viernes, 28 de diciembre de 2007

El Mutún marca la recuperación de los recursos mineros para el 2008

Los 2.100 millones de dólares de inversión en el reservorio minero del Mutún en Santa Cruz, es sólo la punta de la estrategia gubernamental para recuperar los recursos mineralógicos y que pretende ser consolidada en la siguiente gestión.

En un acto histórico, el presidente Evo Morales promulgó el 30 de noviembre la Ley No. 3789 que permitirá la explotación e industrialización del 50 por ciento del yacimiento de hierro del Mutún, dando apertura a la era de la siderúrgica en Bolivia.

En esa oportunidad el Mandatario dijo que "después de 50 años por fin se realizará la explotación del hiero del Mutún y esos deseos postergados en Bolivia y bajo la mirada protectora de ustedes se concretará este hecho histórico".

Señaló que después de haber frenado la irregular adjudicación que tenía concretada la empresa brasileña EBX para hacerse cargo del proyecto, se inició un difícil proceso hasta lograr adjudicar la explotación del yacimiento a la Jindal Steel Bolivia SA.

Indicó que si se concretaba la suscripción con la EBX a presión de los cívicos que la defendieron hasta el último minuto, e incluso llegaron a agredir a los ministros, esta empresa sólo iba ha invertir 500 millones de dólares en cinco años mientras que ahora se garantiza una inversión de 2.100 millones de dólares.

Esto significa, según el Mandatario, que con la EBX el Estado sólo iba a recibir 18 millones de dólares, mientras ahora los ingresos netos anuales para el país serán de 200 millones de dólares.

El viceministro de Minería, Pedro Mariovo, dijo que esta "recuperación de recursos naturales" sustituye al término de "nacionalización" que estuvo vigente en materia minera en los dos primeros años de gestión del Gobierno de Evo Morales.

"Es un proceso lento, progresivo, permanente y tiene tres partes: primero es haber declarado a todo el territorio nacional como reserva fiscal, la segunda forma es elevar la tasa tributaria y en tercer lugar, está la revisión de los contratos de riesgo compartido", señaló.

La revisión de contratos que se realizará a partir de 2008, permitirá en algunos casos la recuperación de centros mineros que tienen contratos de riesgo compartido con el Estado, en caso de verificarse incumplimiento de reglas.

Adelantó que estos contratos establecen la participación estatal hasta en un 50 por ciento con las empresas, pero el objetivo es llegar al 60-40 y de esa forma el Estado tendrá mayoría en esos proyectos.

"Aquellos que no hayan cumplido el compromiso de invertir, de poner tecnología de punta, de contratar un número adecuado de obreros, pueden perder la concesión, ese fue caso de Huanuni y Vinto donde hubo irregularidad pero debe ir acompañada de un proceso", indicó.

A partir de ahí, el Estado tendrá control sobre las tareas de exploración y explotación, "y como irá en beneficio de las prefecturas, las regiones y el Tesoro General de la Nación (TGN), creemos que abrirá perspectivas para nuevas reservas pero bajo control del Estado".

La nueva escala tributaria minera contemplada dentro de las modificaciones del actual Código Minero 1777 plantea el cambio de nombre al Impuesto Complementario Minero (ICM) por el de Regalía Minera e incrementa el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) de 25 por ciento vigente a 37.5 por ciento, además de otros cambios.

INVERSIÓN CUÁNTO Y DÓNDE

En 2008, el Estado tiene previsto la inversión de 21,5 millones de dólares en Huanuni y para 2009 existe la previsión de 54,2 millones, con lo cual en dos años son 75,7 millones de dólares sólo en Huanuni.

En la mina Caracoles se tiene proyectado el desembolso de 1,7 millones de dólares, la autoridad también dijo que "para reactivar Caracoles, Matilde y Coro coro estimamos una cantidad de 150 millones para el 2009, con lo que la inversión minería estatal estará casi a la par con la inversión privada".

Carachipampa recibirá 150 millones de dólares y en San Cristóbal -que es inversión privada- está comprometido una inversión de 900 millones de dólares, ya desembolsaron 600 y falta 300 que invertirán el siguiente año.

Según Mariovo, el Estado invertirá en las fundiciones, "pensamos reactivar las plantas de Telamuyu para el tratamiento del bismuto y Pulacayo", aunque el monto de la inversión no está cuantificado.

Aseguró que los centros mineros entregados por anteriores autoridades "se hizo a precio de gallina muerta, hoy los precios se han duplicado, entonces modificar o rescindirlos es delicado y se hará la revisión de las concesiones especialmente en los centros de Porco, Bolívar, Colquiri, San Vicente y Poopo.

CONFLICTOS

Afirmó que el plan de reactivación minera, que estaba proyectado para el primer año fue retrasado por los conflictos que se produjeron en varios puntos del país y puso como ejemplo al Mutún.

En esa población se produjeron los momentos más críticos entre autoridades de Gobierno y dirigentes de Puerto Suárez, "ahí tuvimos que estar mucho tiempo, y uno de los logros más importantes es precisamente el monto de inversión que habrá en esa región".
Los avasallamientos en centros mineros fueron parte de otro problema político porque en toda la gestión se produjeron más de 50, "se resolvieron casi todos" dijo la autoridad y añadió que están "pendientes", los problemas de Himalaya, Amayapampa y Matilde.

RÉCORD DEL ESTAÑO

Este 2007 también estuvo marcado por el récord del precio del estaño en el mercado internacional. Después de casi 30 años, este mineral logró cotizar en 7,62 dólares la libra fina. En 1980 el costo del mineral llegó a 7,61 y este año se venció el récord por un punto.
El Gobierno calificó esta coyuntura de "positiva" ya que beneficia tanto al Estado, por la producción de la Empresa Minera Huanuni, al sector privado y los cooperativistas mineros.

Sin embargo, no compromete el incremento en la producción porque la explotación del mineral se da en los yacimientos tradicionales y, por el momento, no se prevé trabajos de prospección, exploración y explotación de nuevas reservas.

Mercados como China y Asia almacenan reservas de estaño para garantizar en los próximos cinco años su desarrollo industrial.

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