El Gobierno de Evo Morales no tiene los recursos económicos suficientes para nacionalizar los yacimientos mineros del país, por esa razón se están mejorando los contratos de arrendamiento por contratos de riesgo compartido.
La posición fue dada a conocer por el secretario de relaciones de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) Juan Rocha Zurita, quien indicó que para asumir una determinación de esas características el gobierno tiene que garantizar las fuentes de trabajo de los miles de mineros y sobre todo su estabilidad laboral.
“Yo pienso que el gobierno debe tomar la decisión de nacionalizar o no los yacimientos mineros de Bolivia, pero en la realidad vemos que no existen los recursos económicos para asumir esa determinación y además están cambiando los contratos de arrendamiento por los contratos de riesgo compartido”, señaló.
Realizó esa declaración ante la posición del secretario ejecutivo de la federación de Mineros, Guido Mitma, quien aseguró que ahora se tiene que nacionalizar todas las minas para que los bolivianos se beneficien con la explotación de esos recursos naturales.
Agregó que el documento político aprobado en el XXX Congreso Ordinario de la Fstmb establece la recuperación de las riquezas naturales, por lo que el Estado debe explotar los yacimientos mineros.
El Estado en la actualidad tiene varios contratos de riesgo compartido con empresas privadas pero la mayoría está en contrato de arrendamiento con las cooperativas mineras.
Los yacimientos de Colquiri (La Paz) y Porco (Potosí) son administrados por Sinchi Wayra, bajo el sistema de arrendamiento con la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), pero recientemente ambas instituciones acordaron que esos contratos migrarán a riesgo compartido.
Los dirigentes de la Fstmb analizarán la política minera del gobierno.
Los dirigentes de la Fstmb analizarán la política minera del gobierno.
La determinación del gobierno de tener contratos de riesgo compartido es para que el Estado a través de la Comibol tenga una participación del 50 por ciento en la administración de los yacimientos mineros.
Juan Rocha Zurita indicó que otra muestra de ello es que recientemente se firmó contrato de riesgo compartido entre una empresa de la India como es la Jindal y el ministerio de Minería y Metalurgia para la explotación del hierro del Mutún de Santa Cruz.
Lo mismo sucede con el proyecto de Coro Coro, ya que se firmó otro contrato de riesgo compartido con la empresa Kemco Kores – Korea, para realizar trabajos de prospección y explotación del yacimiento minero.
“La firma de estos contratos de riesgo compartido confirman que el Estado boliviano mantendrá ese tipo de documentos con las empresa privadas en todo el país, además se tiene que definir la determinación que tomemos en el Comité Ejecutivo nacional de la federación de Mineros respecto a una nacionalización de minas”, señaló.
La posición fue dada a conocer por el secretario de relaciones de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) Juan Rocha Zurita, quien indicó que para asumir una determinación de esas características el gobierno tiene que garantizar las fuentes de trabajo de los miles de mineros y sobre todo su estabilidad laboral.
“Yo pienso que el gobierno debe tomar la decisión de nacionalizar o no los yacimientos mineros de Bolivia, pero en la realidad vemos que no existen los recursos económicos para asumir esa determinación y además están cambiando los contratos de arrendamiento por los contratos de riesgo compartido”, señaló.
Realizó esa declaración ante la posición del secretario ejecutivo de la federación de Mineros, Guido Mitma, quien aseguró que ahora se tiene que nacionalizar todas las minas para que los bolivianos se beneficien con la explotación de esos recursos naturales.
Agregó que el documento político aprobado en el XXX Congreso Ordinario de la Fstmb establece la recuperación de las riquezas naturales, por lo que el Estado debe explotar los yacimientos mineros.
El Estado en la actualidad tiene varios contratos de riesgo compartido con empresas privadas pero la mayoría está en contrato de arrendamiento con las cooperativas mineras.
Los yacimientos de Colquiri (La Paz) y Porco (Potosí) son administrados por Sinchi Wayra, bajo el sistema de arrendamiento con la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), pero recientemente ambas instituciones acordaron que esos contratos migrarán a riesgo compartido.
Los dirigentes de la Fstmb analizarán la política minera del gobierno.
Los dirigentes de la Fstmb analizarán la política minera del gobierno.
La determinación del gobierno de tener contratos de riesgo compartido es para que el Estado a través de la Comibol tenga una participación del 50 por ciento en la administración de los yacimientos mineros.
Juan Rocha Zurita indicó que otra muestra de ello es que recientemente se firmó contrato de riesgo compartido entre una empresa de la India como es la Jindal y el ministerio de Minería y Metalurgia para la explotación del hierro del Mutún de Santa Cruz.
Lo mismo sucede con el proyecto de Coro Coro, ya que se firmó otro contrato de riesgo compartido con la empresa Kemco Kores – Korea, para realizar trabajos de prospección y explotación del yacimiento minero.
“La firma de estos contratos de riesgo compartido confirman que el Estado boliviano mantendrá ese tipo de documentos con las empresa privadas en todo el país, además se tiene que definir la determinación que tomemos en el Comité Ejecutivo nacional de la federación de Mineros respecto a una nacionalización de minas”, señaló.
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