La explotación del litio del salar de Uyuni todavía es un proyecto, pero, en virtud al interés que despierta, no sólo ha motivado múltiples conflictos judiciales y regionales, sino también la inversión de dinero en concesiones, juicios e incluso supuestos sobornos a parlamentarios que ayudaron a reducir la extensión de la reserva natural.
En junio de 2004, dirigentes del Comité Cívico Potosinista y la Central Obrera Departamental protagonizaron una huelga de hambre frente a la Prefectura para exigir que se anulen las concesiones en el salar de Uyuni.
El resultado de esa presión fue que el Gobierno del presidente Carlos Mesa promulgue el Decreto Supremo 27589, que anulaba las concesiones y, al mismo tiempo, abría un periodo de juicios que todavía no termina.
Una vez que el conflicto regional fue superado, el comité cívico evaluó los resultados de su movilización y aprobó una resolución para investigar a los responsables del loteo del salar y el respectivo procesamiento.
El entonces presidente del ente cívico, René Navarro, admite que esa resolución no se ha cumplido y, por tanto, ‘la mafia que loteó Uyuni’ permanece impune, y las sospechas de que cobraron fuertes sumas de dinero son ahora más que nunca.
Hasta el 8 de abril de 1998, la reserva fiscal del salar abarcaba 2.362.000 hectáreas. En la mencionada fecha se promulgó la Ley 1854, que en su artículo único delimita la reserva fiscal en el perímetro que corresponde a la costra salina. Navarro acusó al ex senador Gonzalo Valda de haber proyectado la ley que presentó al Congreso mediante terceros.
El nombre de Valda no figura en la Ley 1854, pero sí de dos ex parlamentarios potosinos, Édgar Lazo y Johnny Plata, además de al menos otro cuatro representantes nacionales.
Por el Poder Ejecutivo firman tres ministros pero, además, está la firma del presidente Hugo Banzer Suárez.
Según Navarro, todos ellos son los loteadores del salar porque, al reducir la reserva fiscal, permitieron que varias empresas, entre ellas la chilena Quiborax, se adjudiquen concesiones en la zona más rica del reservorio y cuando fueron anuladas le iniciaron procesos legales al Estado.
Interés de transnacionales
René Navarro señala que, además de los interesados en el bórax y la ulexita, quienes pagaron a Valda, Lazo y Plata, e incluso ofrecieron sobornos a cívicos, también fueron representantes de empresas que ya entonces tenían interés en el litio.
Actualmente, gigantes automotrices, como la japonesa Mitsubishi, la coreana LG y la francesa Bolloré, han expresado su interés en explotar el salar para obtener litio destinado a baterías. Navarro dijo que ninguna de ellas está relacionada con los afanes de 1998, cuando se redujo la reserva fiscal.
En junio de 2004, dirigentes del Comité Cívico Potosinista y la Central Obrera Departamental protagonizaron una huelga de hambre frente a la Prefectura para exigir que se anulen las concesiones en el salar de Uyuni.
El resultado de esa presión fue que el Gobierno del presidente Carlos Mesa promulgue el Decreto Supremo 27589, que anulaba las concesiones y, al mismo tiempo, abría un periodo de juicios que todavía no termina.
Una vez que el conflicto regional fue superado, el comité cívico evaluó los resultados de su movilización y aprobó una resolución para investigar a los responsables del loteo del salar y el respectivo procesamiento.
El entonces presidente del ente cívico, René Navarro, admite que esa resolución no se ha cumplido y, por tanto, ‘la mafia que loteó Uyuni’ permanece impune, y las sospechas de que cobraron fuertes sumas de dinero son ahora más que nunca.
Hasta el 8 de abril de 1998, la reserva fiscal del salar abarcaba 2.362.000 hectáreas. En la mencionada fecha se promulgó la Ley 1854, que en su artículo único delimita la reserva fiscal en el perímetro que corresponde a la costra salina. Navarro acusó al ex senador Gonzalo Valda de haber proyectado la ley que presentó al Congreso mediante terceros.
El nombre de Valda no figura en la Ley 1854, pero sí de dos ex parlamentarios potosinos, Édgar Lazo y Johnny Plata, además de al menos otro cuatro representantes nacionales.
Por el Poder Ejecutivo firman tres ministros pero, además, está la firma del presidente Hugo Banzer Suárez.
Según Navarro, todos ellos son los loteadores del salar porque, al reducir la reserva fiscal, permitieron que varias empresas, entre ellas la chilena Quiborax, se adjudiquen concesiones en la zona más rica del reservorio y cuando fueron anuladas le iniciaron procesos legales al Estado.
Interés de transnacionales
René Navarro señala que, además de los interesados en el bórax y la ulexita, quienes pagaron a Valda, Lazo y Plata, e incluso ofrecieron sobornos a cívicos, también fueron representantes de empresas que ya entonces tenían interés en el litio.
Actualmente, gigantes automotrices, como la japonesa Mitsubishi, la coreana LG y la francesa Bolloré, han expresado su interés en explotar el salar para obtener litio destinado a baterías. Navarro dijo que ninguna de ellas está relacionada con los afanes de 1998, cuando se redujo la reserva fiscal.
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