jueves, 25 de diciembre de 2008

FELIZ NAVIDAD: Nueva C.P.E puede decretar la muerte del sector minero privado del país



Con el afán de entregar a nuestros lectores, opiniones de los protagonistas de la actividad minera, desde ángulos tan particulares que tienen que ver con la economía nacional partiendo de las exportaciones de nuestras riquezas mineralógicas, cuyas divisas constituyen el segundo renglón de los ingresos al Tesoro General de la Nación (TGN), hay que valorar que su disminución puede ocasionar un gravísimo problema en el conjunto de las finanzas nacionales.

Después de los hidrocarburos, la minería y metalurgia son los sistemas con el mayor índice de utilidad para engrosar las cuentas del Erario y favorecer a una distribución de recursos que asegura el desarrollo del país, pero…quién creyera, no precisamente de las regiones productoras de minerales, que como Oruro y Potosí, se debaten en una aguda y casi permanente crisis.

Las cosas se tornan más delicadas en la actualidad con un descenso en las cotizaciones de los precios internacionales de minerales, lo que restringe el rubro de exportaciones. ¿Cuáles son los efectos inmediatos de este fenómeno cíclico en la minería?, es la pregunta con la que iniciamos nuestra entrevista con el conocido empresario minero, past presidente de la Cámara de Exportadores de Oruro (Cadexor) y actual presidente del Comité Boliviano de Productores de Antimonio, Don Mario Mariscal Morales (MM). Así se desarrolla éste interesante diálogo.

EXPORTACIONES RESTRINGIDAS
M.M.- El aspecto de la minería en este momento es de franca crisis, una crisis de la que no sabemos como podemos salir, sin embargo el Estado sigue minimizando la actividad empresarial minera. Me corresponde referirme a la Cámara de Exportadores, Cadexor, donde nos hemos visto afectados con la dictación de un Decreto Supremo por el que nos quitan virtualmente el sistema de Ventanilla Unica o la Unidad de Certificación, hay una nueva entidad que se ha conformado con la sigla Senavex que funcionará en todo el país, con su oficina principal en La Paz y unidades departamentales.

PM.- Se habrán detectado algunos problemas para que el Gobierno asuma la decisión de cambiar algunas actividades de la Cámara de Exportadores?

M.M.- Nosotros como Cámara de Exportadores hemos tratado de organizar una unidad para inmediato servicio al exportador, tan ágil que despachaba una póliza en no más de dos horas, ahora con el funcionamiento de una planta burocrática ya no sabemos que pasará y cuanto se demorará en emitir la certificación de exportación. Parece que este gobierno está empeñado en intimidar y hacer perder toda su vigencia al sector privado nacional, me parece que esa es la meta.

PM.- Hay trabas desde el sector oficial que alteran las actividades del sector exportador, especialmente en el caso de los minerales, pese a que este rubro se considera clave para la economía nacional, cuál es la visión de Ustedes?.

M.M..- No podemos concebir una actitud semejante del gobierno cuando el país vive de los ingresos de la minería, el segundo en importancia en la generación de divisas. La crisis en los precios de los minerales, caso del zinc está depreciado al máximo, la otra semana registró 0,49 libra fina y el estaño 5.40 para libra fina, son cotizaciones absolutamente marginales.

MUERTE DE LA MINERIA
P.M.- Por decirlo de manera clínica y crítica, ¿la minería ha ingresado a la sala de terapia intensiva, cuál puede ser el final?

M.M.- Terapia intensiva es todavía un paso leve, la minería está al paso de su muerte y no sabemos que política de salvación implementará el Ministerio de Minería, hay que recordar que los empresarios del sector hemos insistido repetidas veces en variadas reuniones la necesidad de que se implemente una política minero metalúrgica bien definida, saber si se van a dictar esas medidas o simplemente paliativos sin futuro, sabiendo además que en el texto de la nueva Constitución Política se establecen medidas que prácticamente decretan la muerte del sector minero privado, virtualmente hay una confiscación de todas las concesiones mineras y nos quieren volver simples operadores mineros para suscribir contratos con Comibol…

P.M.- Es decir tal perspectiva consolidaría la política permisible de los avasallamientos que se han producido?

