La Federación de Trabajadores de Bolivia pide al gobierno que la empresa Himalaya sea administrada por la Corporación Minera de Bolivia ( Comibol) para evitar su nacionalización por parte de comunidades de Cohoni.
Sin embargo, autoridades del Órgano Ejecutivo anunciaron que cumplirán con el contrato que tienen con la empresa privada.
Ante la pretensión de los comunarios del Cantón Cohoni, de nacionalizar el centro minero de Himalaya, el secretario Ejecutivo de la Federación de Mineros de Bolivia, Guido Mirma, señaló que la mina debe pasar a manos de Comibol para su administración por ser un yacimiento del Estado.
“No se puede hablar de una nacionalización, tiene que hablarse de una administración por parte de Comibol, para una solución tanto para el beneficio de los comunarios y de los trabajadores mineros asalariados”, sostuvo.
Originarios de la zona aluden que los recursos naturales existentes en el país deben ser manejados y explotados por los comunarios por lo que debe nacionalizarse el centro minero de Himalaya.
Los originarios rechazan que la empresa de Fernando Killman explote minerales.
Más adelante, el dirigente aclaró que la empresa concesionaria a cargo del empresario Killman, estaría incumplimiendo el contrato suscrito con Comibol, debido al despido de 105 trabajadores mineros.
“Si estos problemas se vienen a dar, nosotros como Federación vamos a pedir que Comibol administre el centro minero como solución a las partes en conflicto”.
El dirigente también pidió la rescisión de contrato de riesgo compartido debido a que los empresarios privados no cumplen con el contrato de concesión por las falencias registradas en el mismo.
Con respecto a la toma de los comunarios, señaló que este tipo de avasallamientos son ilegales, ya que violan la ley.
Lamentó que los comunarios se den a la tarea de invadir predios mineros de las cooperativas mineras debido a una mala interpretación de la nueva Constitución Política del Estado.
Señaló que afanes políticos de los comunarios del Movimiento Al Socialismo pretenden tomar centros mineros por la fuerza.
“Son situaciones que por influencias políticas se dan”, dijo.
La Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia pide al gobierno elaborar políticas de empleo a fin de salir de la pobreza y evitar este tipo de avasallamientos.
Aclaró que los trabajadores mineros no aceptan las invasiones a centros mineros y piden al gobierno el respeto a las fuentes de empleo en la mina de Himalaya.
En criterio del dirigente, la negligencia del gobierno se muestra en el tiempo que transcurrió, un año y seis meses, sin dar una solución al tema.
“Los ministerios de área trabajan sobre el tema sin dar una solución a este amargo conflicto del Himalaya”, criticó.
Por su parte, el Gobierno informó que restablecerá en los siguientes días el derecho propietario de la mima Himalaya, tal como establece la nueva Constitución Política del Estado.
“Las dificultades que estamos enfrentando son meramente temporales se va a planificar para que en base a la legalidad y los procedimientos que garantiza la propia Constitución personal e individuales de los ciudadanos restableceremos el derecho a la propiedad de la mina Himalaya”, dijo el vicepresidente Álvaro García Linera.
Explicó que la nueva Constitución Política del Estado en ningún momento justifica la ocupación ilegal o arbitraria de propiedades y terrenos de las personas. “Nosotros sabemos los mecanismos que tiene el Estado para restablecer el orden en los distintos lugares”, afirmó.
Sin embargo, autoridades del Órgano Ejecutivo anunciaron que cumplirán con el contrato que tienen con la empresa privada.
Ante la pretensión de los comunarios del Cantón Cohoni, de nacionalizar el centro minero de Himalaya, el secretario Ejecutivo de la Federación de Mineros de Bolivia, Guido Mirma, señaló que la mina debe pasar a manos de Comibol para su administración por ser un yacimiento del Estado.
“No se puede hablar de una nacionalización, tiene que hablarse de una administración por parte de Comibol, para una solución tanto para el beneficio de los comunarios y de los trabajadores mineros asalariados”, sostuvo.
Originarios de la zona aluden que los recursos naturales existentes en el país deben ser manejados y explotados por los comunarios por lo que debe nacionalizarse el centro minero de Himalaya.
Los originarios rechazan que la empresa de Fernando Killman explote minerales.
Más adelante, el dirigente aclaró que la empresa concesionaria a cargo del empresario Killman, estaría incumplimiendo el contrato suscrito con Comibol, debido al despido de 105 trabajadores mineros.
“Si estos problemas se vienen a dar, nosotros como Federación vamos a pedir que Comibol administre el centro minero como solución a las partes en conflicto”.
El dirigente también pidió la rescisión de contrato de riesgo compartido debido a que los empresarios privados no cumplen con el contrato de concesión por las falencias registradas en el mismo.
Con respecto a la toma de los comunarios, señaló que este tipo de avasallamientos son ilegales, ya que violan la ley.
Lamentó que los comunarios se den a la tarea de invadir predios mineros de las cooperativas mineras debido a una mala interpretación de la nueva Constitución Política del Estado.
Señaló que afanes políticos de los comunarios del Movimiento Al Socialismo pretenden tomar centros mineros por la fuerza.
“Son situaciones que por influencias políticas se dan”, dijo.
La Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia pide al gobierno elaborar políticas de empleo a fin de salir de la pobreza y evitar este tipo de avasallamientos.
Aclaró que los trabajadores mineros no aceptan las invasiones a centros mineros y piden al gobierno el respeto a las fuentes de empleo en la mina de Himalaya.
En criterio del dirigente, la negligencia del gobierno se muestra en el tiempo que transcurrió, un año y seis meses, sin dar una solución al tema.
“Los ministerios de área trabajan sobre el tema sin dar una solución a este amargo conflicto del Himalaya”, criticó.
Por su parte, el Gobierno informó que restablecerá en los siguientes días el derecho propietario de la mima Himalaya, tal como establece la nueva Constitución Política del Estado.
“Las dificultades que estamos enfrentando son meramente temporales se va a planificar para que en base a la legalidad y los procedimientos que garantiza la propia Constitución personal e individuales de los ciudadanos restableceremos el derecho a la propiedad de la mina Himalaya”, dijo el vicepresidente Álvaro García Linera.
Explicó que la nueva Constitución Política del Estado en ningún momento justifica la ocupación ilegal o arbitraria de propiedades y terrenos de las personas. “Nosotros sabemos los mecanismos que tiene el Estado para restablecer el orden en los distintos lugares”, afirmó.
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