La interpretación que dan comunarios y originarios de diferentes poblaciones de nuestra vasta geografía en torno a la propiedad de las tierras y su uso, de acuerdo a la conveniencia anotada en la nueva Constitución, ocasiona varios problemas a las autoridades gubernamentales cuando estas deben solucionar confrontaciones entre campesinos y mineros, pero también inversionistas que con todo derecho reclaman respeto a la propiedad privada y las concesiones mineras otorgadas de acuerdo a ley. Por la manera en que se “traduce” el texto constitucional, de aquí adelante quién desee invertir en operaciones mineras, deberá primero someter su intención a una consulta, no sólo con autoridades de minería sino de manera prioritaria con las autoridades comunitarias, para saber si éstas están o no de acuerdo en permitir actividades mineras en “su territorio”.
Pero no es sólo la minería que sufrirá este tipo de trabas para el desarrollo de sus actividades, recientemente como ejemplo de la forma en que cunden las malas acciones, dirigentes de comunidades del norte paceño afirmaron que “no consintieron” la búsqueda de petróleo. Es decir que el efecto de presión comunitaria, está poniendo en riesgo las actividades productivas más importantes como son la minería y los hidrocarburos.
Ocho comunidades de una central de pueblos paceños han planteado al ministerio de hidrocarburos que les permita ejercer su derecho a la consulta, participación y consentimiento previo, para exploración de petróleo en la zona
La situación que complica seriamente los planes de exploración y explotación de nuestros recursos naturales no renovables en minería é hidrocarburos es una afrenta abierta a las leyes y a la propia Constitución, pues interfiere la libertad empresarial, vulnera los derechos de las personas para trabajar y como si fuera poco pone en riesgo la economía no sólo de una comunidad sino de todo el país que dejará de percibir ingresos que aseguren bienestar colectivo y desarrollo sostenible.
Aunque el asunto se lo quiera ver con otra óptica, no escapa al criterio de los analistas el peligro que se cierne sobre futuras inversiones tanto en minería cuanto en hidrocarburos, muchos empresarios preferirán invertir en los paí-ses vecinos, caso del Perú, Chile o la Argentina, donde justamente las mayores inversiones corresponden a minería y petróleo. Estamos frente a un fenómno político partidario, que de no ser eliminado o en su caso modificado a través de una Ley Reglamentaria o la emisión de un Decreto Supremo, puede convertirse en un elemento “social” altamente perturbador y lesivo a los intereses del Estado Boliviano, situación que por supuesto, de persistir, debería mover a las autoridades, por lo menos así se observa actualmente, para sancionar a los que “alteran el orden público y a quiénes causan daños al país”.
Pero no es sólo la minería que sufrirá este tipo de trabas para el desarrollo de sus actividades, recientemente como ejemplo de la forma en que cunden las malas acciones, dirigentes de comunidades del norte paceño afirmaron que “no consintieron” la búsqueda de petróleo. Es decir que el efecto de presión comunitaria, está poniendo en riesgo las actividades productivas más importantes como son la minería y los hidrocarburos.
Ocho comunidades de una central de pueblos paceños han planteado al ministerio de hidrocarburos que les permita ejercer su derecho a la consulta, participación y consentimiento previo, para exploración de petróleo en la zona
La situación que complica seriamente los planes de exploración y explotación de nuestros recursos naturales no renovables en minería é hidrocarburos es una afrenta abierta a las leyes y a la propia Constitución, pues interfiere la libertad empresarial, vulnera los derechos de las personas para trabajar y como si fuera poco pone en riesgo la economía no sólo de una comunidad sino de todo el país que dejará de percibir ingresos que aseguren bienestar colectivo y desarrollo sostenible.
Aunque el asunto se lo quiera ver con otra óptica, no escapa al criterio de los analistas el peligro que se cierne sobre futuras inversiones tanto en minería cuanto en hidrocarburos, muchos empresarios preferirán invertir en los paí-ses vecinos, caso del Perú, Chile o la Argentina, donde justamente las mayores inversiones corresponden a minería y petróleo. Estamos frente a un fenómno político partidario, que de no ser eliminado o en su caso modificado a través de una Ley Reglamentaria o la emisión de un Decreto Supremo, puede convertirse en un elemento “social” altamente perturbador y lesivo a los intereses del Estado Boliviano, situación que por supuesto, de persistir, debería mover a las autoridades, por lo menos así se observa actualmente, para sancionar a los que “alteran el orden público y a quiénes causan daños al país”.
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