Las medidas que se perfilan para su aplicación en un tiempo relativamente corto por parte de las autoridades del Gobierno central a través de su Ministerio de Minería y Metalurgia, han desatado una serie de dudas sobre la seriedad del manejo de las disposiciones relativas a concesiones mineras, los cambios que se han planteado con una nueva Constitución y la mala interpretación por parte de algunos sectores, a las condiciones de propiedad de la tierra, en la que se cuentan también las reservas mineralógicas del país.
Complicada disyuntiva para las autoridades, reconociendo que por la aplicación del nuevo texto constitucional, las cosas se complican cuando los “originarios” de algunas comunidades toman para si la responsabilidad de “controlar” el uso del suelo y el subsuelo, que es concedido para operaciones mineras, exigiendo además fuentes de empleo y parte de las utilidades en operaciones mineras.
Los empresarios de la minería privada, chica y mediana, pero además los que corresponden al sistema cooperativo muestran su preocupación porque con el manido pretexto de asumir defensa de la tierra interfieren de manera directa en los proyectos de exploración y explotación minera, obligando al repliegue de los trabajadores mineros y al retiro de los empresarios, con la grave consecuencia de fuertes pérdidas financieras, que significa capital, maquinaria y herramienta, pero también mineral, pues los avasalladores se dan modos para “saquear” los concentrados y comercializarlos de manera directa.
Un ex ministro de minería señala que la consulta que se quiere hacer a los comunarios para que den su criterio sobre operaciones mineras en sus comunidades no será una solución práctica al problema, pues como siempre sucede, los comunarios esperan que se invierta, que se ponga en marcha el proyecto y es cuando plantean su incorporación al mismo y si no logran su objetivo, corre la ocupación de la concesión minera con mayores exigencias, de donde resulta que al aplicarse esa “consulta”, el remedio será más grave que la enfermedad y eso es lo que debe cuidarse para no empeorar una situación que puede descontrolarse y generar lamentables enfrentamientos.
El proyecto de una nueva Ley de Minería que se compatibilizará con la actual Constitución Política, incluirá “el tema de los avasallamientos”, asegurándose que se respetará “la necesidad de preservar la actividad minera que tendrá relación privada, estatal y cooperativizada, sin aclararse empero cuál será la situación de las 18 minas ya avasalladas y una docena de empresas que de uno u otro modo han sufrido el embate de las fuerzas originarias.
Cuál es la motivación para incursiones campesinas en proyectos mineros? La respuesta más lógica según los entendidos es la falta de empleo seguro para el campesino, las limitaciones para una producción sostenida, falta de asesores y aplicación de nuevas tecnologías para mejorar cultivos y cosechas, crianza de ganado variado y la dotación de servicios básicos para los campesinos, dotándoles de servicios de agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, y un mejoramiento concretos en los servicios de salud y educación.
Si el gobierno facilita los medios necesarios para que el comunario viva como la gente, con seguridad que compatibilizará su trabajo con las actividades mineras y obtendrá un doble resultado de beneficio y armonía en los dos sectores, comunarios y mineros. La disyuntiva es clara, definir una ley sectorial o aplicar una medida colectiva que satisfaga a moros y cristianos, por decirlo de la manera más propicia.
Complicada disyuntiva para las autoridades, reconociendo que por la aplicación del nuevo texto constitucional, las cosas se complican cuando los “originarios” de algunas comunidades toman para si la responsabilidad de “controlar” el uso del suelo y el subsuelo, que es concedido para operaciones mineras, exigiendo además fuentes de empleo y parte de las utilidades en operaciones mineras.
Los empresarios de la minería privada, chica y mediana, pero además los que corresponden al sistema cooperativo muestran su preocupación porque con el manido pretexto de asumir defensa de la tierra interfieren de manera directa en los proyectos de exploración y explotación minera, obligando al repliegue de los trabajadores mineros y al retiro de los empresarios, con la grave consecuencia de fuertes pérdidas financieras, que significa capital, maquinaria y herramienta, pero también mineral, pues los avasalladores se dan modos para “saquear” los concentrados y comercializarlos de manera directa.
Un ex ministro de minería señala que la consulta que se quiere hacer a los comunarios para que den su criterio sobre operaciones mineras en sus comunidades no será una solución práctica al problema, pues como siempre sucede, los comunarios esperan que se invierta, que se ponga en marcha el proyecto y es cuando plantean su incorporación al mismo y si no logran su objetivo, corre la ocupación de la concesión minera con mayores exigencias, de donde resulta que al aplicarse esa “consulta”, el remedio será más grave que la enfermedad y eso es lo que debe cuidarse para no empeorar una situación que puede descontrolarse y generar lamentables enfrentamientos.
El proyecto de una nueva Ley de Minería que se compatibilizará con la actual Constitución Política, incluirá “el tema de los avasallamientos”, asegurándose que se respetará “la necesidad de preservar la actividad minera que tendrá relación privada, estatal y cooperativizada, sin aclararse empero cuál será la situación de las 18 minas ya avasalladas y una docena de empresas que de uno u otro modo han sufrido el embate de las fuerzas originarias.
Cuál es la motivación para incursiones campesinas en proyectos mineros? La respuesta más lógica según los entendidos es la falta de empleo seguro para el campesino, las limitaciones para una producción sostenida, falta de asesores y aplicación de nuevas tecnologías para mejorar cultivos y cosechas, crianza de ganado variado y la dotación de servicios básicos para los campesinos, dotándoles de servicios de agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, y un mejoramiento concretos en los servicios de salud y educación.
Si el gobierno facilita los medios necesarios para que el comunario viva como la gente, con seguridad que compatibilizará su trabajo con las actividades mineras y obtendrá un doble resultado de beneficio y armonía en los dos sectores, comunarios y mineros. La disyuntiva es clara, definir una ley sectorial o aplicar una medida colectiva que satisfaga a moros y cristianos, por decirlo de la manera más propicia.
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