El gobierno decretó este miércoles la asistencia social humanitaria con 50.000 bolivianos, a través de un pago único, para los familiares de los fallecidos en los sucesos acaecidos en la localidad de Caihuasi, Oruro.
El martes 5 de agosto, el enfrentamiento ocurrido entre mineros y policías en Caihuasi dejó dos personas muertas, ambos trabajadores del subsuelo, y una treintena de heridos.
Luís Hernán Montero Claros de 26 años y Roberto Cáceres Fábrica de 24 años, ambos trabajadores mineros de Huanuni fallecieron el 5 de agosto en inmediaciones de la población de Caihuasi por impactos de bala, durante el enfrentamiento entre los trabajadores del subsuelo y efectivos policiales.
De acuerdo al decreto supremo aprobado en gabinete, el Ministerio de Justicia deberá proporcionar los nombres de las dos víctimas para que la Unidad de Apoyo a la Gestión Social del Ministerio de la Presidencia realice el pago único excepcional.
“La asistencia social humanitaria para los fallecidos consiste en un pago global y único de 50.000 bolivianos a favor de los familiares de cada uno de los fallecidos que será otorgado en prelación y de manera excluyente, a los hijos, al cónyuge supérstite o conviviente debidamente legitimado o en su defecto, a los padres”, dice el decreto en su artículo cuatro.
También señala que la Unidad de Apoyo a la Gestión Social coordinará con el Ministerio de Justicia los procesos de declaratoria de herederos para los familiares de los fallecidos.
El martes 5 de agosto, el enfrentamiento ocurrido entre mineros y policías en Caihuasi dejó dos personas muertas, ambos trabajadores del subsuelo, y una treintena de heridos.
Luís Hernán Montero Claros de 26 años y Roberto Cáceres Fábrica de 24 años, ambos trabajadores mineros de Huanuni fallecieron el 5 de agosto en inmediaciones de la población de Caihuasi por impactos de bala, durante el enfrentamiento entre los trabajadores del subsuelo y efectivos policiales.
De acuerdo al decreto supremo aprobado en gabinete, el Ministerio de Justicia deberá proporcionar los nombres de las dos víctimas para que la Unidad de Apoyo a la Gestión Social del Ministerio de la Presidencia realice el pago único excepcional.
“La asistencia social humanitaria para los fallecidos consiste en un pago global y único de 50.000 bolivianos a favor de los familiares de cada uno de los fallecidos que será otorgado en prelación y de manera excluyente, a los hijos, al cónyuge supérstite o conviviente debidamente legitimado o en su defecto, a los padres”, dice el decreto en su artículo cuatro.
También señala que la Unidad de Apoyo a la Gestión Social coordinará con el Ministerio de Justicia los procesos de declaratoria de herederos para los familiares de los fallecidos.
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