“La minería ya no está en crisis” fue la afirmación del Ministro de Minería y Metalurgia Luís Alberto Echazú a tiempo de señalar que “debido a la recuperación de los precios internacionales de minerales no es correcto señalar que estemos en crisis (minera)”.
La autoridad recordó que un proceso negativo para la minería nacional se produjo el año pasado cuando en septiembre se registró una drástica caída en los precios de minerales, proceso que se prolongó más de ocho meses hasta el mes de abril del año presente, que se inició una etapa de recuperación que a la fecha ofrece buenas perspectivas.
En lo que corresponde al análisis de los industriales mineros evidentemente hay una posibilidad de alentar el desarrollo de algunos proyectos que permitan reactivar el aparato minero nacional, empero se indica no se trata sólo de los buenos precios, hace falta políticas de incentivo y condiciones efectivas de seguridad jurídica para cumplir dos objetivos: el primero reactivar la minería de manera concreta con una serie de disposiciones é incentivos que la hagan tanto o más competitiva que la de países vecinos y segundo asegurar la aplicación de la seguridad jurídica que garantice las inversiones en curso de ejecución abriendo posibilidades para otras que permitan desarrollar importantes emprendimientos minero metalúrgicos y siderúrgicos.
Según el ministro el sector de la minería “está bien” y aparentemente podría cumplirse ese propósito si se eliminarían algunos problemas existentes con la minería privada como los avasallamientos que no han sido solucionados y que están manteniendo un estado caótico por el justificado reclamo de los mineros afectados y los empresarios privados del sector.
El caso de Mina Himalaya en La Paz o de Mina Santa María en Oruro, que no han sido recuperadas y devueltas a sus legítimos concesionarios, mantiene una situación social de marcada injusticia con mineros desocupados que han sido desalojados junto a familiares y enseres, pero también de empresarios cuyos bienes caso de máquinas, equipos y herramientas han sido “incautados” por los avasalladores que además se permiten comercializar de manera directa el mineral que ilegalmente extraen de propiedades ocupadas.
Según los empresarios de la industria minera privada hay necesidad de un cambio práctico en este asunto de la seguridad y garantías para inversiones en la minería. Se necesitan medidas que hagan competitivas las operaciones en el país para “tentar” a millonarias empresas que ahora están impulsando grandes proyectos en Chile, Perú, Argentina, inclusive en Colombia y no lo hacen en el nuestro por los temores existentes en materia de seguridad jurídica y algunas definiciones en incentivos y no cargas tributarias, como sucede en las actuales circunstancias cuando continuamente se conocen de grandes emprendimientos mineros con millonarios aportes en los países de la vecindad. (Agencia URU).
La autoridad recordó que un proceso negativo para la minería nacional se produjo el año pasado cuando en septiembre se registró una drástica caída en los precios de minerales, proceso que se prolongó más de ocho meses hasta el mes de abril del año presente, que se inició una etapa de recuperación que a la fecha ofrece buenas perspectivas.
En lo que corresponde al análisis de los industriales mineros evidentemente hay una posibilidad de alentar el desarrollo de algunos proyectos que permitan reactivar el aparato minero nacional, empero se indica no se trata sólo de los buenos precios, hace falta políticas de incentivo y condiciones efectivas de seguridad jurídica para cumplir dos objetivos: el primero reactivar la minería de manera concreta con una serie de disposiciones é incentivos que la hagan tanto o más competitiva que la de países vecinos y segundo asegurar la aplicación de la seguridad jurídica que garantice las inversiones en curso de ejecución abriendo posibilidades para otras que permitan desarrollar importantes emprendimientos minero metalúrgicos y siderúrgicos.
Según el ministro el sector de la minería “está bien” y aparentemente podría cumplirse ese propósito si se eliminarían algunos problemas existentes con la minería privada como los avasallamientos que no han sido solucionados y que están manteniendo un estado caótico por el justificado reclamo de los mineros afectados y los empresarios privados del sector.
El caso de Mina Himalaya en La Paz o de Mina Santa María en Oruro, que no han sido recuperadas y devueltas a sus legítimos concesionarios, mantiene una situación social de marcada injusticia con mineros desocupados que han sido desalojados junto a familiares y enseres, pero también de empresarios cuyos bienes caso de máquinas, equipos y herramientas han sido “incautados” por los avasalladores que además se permiten comercializar de manera directa el mineral que ilegalmente extraen de propiedades ocupadas.
Según los empresarios de la industria minera privada hay necesidad de un cambio práctico en este asunto de la seguridad y garantías para inversiones en la minería. Se necesitan medidas que hagan competitivas las operaciones en el país para “tentar” a millonarias empresas que ahora están impulsando grandes proyectos en Chile, Perú, Argentina, inclusive en Colombia y no lo hacen en el nuestro por los temores existentes en materia de seguridad jurídica y algunas definiciones en incentivos y no cargas tributarias, como sucede en las actuales circunstancias cuando continuamente se conocen de grandes emprendimientos mineros con millonarios aportes en los países de la vecindad. (Agencia URU).
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