En su serie de entrevistas, Perspectiva Minera (PM) buscó la opinión del principal ejecutivo del empresariado privado local el Ing. Luís Ramiro García (LRG) para conocer su opinión sobre las condiciones en que actualmente se desenvuelve la minería, precisamente en un periodo en el que la caída en los precios internacionales afecta su futuro productivo y pone en riesgo los ingresos de la región.
PM.- Este es un periodo muy complicado para el todo el sistema productivo, pero de manera particular para la minería, cree Ud. que los industriales mineros están preparados para enfrentar la crisis?.
LRG.- La situación del empresariado orureño esta acorde con el empresariado nacional, ya que actualmente vivimos una coyuntura difícil por que el gobierno aplica políticas que desfavorecen a diferentes sectores, tenemos medidas sociales con incremento de sueldos, modificaciones a la ley laboral que no consideran la situación actual que tienen algunas empresas y que podrían verse afectadas por este instrumento legal en cuanto a seguir operando o provocar su cierre.
El sector minero vive una coyuntura difícil por los cambios en el nuevo Código Minero que afectarán de manera directa a los mineros chicos, medianos y grandes por las modificaciones a introducirse y por la ausencia de una política minera de incentivo que garantice la continuidad de estas operaciones productivas para generar nuevas fuentes de trabajo, que resultan ser las más efectivas y de constante aumento.
De igual manera el sector servicios esta siendo amenazado por una posible nacionalización y esa situación genera desconfianza y perjudica nuevos proyectos para el desarrollo regional, frenado la libre iniciativa privada que no termina de comprender cómo quiere reactivar el aparato productivo el gobierno.
Todas estas acciones y políticas gubernamentales han creado un clima de incertidumbre, de falta de seguridad jurídica y la ausencia de inversión, con el consiguiente daño a la región por la falta de generación de empleo como el mejor camino de luchar contra la pobreza, realizando grandes gastos e inversiones no rentables que dan lugar a la existencia de más familias de escasos recursos por el cierre de factorías y otras empresas que mantienen regularmente a importante número de trabajadores.
PM.- Las cosas se dan de ese modo complicado, pero además la minería tiene otras restricciones como la falta de seguridad jurídica y de garantías.
LRG.- Cierto, las mayores dificultades están en la falta de seguridad jurídica, esto conduce a que ni los empresarios bolivianos ni extranjeros quieran invertir en el país, postergando indefinidamente la generación de nuevos empleos y que no se tenga alternativas de trabajo para los bolivianos, haciendo a la larga que Bolivia se convierta en país inviable para nuevas inversiones.
Las soluciones tienen que venir del gobierno, la actual coyuntura de los precios de los minerales muestra un momento excepcional, pero si el gobierno cambia las reglas de juego, no habrán inversiones y además sabemos que el gobierno no tiene la capacidad económica para generar proyectos de magnitud como San Cristóbal o San Bartolomé, el mismo caso de Kori Kollo y Kori Chaca, lo que motivará a quedarnos con potenciales yacimientos bajo tierra y sin posibilidades de explotar esos recursos para generar empleos y riqueza para las regiones.
Si nos quedamos con los yacimientos vamos a seguir siendo pobres porque nunca llegará la diversificación de la producción, mientras nuestros vecinos crecen potencialmente y desarrollan la gran minería como ocurre con el Perú que ha tenido un gran repunte en cuanto a inversión, exploración y explotación minera, lo que se ha traducido en un crecimiento excepcional acompañado de una baja inflación, demostrando que si se promueve la inversión estos serán los resultados.
Otro país sin ser tradicionalmente minero ha permitido importantes inversiones y ahora se sitúa como uno de los principales exportadores mineros, cuando antes se registraba como productor de carne, es la Argentina, donde nacen nuevas empresas y se genera nuevos emprendimientos productivos.
PM.- Oruro como ninguno de los otros distritos, sufre las contingencias de una falta de políticas adecuadas en minería y las que favorezcan el crecimiento de la industria, a lo que se suman actividades ilegales como el “juqueo” en las minas o el contrabando abierto, en el empresariado como se sortean estas dificultades?
