necesariamente debe tener respaldo de inversionistas externos son muestras del valor que tiene nuestra minería.
Ahora bien, no es menos interesante la proyección minera que sustenta el gobierno, cuando su viceministro de minería refiere que “la producción de minerales se ha incrementado, gracias a la asistencia del gobierno que ha mecanizado las tareas que antes se hacían de manera manual”. Para refrendar tal aseveración la misma autoridad se refiere a un incremento en “su cooperativa” en la que antes se producían 80 toneladas y ahora se obtienen cuatrocientas. Añade el ejemplo del distrito de Huanuni donde seguirá subiendo la producción una vez que se ponga en marcha el nuevo ingenio. Otro tanto ocurrirá con la fundición de Vinto donde se instala un nuevo horno de modernas características que incrementará la producción de lingotes.
Los hechos que mencionamos son parte de un proceso en marcha, tanto en el sector de la gran minería privada como en las que alienta la Comibol con ayuda estatal. Si estos ejemplos no son suficientes para establecer condiciones más definidas en una verdadera política minero – metalúrgica del país, entonces cuál es el futuro del sector? Es obvia la respuesta.
La minería sigue siendo el sostén de nuestra economía y los emprendimientos más grandes corresponden a inversiones extranjeras, cierto que algunos proyectos son parte de acuerdos de “riesgo compartido”, pero lo que no se puede soslayar es que para desarrollar nuestra “oculta” riqueza mineralógica necesitamos de capitales, de inversiones que permitan incentivar las tareas de exploración y luego afirmen los procesos de explotación e industrialización de nuestros minerales que se exportarían con el dichoso “valor agregado”.
En todo caso las inversiones deben ser protegidas, como deben ser también respetadas y garantizadas las concesiones mineras, se trata de seguridades e incentivos…y entonces realmente se podrá hablar de un real crecimiento de la minería boliviana, la privada, chica y mediana, la grande, la cooperativizada y la estatal, en todas con grandes posibilidades de beneficios comunes socio – económicos, es decir, fuentes de empleo, familias seguras, ingreso permanente para el TGN y los distritos productores.
La minería ha crecido, es evidente, pero se trata de esa minería sustentada en grandes inversiones, el caso de los denominados “proyectos santos” como San Cristóbal, San Vicente y San Bartolomé, todos en la jurisdicción de Potosí, el proyecto de cobre en Corocoro con capital coreano, el gigante de hierro en el Mutún con una fuerte inversión de una empresa hindú atravesando con algunos problemas de orden legal; y la esperanza del futuro con la explotación de litio en los salares de Uyuni y Coipasa, que necesariamente debe tener respaldo de inversionistas externos son muestras del valor que tiene nuestra minería.
Ahora bien, no es menos interesante la proyección minera que sustenta el gobierno, cuando su viceministro de minería refiere que “la producción de minerales se ha incrementado, gracias a la asistencia del gobierno que ha mecanizado las tareas que antes se hacían de manera manual”. Para refrendar tal aseveración la misma autoridad se refiere a un incremento en “su cooperativa” en la que antes se producían 80 toneladas y ahora se obtienen cuatrocientas. Añade el ejemplo del distrito de Huanuni donde seguirá subiendo la producción una vez que se ponga en marcha el nuevo ingenio. Otro tanto ocurrirá con la fundición de Vinto donde se instala un nuevo horno de modernas características que incrementará la producción de lingotes.
Los hechos que mencionamos son parte de un proceso en marcha, tanto en el sector de la gran minería privada como en las que alienta la Comibol con ayuda estatal. Si estos ejemplos no son suficientes para establecer condiciones más definidas en una verdadera política minero – metalúrgica del país, entonces cuál es el futuro del sector? Es obvia la respuesta.
La minería sigue siendo el sostén de nuestra economía y los emprendimientos más grandes corresponden a inversiones extranjeras, cierto que algunos proyectos son parte de acuerdos de “riesgo compartido”, pero lo que no se puede soslayar es que para desarrollar nuestra “oculta” riqueza mineralógica necesitamos de capitales, de inversiones que permitan incentivar las tareas de exploración y luego afirmen los procesos de explotación e industrialización de nuestros minerales que se exportarían con el dichoso “valor agregado”.
En todo caso las inversiones deben ser protegidas, como deben ser también respetadas y garantizadas las concesiones mineras, se trata de seguridades e incentivos…y entonces realmente se podrá hablar de un real crecimiento de la minería boliviana, la privada, chica y mediana, la grande, la cooperativizada y la estatal, en todas con grandes posibilidades de beneficios comunes socio – económicos, es decir, fuentes de empleo, familias seguras, ingreso permanente para el TGN y los distritos productores.
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