El proyecto de nueva Constitución Política del Estado aprobado en diciembre de 2007 garantiza la participación activa de la explotación de los yacimientos mineros del territorio nacional.
La posición fue dada a conocer por el asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) por Oruro, Pablo Zubieta Arce, quien aseguró que dicho documento garantiza recursos económicos para el Estado por la explotación de las riquezas minerales.
“Corresponde al Estado boliviano la administración de los recursos naturales, pero la propiedad queda absolutamente claro que es de Bolivia, por lo que los beneficios de su aprovechamiento deben corresponder al pueblo boliviano”, afirmó.
Realizó esa declaración ante la consulta sobre el papel que se establece el proyecto de Constitución Política del Estado sobre las riquezas naturales mineralógicas que tiene Bolivia.
Explicó que el proyecto de Constitución primeramente establece una política general con relación a los recursos naturales no renovables entre ellos obviamente los minerales, por lo que el proyecto de texto constitucional indica que todos los recursos naturales constituyen propiedad y dominio directo del pueblo boliviano.
El asambleísta del oficialismo indicó que el documento señala que los yacimientos mineralógicos será de diferentes formas de explotación a través de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
“La presencia del Estado será fundamental en la explotación de los yacimientos mineralógicos, pero también de otros actores como la empresa privada o en su caso las cooperativas mineras”, afirmó.
Pablo Zubieta manifestó que las formas de economía como es la economía estatal, la economía privada y la economía cooperativizada el proyecto de Constitución Política del Estado establece la formación de organizaciones económicas mixtas para realizar la explotación de los recursos naturales.
Explicó que en el caso concreto de las transformaciones que plantea dicho proyecto, se indica que los recursos naturales minerales que son propiedad del pueblo boliviano por lo que deben migrar a nuevos contratos con la participación activa del Estado.
“Las actuales concesiones mineras que son explotadas por terceras personas o empresas que fueron concedidas en el pasado deben entrar en un proceso de reconversión para trabajar mediante la firma de contratos de operación con el Estado nacional”, afirmó.
La asambleísta del oficialismo indicó que en un tiempo establecido que puede ser un año deben reconvertir sus condiciones de explotación de los yacimientos mineros de Bolivia.
Zubieta ejemplificó con el contrato del hierro en El Mutún en Santa Cruz, ya que no se cedió la concesión minera, sino se firmó un contrato de explotación de ese mineral con inversiones de la empresa privada, pero se establece la cantidad de mineral a explotarse.
Agregó que con ese tipo de contrato se garantiza las inversiones económicas, la generación de fuentes de trabajo de forma directa e indirecta y principalmente los porcentajes de participación del Estado y la empresa privada en lo que se refiere a las utilidades, pago de regalías mineras o otros temas económicos.
El asambleísta orureño indicó que también sucede lo mismo con el proyecto de Coro Coro donde existe cobre, ya que se firmó un contrato de operación con una empresa Coreana y la modalidad es un contrato de riesgo compartido.
“Los nuevos contratos de riesgo compartido serán diferentes, ya que los contratos actuales indican que la empresa privada se queda con el 80 por ciento y el Estado solamente tenía la posibilidad de acceder apenas a un 20 por ciento, mientras que en los nuevos contratos se establece que el Estado tiene más del 50 por ciento de participación”, afirmó.
Pablo Zubieta señaló que la administración de la explotación de los yacimientos mineros será de manera rotativa, un tiempo estará a cargo del Estado y otro tiempo a cargo del operador privado.
La posición fue dada a conocer por el asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) por Oruro, Pablo Zubieta Arce, quien aseguró que dicho documento garantiza recursos económicos para el Estado por la explotación de las riquezas minerales.
“Corresponde al Estado boliviano la administración de los recursos naturales, pero la propiedad queda absolutamente claro que es de Bolivia, por lo que los beneficios de su aprovechamiento deben corresponder al pueblo boliviano”, afirmó.
Realizó esa declaración ante la consulta sobre el papel que se establece el proyecto de Constitución Política del Estado sobre las riquezas naturales mineralógicas que tiene Bolivia.
Explicó que el proyecto de Constitución primeramente establece una política general con relación a los recursos naturales no renovables entre ellos obviamente los minerales, por lo que el proyecto de texto constitucional indica que todos los recursos naturales constituyen propiedad y dominio directo del pueblo boliviano.
El asambleísta del oficialismo indicó que el documento señala que los yacimientos mineralógicos será de diferentes formas de explotación a través de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
“La presencia del Estado será fundamental en la explotación de los yacimientos mineralógicos, pero también de otros actores como la empresa privada o en su caso las cooperativas mineras”, afirmó.
Pablo Zubieta manifestó que las formas de economía como es la economía estatal, la economía privada y la economía cooperativizada el proyecto de Constitución Política del Estado establece la formación de organizaciones económicas mixtas para realizar la explotación de los recursos naturales.
Explicó que en el caso concreto de las transformaciones que plantea dicho proyecto, se indica que los recursos naturales minerales que son propiedad del pueblo boliviano por lo que deben migrar a nuevos contratos con la participación activa del Estado.
“Las actuales concesiones mineras que son explotadas por terceras personas o empresas que fueron concedidas en el pasado deben entrar en un proceso de reconversión para trabajar mediante la firma de contratos de operación con el Estado nacional”, afirmó.
La asambleísta del oficialismo indicó que en un tiempo establecido que puede ser un año deben reconvertir sus condiciones de explotación de los yacimientos mineros de Bolivia.
Zubieta ejemplificó con el contrato del hierro en El Mutún en Santa Cruz, ya que no se cedió la concesión minera, sino se firmó un contrato de explotación de ese mineral con inversiones de la empresa privada, pero se establece la cantidad de mineral a explotarse.
Agregó que con ese tipo de contrato se garantiza las inversiones económicas, la generación de fuentes de trabajo de forma directa e indirecta y principalmente los porcentajes de participación del Estado y la empresa privada en lo que se refiere a las utilidades, pago de regalías mineras o otros temas económicos.
El asambleísta orureño indicó que también sucede lo mismo con el proyecto de Coro Coro donde existe cobre, ya que se firmó un contrato de operación con una empresa Coreana y la modalidad es un contrato de riesgo compartido.
“Los nuevos contratos de riesgo compartido serán diferentes, ya que los contratos actuales indican que la empresa privada se queda con el 80 por ciento y el Estado solamente tenía la posibilidad de acceder apenas a un 20 por ciento, mientras que en los nuevos contratos se establece que el Estado tiene más del 50 por ciento de participación”, afirmó.
Pablo Zubieta señaló que la administración de la explotación de los yacimientos mineros será de manera rotativa, un tiempo estará a cargo del Estado y otro tiempo a cargo del operador privado.
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