Todavía no se ha estabilizado la economía sostenida por el sistema productivo de la minería y metalurgia del país, existiendo aún muchas dudas sobre el inmediato comportamiento del gigante comercio externo y las necesidades de la materia prima que especialmente necesitan en países de Asia y Europa, sin descontar el mercado del Norte que entrará en una nueva política financiera.
Lo evidente es que mientras no se regularicen las operaciones de ese gran mercado de minerales y en tanto en nuestro país no se definan políticas de incentivo y seguridades a las inversiones, seguiremos en desventaja frente a los vecinos que están conjurando la crisis gracias a programas de prevención y de amplitud para el desarrollo tecnológico de la producción minera.
Lo importante es que no se ha profundizado la caída de los precios y todavía se mantienen parámetros controlables que permiten mantener operaciones como el caso del estaño, la plata y el oro, excepto el zinc que no ha mejorado en su valor comercial y mantiene fuera de área a centenares de mineros que explotaba ese mineral, particularmente en el distrito de Potosí y parte de Oruro.
La situación económica en su generalidad tiene una serie de altibajos que coloca a los productores mineros frente a disyuntivas particulares, esas que en un determinado momento obligan a medidas valientes, si de seguir se trata o las heroicas si no queda más remedio que el cierre temporal o final de algunos emprendimientos mineros.
Mientras tanto continua la incertidumbre de los mineros cooperativistas y de los chicos que no alcanzan a definir sus proyectos inmediatos en muchos casos complicados por problemas de avasallamientos, pérdida de capitales y equipos y ninguna medida oficial que revierta esa condición de apropiación indebida de la propiedad privada que puede acentuarse con cierto resultado del próximo referéndum que limita el derecho a la tenencia de propiedades mineras.
No sólo se trata de problemas que afectan a los dos sectores de la minería ya descritos, el hecho es que también la minería mediana siente el impacto de la crisis mundial al disminuir el producto de las exportaciones y al mantenerse la inseguridad jurídica que ahuyenta a los inversionistas y disminuye la capacidad operativa de importantes proyectos, como los de San Cristóbal, San Bartolomé en Potosí o los de Inti Raymi y Sinchi Wayra en Oruro.
Se trata de un proceso que debe ser revertido con urgencia, ojalá sucediera así una vez que pase la euforia electoralista que definirá el futuro de la Nación.
Lo evidente es que mientras no se regularicen las operaciones de ese gran mercado de minerales y en tanto en nuestro país no se definan políticas de incentivo y seguridades a las inversiones, seguiremos en desventaja frente a los vecinos que están conjurando la crisis gracias a programas de prevención y de amplitud para el desarrollo tecnológico de la producción minera.
Lo importante es que no se ha profundizado la caída de los precios y todavía se mantienen parámetros controlables que permiten mantener operaciones como el caso del estaño, la plata y el oro, excepto el zinc que no ha mejorado en su valor comercial y mantiene fuera de área a centenares de mineros que explotaba ese mineral, particularmente en el distrito de Potosí y parte de Oruro.
La situación económica en su generalidad tiene una serie de altibajos que coloca a los productores mineros frente a disyuntivas particulares, esas que en un determinado momento obligan a medidas valientes, si de seguir se trata o las heroicas si no queda más remedio que el cierre temporal o final de algunos emprendimientos mineros.
Mientras tanto continua la incertidumbre de los mineros cooperativistas y de los chicos que no alcanzan a definir sus proyectos inmediatos en muchos casos complicados por problemas de avasallamientos, pérdida de capitales y equipos y ninguna medida oficial que revierta esa condición de apropiación indebida de la propiedad privada que puede acentuarse con cierto resultado del próximo referéndum que limita el derecho a la tenencia de propiedades mineras.
No sólo se trata de problemas que afectan a los dos sectores de la minería ya descritos, el hecho es que también la minería mediana siente el impacto de la crisis mundial al disminuir el producto de las exportaciones y al mantenerse la inseguridad jurídica que ahuyenta a los inversionistas y disminuye la capacidad operativa de importantes proyectos, como los de San Cristóbal, San Bartolomé en Potosí o los de Inti Raymi y Sinchi Wayra en Oruro.
Se trata de un proceso que debe ser revertido con urgencia, ojalá sucediera así una vez que pase la euforia electoralista que definirá el futuro de la Nación.
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