M.M.- Evidente, exactamente, es una política de avasallamiento legalizado, es el objeto de las medidas del ministerio a través de Comibol, sin embargo conviene resaltar una duda ¿Qué es en este momento la Comibol?, es nada más que un holding de empresas que administra contratos de joint venture o de arrendamientos y de momento opera sólo con Huanuni, con una experiencia absolutamente negativa que proviene desde la nacionalización de las minas, es decir desde medio siglo atrás, con las mismas características, no hay políticas de renovación en minería, donde nos quieren arrastrar, esa es la gran duda, parecería que el sector productivo ya no tiene significación en este país y que sólo la política que reconoce a los originarios les otorga ventajas para que tengan derechos sobre el suelo, pese a que todos somos bolivianos iguales, pero por mineros y empresarios, desiguales.

CAMBIOS DE TRIBUTACION
P.M.- Con relación a estos temas que afectan sensiblemente a la minería privada y restringen las exportaciones de nuestras riquezas, en el último tiempo más allá de disponerse medidas de incentivo para tentar inversiones, se observa más bien una actitud oficial para ahuyentar capitales con una política tributaria que le quita competitividad al productor minero, ¿cómo manejan esa situación en su sector?.

M.M.- El cambio tributario ya se lo aplicó hace dos años tras estableciendo nuevas escalas para el pago de regalías y aplican además un impuesto del 12.5 por ciento sobre utilidades que va por encima del 25 por ciento que debemos pagar normalmente, sin pensar en que las utilidades han rebajado, no hay ganancias, las cotizaciones por el suelo, una situación que el gobierno debería manejar con otro sentido práctico, es decir rebajar los impuestos o una regalía cero, principalmente en los minerales marginales como el zinc y el estaño y otros que virtualmente no pueden ser operables, se hace necesaria una racionalización en los temas tributarios, pero concertando entre los productores y las autoridades, para que no se apliquen medidas arbitrarias.

NUBARRONES EN EL FUTURO
P.M.– Fuera de los reclamos que constantemente formulan los industriales mineros privados a través de sus directivos, observamos en Oruro que no hay ni siquiera en el momento actual, la fuerza institucional cívica que defienda los intereses regionales, los empresarios mineros privados que perspectivas tienen para el futuro.

M.M.– Hasta hace cuatro meses atrás la prefectura ha estado recibiendo de manera regular los fondos provenientes de regalías mineras en su integridad debiendo cumplirse que el 18 % de tales recursos debieron ser dispuestos para promover programas netamente mineros, saneamiento ambiental, habilitación de yacimientos mineros donde puedan ser ubicados ya sea cooperativistas o cualquier productor que se interese en explotar yacimientos mineros…No sabemos como se han utilizados esos recursos, que fin ha dado la Prefectura a tales fondos. Ahora bien sobre esa dirección de minería que debía impulsar los proyectos mineros, hay que señalar que en realidad se trata de una oficina del Servicio de Registro Nacional de Industriales Mineros y comercializadores, pero vemos que tal dependencia es absolutamente inoperante y está perjudicando las operaciones de exportación de minerales, pero aún con la creación a nivel nacional del Senavex y el Senarecom que ya funciona, tendrán una confrontación de atribuciones relacionadas con la actividad minera y lo peor es que esos problemas afectarán las exportaciones de minerales.

Opinión que demuestra claramente la preocupación del empresariado privado de la minería frente a la carencia de políticas para el sector que permitan su sobrevivencia en las actuales circunstancias, pero con reglas de juego que garanticen seguridad jurídica, para evitar avasallamientos y al mismo tiempo permitan inversiones para “reactivar la minería nacional” con sentido práctico que se traduciría en mayores ingresos para el TGN y para las prefecturas por vía de las regalías mineras.

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