domingo, 16 de marzo de 2008

Sinchi Wayra exige seguridad jurídica para sus inversiones

La empresa Sinchi Wayra, exige a las autoridades departamentales y nacionales seguridad jurídica para las inversiones que realiza en Oruro y de esa forma evitar los avasallamientos en sus operaciones mineras.

“Nosotros estamos trabajando para que se respeten las inversiones privadas, las autoridades deben darnos seguridad jurídica y dejarnos trabajar en este yacimiento minero”, afirmó el gerente de la zona Norte de Sinchi Wayra, Edward Iriarte.

Realizó esa declaración tras la acción asumida por más de 100 ex trabajadores, comunarios y pobladores, que tomaron la mina de Totoral desde el pasado jueves exigiendo que la empresa San Lucas, dependiente de Sinchi Wayra, abandone el sector.

Explicó que existen personas como el señor Severo Lucas y un señor de apellido Moya que incitan a tomar acciones totalmente ilegales que van en contra del ordenamiento jurídico.

“Estas personas están manejando a los ex trabajadores jubilados y a los ex trabajadores que están radicando en Oruro, esa gente no tenía vigencia en la zona, pero nuevamente los están utilizando para genera problemas en Totoral”, señaló.
El ejecutivo de Sinchi Wayra manifestó que esos sectores siempre van amenazando con la toma del yacimiento minero para exigir demandas totalmente ilegales.

Explicó que los grupos intransigentes suben al nivel 1 Azul principal para posesionarse en el sector y en horas de la tarde bajan a la población de Totoral.

“Nosotros no queremos tener problemas con ningún sector de la zona, por esa razón no hemos llevado gente a la zona, ni hemos asumido acciones, si bien es cierto que en algún momento hicimos la denuncia en la Prefectura de Oruro indicando que hay riesgo de un enfrentamiento, pero esperamos que se solucione este tema”, señaló.

Edward Iriarte manifestó Sinchi Wayra quiere que se maneje con la mayor responsabilidad, porque puede ocasionar conflictos entre trabajadores de la Empresa Minera San Lucas, los ex trabajadores, pobladores y los comunarios de la zona.

Indicó que el jueves en horas de la tarde estuvo el viceministro de minería Pedro Mariobo, y el delegado de conflictos sociales de la Prefectura Tomas López quienes instaron a dejar esas acciones ilegales. “Esas autoridades explicaron las razones legales por las que la Empresa San Lucas ha tomado el poder del yacimiento, ya que fue mediante un remate judicial por lo que es una propiedad privada y no puede ser tomada por sectores ajenos”, señaló.

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