La Minería Chica de Bolivia demandó al gobierno de Evo Morales seguridad jurídica para los propietarios y trabajadores de las concesiones mineras que son amenazados con infiltrados campesinos, alentados por políticos que avasallan y toman las empresas para beneficio propio, sin respetar las fuentes de trabajo de los mineros.
La resolución fue aprobada en la reciente Conferencia de las Cámaras de Minería de Bolivia, efectuada en Oruro, después de denunciar que las actividades del sector minero, especialmente nacional y con mayor incidencia en la minería chica, son entorpecidas por la acción de agrupaciones campesinas, que alentadas por infiltrados, que alentados por políticos, amenazan, avasallan y toman las concesiones mineras para beneficio propio, expulsando a los propietarios y a los trabajadores.
Según los presidentes de las cámaras de minería, estas acciones delincuenciales vienen cometiéndose con inusitada y preocupante frecuencia, al extremo que los medios informativos destacan treinta conflictos de esa naturaleza en el país, siendo el más afectado el departamento de La Paz.
Las cámaras de minería indicaron que por la pasividad demostrada por el gobierno ante estos hechos, por las autoridades encargadas de mantener el orden público en el país, “se hace necesario que el Ministerio de Minería y Metalurgia convoque al sector conflictivo campesino a un diálogo de concertación con los empresarios mineros y suscribir un acuerdo con imposición de sanciones legales a los infractores”.
Por ese motivo, los presidentes de las cámaras de minería resolvieron solicitar al ministro de Minería y Metalurgia, Luis Alberto Echazú, la urgente convocatoria a una reunión que posibilite un acuerdo entre el gobierno, organizaciones mineras y sociales, como una estrategia de solución a los hechos de avasallamiento y despojo de concesiones mineras.
FONDO DE APOYO
Otra de las demandas del sector empresarial minero, es el de la implementación del Fondo de Apoyo a la reactivación de la minería chica, después del cierre del Banco Minero en 1991.
Manifestaron que desde esa época, las cámaras de minería de Bolivia, solicitaron a los gobiernos de turno, la inmediata creación de una entidad de fomento financiero técnico.
“Para esta finalidad se presentaron proyectos factibles, como el elaborado por la Cámara de Minería de Oruro, que lamentablemente no tuvieron receptividad a niveles de gobierno, empecinados en proporcionar paliativos sin ningún resultado positivo”, aseveraron. Explicaron que por ser notoria la preferencia del gobierno por el sector cooperativista a quienes dota de equipos y financiamiento, se debería dar el mismo tratamiento a la minería chica.
La resolución fue aprobada en la reciente Conferencia de las Cámaras de Minería de Bolivia, efectuada en Oruro, después de denunciar que las actividades del sector minero, especialmente nacional y con mayor incidencia en la minería chica, son entorpecidas por la acción de agrupaciones campesinas, que alentadas por infiltrados, que alentados por políticos, amenazan, avasallan y toman las concesiones mineras para beneficio propio, expulsando a los propietarios y a los trabajadores.
Según los presidentes de las cámaras de minería, estas acciones delincuenciales vienen cometiéndose con inusitada y preocupante frecuencia, al extremo que los medios informativos destacan treinta conflictos de esa naturaleza en el país, siendo el más afectado el departamento de La Paz.
Las cámaras de minería indicaron que por la pasividad demostrada por el gobierno ante estos hechos, por las autoridades encargadas de mantener el orden público en el país, “se hace necesario que el Ministerio de Minería y Metalurgia convoque al sector conflictivo campesino a un diálogo de concertación con los empresarios mineros y suscribir un acuerdo con imposición de sanciones legales a los infractores”.
Por ese motivo, los presidentes de las cámaras de minería resolvieron solicitar al ministro de Minería y Metalurgia, Luis Alberto Echazú, la urgente convocatoria a una reunión que posibilite un acuerdo entre el gobierno, organizaciones mineras y sociales, como una estrategia de solución a los hechos de avasallamiento y despojo de concesiones mineras.
FONDO DE APOYO
Otra de las demandas del sector empresarial minero, es el de la implementación del Fondo de Apoyo a la reactivación de la minería chica, después del cierre del Banco Minero en 1991.
Manifestaron que desde esa época, las cámaras de minería de Bolivia, solicitaron a los gobiernos de turno, la inmediata creación de una entidad de fomento financiero técnico.
“Para esta finalidad se presentaron proyectos factibles, como el elaborado por la Cámara de Minería de Oruro, que lamentablemente no tuvieron receptividad a niveles de gobierno, empecinados en proporcionar paliativos sin ningún resultado positivo”, aseveraron. Explicaron que por ser notoria la preferencia del gobierno por el sector cooperativista a quienes dota de equipos y financiamiento, se debería dar el mismo tratamiento a la minería chica.
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