Cuestionan el proyecto de ley
Los cooperativistas mineros coordinarán el bloqueo de caminos con la toma de instituciones públicas y analizan otras acciones radicales para frenar el proyecto de ley que busca anular los contratos de arrendamiento.
El presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí (Fedecomin), Benedicto Llano, anunció que asumen el estado de emergencia ante la intención de algunos parlamentarios de “desempolvar” un proyecto que habían prometido no impulsar.
Califican como principal responsable de esa acción al presidente de la Comisión Económica de Diputados, José Pimentel, a quien declararon enemigo de este sector.
Los cooperativistas trabajan principalmente en yacimientos arrendados por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), ese es el caso de las que se encuentran asentadas en el Cerro Rico y la anulación de los contratos sería dejar en la calle a miles de personas.
Para el dirigente Benedicto Llano, el gobierno se está buscando un nuevo frente de conflicto y en el caso de las cooperativas podría ser peor que cualquier otro que tuvo enfrente.
Los cerca de 30 mil mineros cooperativistas de Potosí demostraron poseer una fuerza social importante al extremo de arrinconar a las autoridades como lo hicieron con la toma de las instituciones públicas en su lucha por la devolución de sus aportes de 3 por 1.000.
El vicepresidente de Fedecomin, Corsino Villanueva, anunció que el lunes 5 de mayo se desarrollará una reunión de presidentes de las cooperativas para definir las acciones de hecho contra el proyecto que busca anular sus contratos.
Calificó la reactualización de ese proyecto como una traición al sector minero y anticipó que la lucha será conjunta con las federaciones del resto del país.
Indicó que se movilizarán hasta conseguir que se deseche el mencionado proyecto que define la anulación de los contratos aunque se habla de mantener aquellos que tengan carácter social.
El argumento de los proyectistas es que se deben recuperar aquellos yacimientos mineros cuyos contratos no pasaron por el parlamento cumpliendo la disposición establecida en la propia Constitución Política del Estado (CPE).
Los cooperativistas mineros coordinarán el bloqueo de caminos con la toma de instituciones públicas y analizan otras acciones radicales para frenar el proyecto de ley que busca anular los contratos de arrendamiento.
El presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí (Fedecomin), Benedicto Llano, anunció que asumen el estado de emergencia ante la intención de algunos parlamentarios de “desempolvar” un proyecto que habían prometido no impulsar.
Califican como principal responsable de esa acción al presidente de la Comisión Económica de Diputados, José Pimentel, a quien declararon enemigo de este sector.
Los cooperativistas trabajan principalmente en yacimientos arrendados por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), ese es el caso de las que se encuentran asentadas en el Cerro Rico y la anulación de los contratos sería dejar en la calle a miles de personas.
Para el dirigente Benedicto Llano, el gobierno se está buscando un nuevo frente de conflicto y en el caso de las cooperativas podría ser peor que cualquier otro que tuvo enfrente.
Los cerca de 30 mil mineros cooperativistas de Potosí demostraron poseer una fuerza social importante al extremo de arrinconar a las autoridades como lo hicieron con la toma de las instituciones públicas en su lucha por la devolución de sus aportes de 3 por 1.000.
El vicepresidente de Fedecomin, Corsino Villanueva, anunció que el lunes 5 de mayo se desarrollará una reunión de presidentes de las cooperativas para definir las acciones de hecho contra el proyecto que busca anular sus contratos.
Calificó la reactualización de ese proyecto como una traición al sector minero y anticipó que la lucha será conjunta con las federaciones del resto del país.
Indicó que se movilizarán hasta conseguir que se deseche el mencionado proyecto que define la anulación de los contratos aunque se habla de mantener aquellos que tengan carácter social.
El argumento de los proyectistas es que se deben recuperar aquellos yacimientos mineros cuyos contratos no pasaron por el parlamento cumpliendo la disposición establecida en la propia Constitución Política del Estado (CPE).
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