Durante los dos años del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), se registraron 30 minas tomadas por los comunarios, sin que el presidente Evo Morales ni otras autoridades hayan hecho gestiones para resolver cada uno de esos problemas.
“Hasta la fecha son más de 30 minas tomadas y en ninguna de ellas se han resuelto los problemas, por el contrario el riesgo de enfrentamientos y muertes está en la puerta de nuestras operaciones mineras por este continuo acecho de tomas e intervenciones por parte de las comunidades”, según la evaluación de los miembros de la Cámara de la Minería y la Federación de Empresarios Privados de Oruro.
Las políticas del gobierno ahuyentan el desarrollo de la minería, gracias a un rechazo a las inversiones, limitando el desarrollo de las operaciones de los productores mineros, se explicó.
Según el documento, es lamentable cómo se desarrolla la minería en el país, ya que existen bastantes barreras por las que los productores mineros del sector mediano y chico sobreviven estoicamente, cuando precisamente se tienen los mejores precios y las cotizaciones más altas en el mercado internacional de los metales.
Manifestó que la propuesta de una nueva Constitución Política del Estado, elimina las concesiones mineras, obliga a las empresas mineras a firmar contratos con el Estado, quedándose este con el 51 por ciento de las utilidades luego de haber pagado los onerosos impuestos.
Asimismo, destacó que la propuesta de Constitución otorga mucho poder a las comunidades del área, por lo que borra del mapa a la minería privada.
“La nueva propuesta de Constitución busca el debacle de la minería mediana, chica y cooperativizada poniendo en riesgo la actividad productiva al no aprovechar la coyuntura de las buenas cotizaciones y no tomar en cuenta el papel importante que desempeña el sector minero privado, siendo así que el Estado no tiene recursos económicos suficientes para invertir en grandes proyectos mineros como hace la minería mediana”, afirmó la FEPO.
En muchos casos, son las propias autoridades llamadas por ley las que ignoran y evitan dar una solución a esos temas, como ocurrió con la Prefectura de Oruro donde sus principales representantes esperaron más de siete meses para verse obligados a atender las demandas de los mineros de Santa María, donde se registraron dos mineros muertos.
“Hasta la fecha son más de 30 minas tomadas y en ninguna de ellas se han resuelto los problemas, por el contrario el riesgo de enfrentamientos y muertes está en la puerta de nuestras operaciones mineras por este continuo acecho de tomas e intervenciones por parte de las comunidades”, según la evaluación de los miembros de la Cámara de la Minería y la Federación de Empresarios Privados de Oruro.
Las políticas del gobierno ahuyentan el desarrollo de la minería, gracias a un rechazo a las inversiones, limitando el desarrollo de las operaciones de los productores mineros, se explicó.
Según el documento, es lamentable cómo se desarrolla la minería en el país, ya que existen bastantes barreras por las que los productores mineros del sector mediano y chico sobreviven estoicamente, cuando precisamente se tienen los mejores precios y las cotizaciones más altas en el mercado internacional de los metales.
Manifestó que la propuesta de una nueva Constitución Política del Estado, elimina las concesiones mineras, obliga a las empresas mineras a firmar contratos con el Estado, quedándose este con el 51 por ciento de las utilidades luego de haber pagado los onerosos impuestos.
Asimismo, destacó que la propuesta de Constitución otorga mucho poder a las comunidades del área, por lo que borra del mapa a la minería privada.
“La nueva propuesta de Constitución busca el debacle de la minería mediana, chica y cooperativizada poniendo en riesgo la actividad productiva al no aprovechar la coyuntura de las buenas cotizaciones y no tomar en cuenta el papel importante que desempeña el sector minero privado, siendo así que el Estado no tiene recursos económicos suficientes para invertir en grandes proyectos mineros como hace la minería mediana”, afirmó la FEPO.
En muchos casos, son las propias autoridades llamadas por ley las que ignoran y evitan dar una solución a esos temas, como ocurrió con la Prefectura de Oruro donde sus principales representantes esperaron más de siete meses para verse obligados a atender las demandas de los mineros de Santa María, donde se registraron dos mineros muertos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario