Vía libre para la explotación de hierro en Mutún. El Gobierno, a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Superintendencia de Minas, expropió 243 hectáreas de los predios Campiña Grande y San Antonio, pertenecientes al empresario José Eduardo Paz Ortiz. Las tierras están en las faldas del megayacimiento y la siderúrgica Jindal Bolivia prevé iniciar la explotación de hierro a partir del 2 de marzo.
En un acto desarrollado en el área expropiada, el presidente de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM), Guillermo Dalence, explicó que tras el agotamiento de las negociaciones para que esos terrenos sean transferidos de ‘a buenas’ al Estado, la sociedad ganadera Ongole fue notificada con la resolución y se procedió a expropiar las 243 hectáreas.
“Estas tierras pasarán a la Jindal y en marzo la siderúrgica puede comenzar sus operaciones”, sostuvo Dalence.
El director nacional de la entidad agraria, Juan Carlos Rojas, afirmó que el INRA concluyó su trabajo en 17 de los 22 predios afectados por la concesión de Mutún. Agregó que los otros cinco ya cuentan con la resolución final de saneamiento y que en dos de ellos se encontró fraude agrario e incumplimiento de la función económica y social.
Los predios saneados están a la espera del título de propiedad. Ese documento debe registrarse luego en Derechos Reales para que los propietarios puedan suscribir las minutas de transferencia de sus tierras al proyecto minero a cambio de una compensación económica de $us 2,3 millones. Hace 15 días, las Fuerzas Armadas entregaron 171 hectáreas en Puerto Suárez a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) en calidad de comodato, por 40 años, para agilizar la explotación de hierro del Mutún.
Por su lado, el presidente de la Asociación de Ganaderos de Puerto Suárez, Edimir George, indicó que la sociedad Ongole y el INRA no llegaron a ningún acuerdo; sin embargo, no se descarta un proceso legal. “Nosotros queremos que todo sea legal y por el momento sólo esperamos el desembolso de los 2 millones de dólares. Ojalá que no sea mentira”, dijo.
El propietario del área afectada, Paz Ortiz, manifestó que el miércoles de la próxima semana emitirá una posición.
Las actividades de explotación
- Entrega del área. El proceso permitirá entregar el área de concesión hasta el 28 del presente mes a la Jindal, empresa que finalmente empezará con sus operaciones de obras civiles de campamentos, viviendas, montaje de chancadoras y demás obras complementarias dentro del perímetro saneado el próximo mes.
- Antecedentes. La firma del Contrato para la Explotación e Industrialización del megayacimiento de Mutún se concretó el pasado 18 de julio de 2007, mientras que la homologación del contrato a través del Congreso Nacional se efectuó el 30 de noviembre de 2007.
- Pérdidas. Según la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) y la Jindal, por el retraso de saneamiento de tierras en Puerto Suárez, la región ha perdido 300 millones de dólares.
- El acuerdo. El 15 de agosto de 2008 la ESM firmó un convenio con la Asociación de Ganaderos de Puerto Suárez y con nueve propietarios de los predios donde se desarrollarán las actividades de explotación del Mutún. Cuando se firmó el acuerdo entre el Estado boliviano y la empresa, el 50% de la concesión otorgada a la siderúrgica (3.000 has.) estaba en manos de privados. Tras esta expropiación el área queda a total disposición de la siderúrgica india.
Cidob pide juicio para Costas
La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) pidió ayer el enjuiciamiento del prefecto Rubén Costas por inducir a la desobediencia civil en el departamento de Santa Cruz con el fin de evitar la reversión de 40 mil hectáreas en la zona de Alto Parapetí, donde el INRA detectó supuestas relaciones servidumbrales.
El presidente de la organización, Adolfo Chávez, dijo que Costas demostró de manera clara su identificación e inclinación con los ‘poderosos’ en detrimento de las minorías, incluso induciendo a una desobediencia civil.
Por su lado, la Prefectura restó importancia a las declaraciones de Chávez y aclaró que el accionar de la primera autoridad política se enmarca en la defensa de la tierra y en la que están involucradas todas las instituciones.
Cabe recordar que Costas y los cívicos estuvieron el pasado miércoles en Caraparicito junto a los productores.
En otro orden de cosas, el papa Benedicto XVI pidió que "se asegure el acceso equitativo a los recursos de la tierra ahora y en el futuro", como parte de la acción de combate a la miseria, asegurando que el financiamiento a los pequeños agricultores y a las comunidades indígenas es fundamental.
