• Diputados exigieron al Gobierno de Chile que remita las indicaciones pendientes
Un año lleva paralizado en el Congreso el proyecto de ley que la Presidenta Michelle Bachelet envió el 13 de marzo de 2007 al Legislativo, destinado a dotar a Codelco de un nuevo gobierno corporativo y a aplicarle, por ley, las normas que rigen a las sociedades anónimas abiertas, sometiéndola a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
La iniciativa está en espera de que el Ejecutivo envíe indicaciones que hace 10 meses fueron consensuadas con los miembros de la comisión de Minería de la Cámara de Diputados.
El domingo pasado “El Mercurio” hizo público un documento donde se insiste en la urgencia de dotar a Codelco de un nuevo gobierno corporativo, de transformarla en sociedad anónima y de abrir un porcentaje de su propiedad a la bolsa.
La actualización del tema, a partir de ese documento, llevó ayer a diputados de la comisión de Minería a exigir al Gobierno que remita las indicaciones pendientes -destinadas a mejorar el proyecto-, para reiniciar su estudio y enviarlo al Senado.
Francisco Encina (PS), quien presidió la comisión de Minería en 2007, y Antonio Leal (PD), miembro de esa instancia y presidente de la comisión de Economía, señalaron que hay disposición para aprobar a la mayor brevedad el proyecto, “pero la responsabilidad en el retraso es exclusiva del Gobierno”.
Encina dijo que la propuesta original del Gobierno era incompleta, no establecía en forma clara el rol que el Presidente de la República y sus ministros desarrollarían en Codelco, no definía en forma adecuada la elección de directores independientes, no incorporaba a los supervisores ni trataba una serie de elementos, “por lo que hicimos planteamientos que fueron de consenso entre parlamentarios de la Concertación y de la Alianza; además del propio Gobierno. Todo tenía que traducirse en el envío de un conjunto de indicaciones por parte del Ejecutivo, porque nosotros no tenemos atribuciones para hacerlo”.
Leal recalcó la urgencia de avanzar en agilizar la gestión de la compañía estatal en su autonomía y en la entrega de mayor peso a sus decisiones.
Un año lleva paralizado en el Congreso el proyecto de ley que la Presidenta Michelle Bachelet envió el 13 de marzo de 2007 al Legislativo, destinado a dotar a Codelco de un nuevo gobierno corporativo y a aplicarle, por ley, las normas que rigen a las sociedades anónimas abiertas, sometiéndola a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
La iniciativa está en espera de que el Ejecutivo envíe indicaciones que hace 10 meses fueron consensuadas con los miembros de la comisión de Minería de la Cámara de Diputados.
El domingo pasado “El Mercurio” hizo público un documento donde se insiste en la urgencia de dotar a Codelco de un nuevo gobierno corporativo, de transformarla en sociedad anónima y de abrir un porcentaje de su propiedad a la bolsa.
La actualización del tema, a partir de ese documento, llevó ayer a diputados de la comisión de Minería a exigir al Gobierno que remita las indicaciones pendientes -destinadas a mejorar el proyecto-, para reiniciar su estudio y enviarlo al Senado.
Francisco Encina (PS), quien presidió la comisión de Minería en 2007, y Antonio Leal (PD), miembro de esa instancia y presidente de la comisión de Economía, señalaron que hay disposición para aprobar a la mayor brevedad el proyecto, “pero la responsabilidad en el retraso es exclusiva del Gobierno”.
Encina dijo que la propuesta original del Gobierno era incompleta, no establecía en forma clara el rol que el Presidente de la República y sus ministros desarrollarían en Codelco, no definía en forma adecuada la elección de directores independientes, no incorporaba a los supervisores ni trataba una serie de elementos, “por lo que hicimos planteamientos que fueron de consenso entre parlamentarios de la Concertación y de la Alianza; además del propio Gobierno. Todo tenía que traducirse en el envío de un conjunto de indicaciones por parte del Ejecutivo, porque nosotros no tenemos atribuciones para hacerlo”.
Leal recalcó la urgencia de avanzar en agilizar la gestión de la compañía estatal en su autonomía y en la entrega de mayor peso a sus decisiones.
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