No es reciente la necesidad de reactivar la minería boliviana en condiciones que permitan asegurar su máximo rendimiento, bajo alternativas muy concretas que desde hace nueve años atrás (2000) tienen ciertas variantes que en la actualidad merecen incorporarse a una nueva estrategia para su cumplimiento.
Recordamos una “política estructural de reactivación de la minería nacional” que fue planteada el año 2000 por un equipo de profesionales dirigidos por el Ing. Mario Paulsen en ese tiempo Viceministro de Minería y el Ing. Juan Garcia entonces Director de Minería, que coincidían en señalar que “el mejoramiento de los índices de rendimiento de la industria minero–metalúrgica pasa por la materialización de alianzas estratégicas con los subsectores productivos a través de distintas formas asociativas que permitan atraer capitales de inversión nacionales y extranjeros, con el apoyo de la banca y de organismos internacionales”. La agresiva política de impulso a las actividades mineras de entonces contemplaba las áreas de exploración y explotación, además la exportación de productos terminados con valor agregado, que a su vez significaría la atracción de otro tipo de inversionistas.
Lo cierto es que de entonces a la fecha mucho agua ha corrido bajo el puente, han existido variantes sustanciales en el comportamiento externo del gran mercado externo de los minerales, variaciones de precios que alteraron los planes oficiales, aunque tales variantes no fueron determinantes para liquidar un sistema productivo nacional, en el que faltaba como en el presente, voluntad política para reactivar la minería.
Ahora con el paso del tiempo, que en realidad es casi una década, la minería sigue siendo el principal sustento de la economía nacional, de manera especial cuando ha disminuido la producción y la exportación de hidrocarburos o más concretamente del gas boliviano.
La minería ha tenido también altibajos entre septiembre del año pasado y hasta más del primer semestre del año en curso con una abrupta caída en los precios de minerales estratégicos por su volumen de exportación, caso del zinc, estaño plata e inclusive el oro que ahora se recuperan paulatinamente y se avizora un horizonte de mejores perspectivas para la minería boliviana.
Lo que se requiere actualmente es actualizar esa “política estructural de reactivación de la minería nacional” desarrollando un amplio cronograma de proyectos y programas acorde a los requerimientos y desafíos que implica la reactivación de la industria minero–metalúrgica del país.
Naturalmente deben haber añadidos específicos a los que regían hace nueve años atrás, debido justamente a ciertas políticas de Estado que han variado y que en la actualidad necesitan por ejemplo seguridad jurídica y garantías para las inversiones, trabajos importantes de exploración, habilitación de los centros productivos, llámense residuales u otros nuevos que sean evaluados convenientemente para su desarrollo que asegure fuentes de empleo y rentabilidad segura, pero sin el peligro de avasallamientos o presiones de movimientos ajenos a la minería.
Un hecho interesante es el que se presenta en coincidencia con algunos planes del actual Gobierno y que tienen que ver con la proyección industrial de varios de nuestros minerales, es decir, aplicar el “valor agregado” que los hagan más rentables y más requeridos en los mercados industriales de Asia, Europa y Norteamérica.
En todo caso, lo que importa es definir condiciones favorables a la atracción de capitales, en un proceso que se haga evidentemente competitivo con países vecinos en que se comprueba la participación de millonarios emprendimientos para desarrollar macro proyectos minero–metalúrgicos.
La minería está en fase de recuperación, incentivar su producción y crecimiento es cuestión de políticas estructurales que garanticen su reactivación (Agencia URU)
Recordamos una “política estructural de reactivación de la minería nacional” que fue planteada el año 2000 por un equipo de profesionales dirigidos por el Ing. Mario Paulsen en ese tiempo Viceministro de Minería y el Ing. Juan Garcia entonces Director de Minería, que coincidían en señalar que “el mejoramiento de los índices de rendimiento de la industria minero–metalúrgica pasa por la materialización de alianzas estratégicas con los subsectores productivos a través de distintas formas asociativas que permitan atraer capitales de inversión nacionales y extranjeros, con el apoyo de la banca y de organismos internacionales”. La agresiva política de impulso a las actividades mineras de entonces contemplaba las áreas de exploración y explotación, además la exportación de productos terminados con valor agregado, que a su vez significaría la atracción de otro tipo de inversionistas.
Lo cierto es que de entonces a la fecha mucho agua ha corrido bajo el puente, han existido variantes sustanciales en el comportamiento externo del gran mercado externo de los minerales, variaciones de precios que alteraron los planes oficiales, aunque tales variantes no fueron determinantes para liquidar un sistema productivo nacional, en el que faltaba como en el presente, voluntad política para reactivar la minería.
Ahora con el paso del tiempo, que en realidad es casi una década, la minería sigue siendo el principal sustento de la economía nacional, de manera especial cuando ha disminuido la producción y la exportación de hidrocarburos o más concretamente del gas boliviano.
La minería ha tenido también altibajos entre septiembre del año pasado y hasta más del primer semestre del año en curso con una abrupta caída en los precios de minerales estratégicos por su volumen de exportación, caso del zinc, estaño plata e inclusive el oro que ahora se recuperan paulatinamente y se avizora un horizonte de mejores perspectivas para la minería boliviana.
Lo que se requiere actualmente es actualizar esa “política estructural de reactivación de la minería nacional” desarrollando un amplio cronograma de proyectos y programas acorde a los requerimientos y desafíos que implica la reactivación de la industria minero–metalúrgica del país.
Naturalmente deben haber añadidos específicos a los que regían hace nueve años atrás, debido justamente a ciertas políticas de Estado que han variado y que en la actualidad necesitan por ejemplo seguridad jurídica y garantías para las inversiones, trabajos importantes de exploración, habilitación de los centros productivos, llámense residuales u otros nuevos que sean evaluados convenientemente para su desarrollo que asegure fuentes de empleo y rentabilidad segura, pero sin el peligro de avasallamientos o presiones de movimientos ajenos a la minería.
Un hecho interesante es el que se presenta en coincidencia con algunos planes del actual Gobierno y que tienen que ver con la proyección industrial de varios de nuestros minerales, es decir, aplicar el “valor agregado” que los hagan más rentables y más requeridos en los mercados industriales de Asia, Europa y Norteamérica.
En todo caso, lo que importa es definir condiciones favorables a la atracción de capitales, en un proceso que se haga evidentemente competitivo con países vecinos en que se comprueba la participación de millonarios emprendimientos para desarrollar macro proyectos minero–metalúrgicos.
La minería está en fase de recuperación, incentivar su producción y crecimiento es cuestión de políticas estructurales que garanticen su reactivación (Agencia URU)
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