Wilson Guzmán y Juan Mejía
El Poder Ejecutivo afirma que logró conseguir mercado para el concentrado de zinc. El director nacional de Minería, Freddy Beltrán, informó que de Corea consiguieron un pedido de 10.000 toneladas mensuales, que puede ser cubierto en los primeros días de diciembre.
Beltrán indicó que Asia siempre ha sido un mercado natural para el zinc boliviano y que lo único que se ha hecho es restablecer las negociaciones. Enfatizó que del 100% que se exportaba, el 50% iba a ese mercado (Corea, el mayor comprador, luego Japón y China).
Este anuncio fue tomado con cierta cautela en el sector minero. Simón Avilés, propietario de varios ingenios en Potosí, indicó que el problema de la minería es el bajo precio internacional y no la falta de mercados.
El vicepresidente de la Asociación de Cooperativas de Potosí, Corfino Villanueva, destacó que ellos están dispuestos a exportar en esas condiciones, ya que el soporte del Gobierno les permitirá subsistir hasta que mejoren las condiciones del mercado internacional.
Potosí tiene capacidad de producir 4.500 toneladas de concentrado de zinc. El saldo sería cubierto por la producción de Oruro y La Paz.
En otro orden de cosas, Beltrán informó de que los formularios para inscribirse al Servicio Nacional de Registro, Control y Comercialización de Minerales (Senarecom) ya se encuentran en las oficinas de La Paz, Oruro y Potosí.
Se espera que desde el lunes los mineros se registren para acceder al crédito. Villanueva informó de que recogieron los formularios y los repartieron en las diferentes cooperativas para que se puedan inscribir. En Oruro también se apersonaron a las oficinas del Senarecom y recogieron los formularios.
Los cooperativistas de Oruro pidieron al Gobierno que compre un ingenio con capacidad de procesar 100 a 150 toneladas de zinc. Beltrán dijo que esto era factible y que dependía de que los mineros hagan llegar una propuesta.
Ex trabajadores mineros gasificados por reclamar
Los efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) gasificaron, a un grupo de ancianos ex trabajadores mineros relocalizados en 1985 y 1986, que desde el martes mantienen una vigilia en las inmediaciones de la Comibol.
Carlos Villarroel, dirigente del sector, informó de que ganaron un juicio en todas sus instancias a la Comibol, proceso que duró más de 20 años y que determinó el pago de Bs 23 millones, que benefician a 2.667 relocalizados. Este dinero debe ser destinado a la nivelación de las rentas de indemnización.
Ante la represión policial, tres ancianos, con el dorso desnudo, se crucificaron en las rejas de la Comibol en protesta porque el Poder Ejecutivo y la Comibol se niegan a cumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Son 2.667 los ex trabajadores que exigen al Gobierno cumpla lo dispuesto por la Suprema y amenazan con inmolarse si no consiguen este beneficio. /ANF
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