Las declaraciones del Sumo Pontífice fueron realizadas durante la audiencia con los gobernadores del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA).
En un acto desarrollado en el área expropiada, el presidente de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM), Guillermo Dalence, explicó que tras el agotamiento de las negociaciones para que esos terrenos sean transferidos de ‘a buenas’ al Estado, la sociedad ganadera Ongole fue notificada con la resolución y se procedió a expropiar las 243 hectáreas.
“Estas tierras pasarán a la Jindal y en marzo la siderúrgica puede comenzar sus operaciones”, sostuvo Dalence.
El director nacional de la entidad agraria, Juan Carlos Rojas, afirmó que el INRA concluyó su trabajo en 17 de los 22 predios afectados por la concesión de Mutún. Agregó que los otros cinco ya cuentan con la resolución final de saneamiento y que en dos de ellos se encontró fraude agrario e incumplimiento de la función económica y social.
Los predios saneados están a la espera del título de propiedad. Ese documento debe registrarse luego en Derechos Reales para que los propietarios puedan suscribir las minutas de transferencia de sus tierras al proyecto minero a cambio de una compensación económica de $us 2,3 millones. Hace 15 días, las Fuerzas Armadas entregaron 171 hectáreas en Puerto Suárez a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) en calidad de comodato, por 40 años, para agilizar la explotación de hierro del Mutún.
Por su lado, el presidente de la Asociación de Ganaderos de Puerto Suárez, Edimir George, indicó que la sociedad Ongole y el INRA no llegaron a ningún acuerdo; sin embargo, no se descarta un proceso legal. “Nosotros queremos que todo sea legal y por el momento sólo esperamos el desembolso de los 2 millones de dólares. Ojalá que no sea mentira”, dijo.
El propietario del área afectada, Paz Ortiz, manifestó que el miércoles de la próxima semana emitirá una posición.
Las actividades de explotación
- Entrega del área. El proceso permitirá entregar el área de concesión hasta el 28 del presente mes a la Jindal, empresa que finalmente empezará con sus operaciones de obras civiles de campamentos, viviendas, montaje de chancadoras y demás obras complementarias dentro del perímetro saneado el próximo mes.
- Antecedentes. La firma del Contrato para la Explotación e Industrialización del megayacimiento de Mutún se concretó el pasado 18 de julio de 2007, mientras que la homologación del contrato a través del Congreso Nacional se efectuó el 30 de noviembre de 2007.
- Pérdidas. Según la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) y la Jindal, por el retraso de saneamiento de tierras en Puerto Suárez, la región ha perdido 300 millones de dólares.
- El acuerdo. El 15 de agosto de 2008 la ESM firmó un convenio con la Asociación de Ganaderos de Puerto Suárez y con nueve propietarios de los predios donde se desarrollarán las actividades de explotación del Mutún. Cuando se firmó el acuerdo entre el Estado boliviano y la empresa, el 50% de la concesión otorgada a la siderúrgica (3.000 has.) estaba en manos de privados. Tras esta expropiación el área queda a total disposición de la siderúrgica india.
Cidob pide juicio para Costas
La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) pidió ayer el enjuiciamiento del prefecto Rubén Costas por inducir a la desobediencia civil en el departamento de Santa Cruz con el fin de evitar la reversión de 40 mil hectáreas en la zona de Alto Parapetí, donde el INRA detectó supuestas relaciones servidumbrales.
El presidente de la organización, Adolfo Chávez, dijo que Costas demostró de manera clara su identificación e inclinación con los ‘poderosos’ en detrimento de las minorías, incluso induciendo a una desobediencia civil.
Por su lado, la Prefectura restó importancia a las declaraciones de Chávez y aclaró que el accionar de la primera autoridad política se enmarca en la defensa de la tierra y en la que están involucradas todas las instituciones.
Cabe recordar que Costas y los cívicos estuvieron el pasado miércoles en Caraparicito junto a los productores.
En otro orden de cosas, el papa Benedicto XVI pidió que "se asegure el acceso equitativo a los recursos de la tierra ahora y en el futuro", como parte de la acción de combate a la miseria, asegurando que el financiamiento a los pequeños agricultores y a las comunidades indígenas es fundamental.
Las declaraciones del Sumo Pontífice fueron realizadas durante la audiencia con los gobernadores del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA).
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