Es importante que en el país se den muestra claras de la vigencia de leyes y el respeto, nada más ni nada menos que a la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE), para permitir que el interés de algunos inversionistas pueda cristalizarse en convenios de importante proyección, particularmente en el campo de la minería, que en el momento presente resulta atractivo por las reservas probadas de minerales, pero con marcada incertidumbre sobre la seguridad jurídica que pueda otorgarse a quienes exigirán garantías para exponer capitales y tecnología de punta.
Los análisis hechos recientemente muestran que desde el Poder Ejecutivo ya se ha violado varias veces la NCPE y eso significa que existe poca predisposición para el cumplimiento de las normas aprobadas y que aseguran la posibilidad de hacer negocios en Bolivia.
No se han esclarecido casos como el de afectación de la propiedad privada en el caso de un ex vicepresidente del país, no se han devuelto a su propietarios concesiones mineras avasalladas en el occidente y lo último no hay ninguna sanción para quienes invadieron la Mina Himalaya, de la cuál se extrae mineral y se lo comercializa ilegalmente, pero además se ha despojado de empleos a muchos trabajadores mineros, actualmente alojados en La Paz en compañía de sus familiares, mientras las autoridades no se animan a retomar la propiedad minera que más de año y medio está siendo saqueada.
Lo importante es que nuestras altas autoridades se preocupen de dar señales muy claras de ordenar el país, partiendo justamente del hecho de respetar la Carta Magna que se aprobó al comenzar el año y que no puede ser transgredida por la caprichosa actitud de algunos grupos sociales que están violando las leyes y aprovechando de la manera más irreverente alguna mala interpretación sobre el derecho propietario.
Varios y altos funcionarios de Estado se han ocupado de aclarar que está vigente el respeto a la propiedad privada y que los transgresores serán severamente sancionados. Está faltando la decisión de poner las cosas en orden dando cumplimiento a la normatividad vigente. Para las operaciones mineras son necesarias las inversiones, para que se concreten algunos convenios es urgente que se aclare el mecanismo de garantía que permite creer en una adecuada seguridad jurídica. (Uru . Not)
Los análisis hechos recientemente muestran que desde el Poder Ejecutivo ya se ha violado varias veces la NCPE y eso significa que existe poca predisposición para el cumplimiento de las normas aprobadas y que aseguran la posibilidad de hacer negocios en Bolivia.
No se han esclarecido casos como el de afectación de la propiedad privada en el caso de un ex vicepresidente del país, no se han devuelto a su propietarios concesiones mineras avasalladas en el occidente y lo último no hay ninguna sanción para quienes invadieron la Mina Himalaya, de la cuál se extrae mineral y se lo comercializa ilegalmente, pero además se ha despojado de empleos a muchos trabajadores mineros, actualmente alojados en La Paz en compañía de sus familiares, mientras las autoridades no se animan a retomar la propiedad minera que más de año y medio está siendo saqueada.
Lo importante es que nuestras altas autoridades se preocupen de dar señales muy claras de ordenar el país, partiendo justamente del hecho de respetar la Carta Magna que se aprobó al comenzar el año y que no puede ser transgredida por la caprichosa actitud de algunos grupos sociales que están violando las leyes y aprovechando de la manera más irreverente alguna mala interpretación sobre el derecho propietario.
Varios y altos funcionarios de Estado se han ocupado de aclarar que está vigente el respeto a la propiedad privada y que los transgresores serán severamente sancionados. Está faltando la decisión de poner las cosas en orden dando cumplimiento a la normatividad vigente. Para las operaciones mineras son necesarias las inversiones, para que se concreten algunos convenios es urgente que se aclare el mecanismo de garantía que permite creer en una adecuada seguridad jurídica. (Uru . Not)
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