La Cámara de Minería de Ecuador rechazó hoy la posible aprobación en la Asamblea Constituyente de un “mandato” para regular el sector y anunció para mañana una movilización de sus socios hasta el Palacio Presidencial en Quito.
El director de esa Cámara, Javier Cruz, señaló en rueda de prensa que mañana entregará al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, una propuesta del gremio que permita desarrollar una “actividad minera responsable”.
La Asamblea Constituyente, dominada por el partido oficialista Alianza País, prevé discutir y aprobar en los próximos días el “mandato minero”, que tiene fuerza de ley y supone la reversión de miles de concesiones al Estado.
Según portavoces de Alianza País en la Constituyente, el mandato incluirá la reversión al Estado de concesiones efectuadas de forma irregular en el pasado y sobre aquellas que no han realizado inversiones en los últimos años.
Además, el grupo oficialista ha planteado la creación de una empresa estatal minera, que controle el sector, y el reforzamiento de disposiciones ambientales y financieras aplicadas a la actividad.
La Cámara de Minería aseguró que ese mandato podría anular inversiones por valor de 2.000 millones de dólares, en los próximos dos años, y eliminar la creación de 70.000 “empleos de calidad en los próximos diez años”.
“Necesitamos una nueva Ley, pero no un mandato que mate a la minería”, sostuvo Cruz y pidió que el Gobierno abra un espacio de debate con todos los sectores involucrados.
“Pedimos que se abra el debate para la nueva Ley, que sea producto de un análisis serio que contemple los aspectos técnicos, económicos, sociales y ecológicos para tomar decisiones acertadas para todo el Ecuador y todos los ecuatorianos”, añadió Cruz.
El representante del sector empresarial minero calificó, además, a la información que dispone la Constituyente de “poco objetiva”, y dijo que esa situación “pone en peligro las decisiones que la Asamblea pueda tomar”.
Los dirigentes del sector minero, expresaron su profunda preocupación ante la emisión de un mandato que busca bloquear toda actividad minera de mediana y gran escala sin mediar, según los voceros, argumentos sustentados en bases técnicas.
El director de la Cámara de Minería estima que las inversiones previstas en el país “se suspenderán de manera inmediata de ser aprobado el mandato, debido a que la incertidumbre creada en los proyectos incrementa los índices de riesgos, que ya son muy altos” en esa actividad.
Si se aprueba el “mandato minero”, según Cruz, “será inminente” la interrupción de las actividades mineras y el país podría perder las 200.000 plazas de empleo que el sector sostiene en la actualidad.
Asimismo, dijo Cruz, “se perderían los 1.700 millones de dólares en impuestos” que la industria minera prevé aportar al sector fiscal, monto que, dijo, representa el 30 por ciento de lo que actualmente aporta todo el sector privado en tributos.
La Cámara de Minería apoyó la idea del presidente Correa, quien hace poco aseguró que permitirá la minería a gran escala, siempre que ésta cumpla con altos rangos de seguridad ambiental y social.
“La industria minera aspira a la construcción de un marco legal claro que regule la actividad minera”, asegure prácticas ambientales respetuosas y sustentables, establezca la participación del Estado en la actividad “y trabaje por el desarrollo de las comunidades”, donde se asienten los proyectos, remarcó Cruz.
El director de la Cámara deploró la posibilidad de que se cierren “las oportunidades que brinda la minería para combatir con empleo la pobreza, la migración y elevar la calidad de vida de los ecuatorianos”.
El director de esa Cámara, Javier Cruz, señaló en rueda de prensa que mañana entregará al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, una propuesta del gremio que permita desarrollar una “actividad minera responsable”.
La Asamblea Constituyente, dominada por el partido oficialista Alianza País, prevé discutir y aprobar en los próximos días el “mandato minero”, que tiene fuerza de ley y supone la reversión de miles de concesiones al Estado.
Según portavoces de Alianza País en la Constituyente, el mandato incluirá la reversión al Estado de concesiones efectuadas de forma irregular en el pasado y sobre aquellas que no han realizado inversiones en los últimos años.
Además, el grupo oficialista ha planteado la creación de una empresa estatal minera, que controle el sector, y el reforzamiento de disposiciones ambientales y financieras aplicadas a la actividad.
La Cámara de Minería aseguró que ese mandato podría anular inversiones por valor de 2.000 millones de dólares, en los próximos dos años, y eliminar la creación de 70.000 “empleos de calidad en los próximos diez años”.
“Necesitamos una nueva Ley, pero no un mandato que mate a la minería”, sostuvo Cruz y pidió que el Gobierno abra un espacio de debate con todos los sectores involucrados.
“Pedimos que se abra el debate para la nueva Ley, que sea producto de un análisis serio que contemple los aspectos técnicos, económicos, sociales y ecológicos para tomar decisiones acertadas para todo el Ecuador y todos los ecuatorianos”, añadió Cruz.
El representante del sector empresarial minero calificó, además, a la información que dispone la Constituyente de “poco objetiva”, y dijo que esa situación “pone en peligro las decisiones que la Asamblea pueda tomar”.
Los dirigentes del sector minero, expresaron su profunda preocupación ante la emisión de un mandato que busca bloquear toda actividad minera de mediana y gran escala sin mediar, según los voceros, argumentos sustentados en bases técnicas.
El director de la Cámara de Minería estima que las inversiones previstas en el país “se suspenderán de manera inmediata de ser aprobado el mandato, debido a que la incertidumbre creada en los proyectos incrementa los índices de riesgos, que ya son muy altos” en esa actividad.
Si se aprueba el “mandato minero”, según Cruz, “será inminente” la interrupción de las actividades mineras y el país podría perder las 200.000 plazas de empleo que el sector sostiene en la actualidad.
Asimismo, dijo Cruz, “se perderían los 1.700 millones de dólares en impuestos” que la industria minera prevé aportar al sector fiscal, monto que, dijo, representa el 30 por ciento de lo que actualmente aporta todo el sector privado en tributos.
La Cámara de Minería apoyó la idea del presidente Correa, quien hace poco aseguró que permitirá la minería a gran escala, siempre que ésta cumpla con altos rangos de seguridad ambiental y social.
“La industria minera aspira a la construcción de un marco legal claro que regule la actividad minera”, asegure prácticas ambientales respetuosas y sustentables, establezca la participación del Estado en la actividad “y trabaje por el desarrollo de las comunidades”, donde se asienten los proyectos, remarcó Cruz.
El director de la Cámara deploró la posibilidad de que se cierren “las oportunidades que brinda la minería para combatir con empleo la pobreza, la migración y elevar la calidad de vida de los ecuatorianos”.
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