LRG.- En lo referente a la industria, evidentemente esta afectada por la política cambiaria, ya que eso favorece a los importadores de productos terminados y pone en peligro la subsistencia de las empresas nacionales.
Es necesario fortalecer al sector industrial por ser el mayor generador de empleo, hay que desarrollar la industria productiva y conceder préstamos de fomento a todos los sectores, los industriales mineros también lo han solicitado y principalmente otorgarles seguridad en cuanto a las reglas laborales, para llegar a diversificar su producción y multiplicar los empleos.
El problema del juqueo (robo de minerales), contrabando y narcotráfico son lacras que están destruyendo nuestro país y nuestra sociedad, el juqueo en Oruro esta inmerso en las minas estatales, ya que pese a los sistemas de control implantados este continua por que no se establece medidas drásticas contra este mal, los jucus como se denomina a los ladrones de mineral, conocen los parajes, ingresan a interior mina burlando sistemas de vigilancia y están muy bien organizados, pero muchas veces son los propios trabajadores que se prestan a esta practica tan perniciosa para la empresa y para el país.
El contrabando es otra actividad muy corriente en la ciudad de Oruro, hay grandes evasores que transitan por las carreteras y que debido a la escasa fuerza policial y a la corrupción existente en la Aduana Nacional no se pueda luchar contra este flagelo.
PM.- Estamos a horas de que se cumpla en el país un referéndum dirimítorio, se trata de una enorme responsabilidad ciudadana si consideramos que se pone en juego el futuro y la seguridad del aparato productivo nacional. Para los empresarios hay salidas normales en este proceso de cambios forzados?
PM.- Este es un periodo muy complicado para el todo el sistema productivo, pero de manera particular para la minería, cree Ud. que los industriales mineros están preparados para enfrentar la crisis?.
LRG.- La situación del empresariado orureño esta acorde con el empresariado nacional, ya que actualmente vivimos una coyuntura difícil por que el gobierno aplica políticas que desfavorecen a diferentes sectores, tenemos medidas sociales con incremento de sueldos, modificaciones a la ley laboral que no consideran la situación actual que tienen algunas empresas y que podrían verse afectadas por este instrumento legal en cuanto a seguir operando o provocar su cierre.
El sector minero vive una coyuntura difícil por los cambios en el nuevo Código Minero que afectarán de manera directa a los mineros chicos, medianos y grandes por las modificaciones a introducirse y por la ausencia de una política minera de incentivo que garantice la continuidad de estas operaciones productivas para generar nuevas fuentes de trabajo, que resultan ser las más efectivas y de constante aumento.
De igual manera el sector servicios esta siendo amenazado por una posible nacionalización y esa situación genera desconfianza y perjudica nuevos proyectos para el desarrollo regional, frenado la libre iniciativa privada que no termina de comprender cómo quiere reactivar el aparato productivo el gobierno.
Todas estas acciones y políticas gubernamentales han creado un clima de incertidumbre, de falta de seguridad jurídica y la ausencia de inversión, con el consiguiente daño a la región por la falta de generación de empleo como el mejor camino de luchar contra la pobreza, realizando grandes gastos e inversiones no rentables que dan lugar a la existencia de más familias de escasos recursos por el cierre de factorías y otras empresas que mantienen regularmente a importante número de trabajadores.
PM.- Las cosas se dan de ese modo complicado, pero además la minería tiene otras restricciones como la falta de seguridad jurídica y de garantías.
LRG.- Cierto, las mayores dificultades están en la falta de seguridad jurídica, esto conduce a que ni los empresarios bolivianos ni extranjeros quieran invertir en el país, postergando indefinidamente la generación de nuevos empleos y que no se tenga alternativas de trabajo para los bolivianos, haciendo a la larga que Bolivia se convierta en país inviable para nuevas inversiones.
Las soluciones tienen que venir del gobierno, la actual coyuntura de los precios de los minerales muestra un momento excepcional, pero si el gobierno cambia las reglas de juego, no habrán inversiones y además sabemos que el gobierno no tiene la capacidad económica para generar proyectos de magnitud como San Cristóbal o San Bartolomé, el mismo caso de Kori Kollo y Kori Chaca, lo que motivará a quedarnos con potenciales yacimientos bajo tierra y sin posibilidades de explotar esos recursos para generar empleos y riqueza para las regiones.
Si nos quedamos con los yacimientos vamos a seguir siendo pobres porque nunca llegará la diversificación de la producción, mientras nuestros vecinos crecen potencialmente y desarrollan la gran minería como ocurre con el Perú que ha tenido un gran repunte en cuanto a inversión, exploración y explotación minera, lo que se ha traducido en un crecimiento excepcional acompañado de una baja inflación, demostrando que si se promueve la inversión estos serán los resultados.
Otro país sin ser tradicionalmente minero ha permitido importantes inversiones y ahora se sitúa como uno de los principales exportadores mineros, cuando antes se registraba como productor de carne, es la Argentina, donde nacen nuevas empresas y se genera nuevos emprendimientos productivos.
PM.- Oruro como ninguno de los otros distritos, sufre las contingencias de una falta de políticas adecuadas en minería y las que favorezcan el crecimiento de la industria, a lo que se suman actividades ilegales como el “juqueo” en las minas o el contrabando abierto, en el empresariado como se sortean estas dificultades?
LRG.- En lo referente a la industria, evidentemente esta afectada por la política cambiaria, ya que eso favorece a los importadores de productos terminados y pone en peligro la subsistencia de las empresas nacionales.
Es necesario fortalecer al sector industrial por ser el mayor generador de empleo, hay que desarrollar la industria productiva y conceder préstamos de fomento a todos los sectores, los industriales mineros también lo han solicitado y principalmente otorgarles seguridad en cuanto a las reglas laborales, para llegar a diversificar su producción y multiplicar los empleos.
El problema del juqueo (robo de minerales), contrabando y narcotráfico son lacras que están destruyendo nuestro país y nuestra sociedad, el juqueo en Oruro esta inmerso en las minas estatales, ya que pese a los sistemas de control implantados este continua por que no se establece medidas drásticas contra este mal, los jucus como se denomina a los ladrones de mineral, conocen los parajes, ingresan a interior mina burlando sistemas de vigilancia y están muy bien organizados, pero muchas veces son los propios trabajadores que se prestan a esta practica tan perniciosa para la empresa y para el país.
El contrabando es otra actividad muy corriente en la ciudad de Oruro, hay grandes evasores que transitan por las carreteras y que debido a la escasa fuerza policial y a la corrupción existente en la Aduana Nacional no se pueda luchar contra este flagelo.
PM.- Estamos a horas de que se cumpla en el país un referéndum dirimítorio, se trata de una enorme responsabilidad ciudadana si consideramos que se pone en juego el futuro y la seguridad del aparato productivo nacional. Para los empresarios hay salidas normales en este proceso de cambios forzados?
LRG.- El presente año será trascendental para el sector privado ya que se definirán muchas medidas que podrían afectarlo, como ser la aprobación de la CPE propuesta por el MAS, o la modificación de leyes y decretos que afecten a diferentes sectores como ser minería, electricidad y otros. Es por esto que los resultados que se tengan en el referéndum serán definitorios para el sector, consideramos que el gobierno debería flexibilizar las posiciones intransigentes que ha tomado en la aprobación de la nueva CPE, los recursos del IDH y todas las medidas aprobadas con manipulaciones legales o sociales.
Sería importante que comprenda que el sector privado es el motor de la economía por su aporte al Tesoro General de la Nación, por la capacidad de genera empleo y mostrar señales de apertura a la inversión, nosotros pensamos que se puede convivir entre estado e inversión privada, con una sola finalidad que es la de poder dar trabajo y estabilidad a las familias bolivianas.
Marcada esperanza en el futuro nacional. Hay un criterio coincidente, el país necesita una nueva dinámica administrativa que priorice la economía y en el caso de Oruro sus fuentes productivas más importantes, la minería y su industria.
No hay comentarios:
Publicar un comentario