El Senado aprobó ayer, en grande y detalle, la ley que autoriza el contrato con la empresa india Jindal, para la explotación del hierro del Mutún, pero lo devolvió a Diputados a falta de una ley expresa que autorice la explotación de recursos naturales, como establece la Constitución, en su artículo 25.
“Este proyecto debería bajar necesariamente a Diputados porque se ha olvidado prever lo que establece el artículo 25 de la Constitución Política del Estado (CPE), que es el autorizar a una empresa extranjera explotar los recursos naturales en la franja de 50 kilómetros de la frontera. El caso del Mutún está prácticamente en la frontera con Brasil; era inevitable que este proyecto retorne a la Cámara de Diputados”, explicó ayer el senador de Podemos Carlos D’arlach .
El artículo referido dice a la letra que “Dentro de 50 kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por ningún título, suelo ni subsuelo, directa o indirectamente, individualmente o en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, la propiedad adquirida, excepto el caso de necesidad nacional, declarada por ley expresa”.
Edil Gericke, presidente del Comité Cívico de Puerto Suárez (Santa Cruz), municipio donde está el yacimiento, anunció movilizaciones si la ley no se aprueba.
“Estamos acompañando el proceso de cerca y el Comité se ha declarado en estado de alerta porque ya no se puede seguir especulando; han tenido más de un año para elaborar una buena ley. Lo que más nos preocupa es el tema de las utilidades. Si Diputados desautoriza el proyecto, vamos a movilizarnos. Tomaremos una posición conjunta e institucional”.
Agregó que hoy llegará a Puerto Suárez el presidente de la Siderúrgica, Wálter Chávez, para dar un informe al pueblo.
El presidente Evo Morales solicitó al Congreso celeridad en la aprobación del contrato con la Jindal. D’arlach sostuvo que la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Cámara Alta actuó de esa manera, pese a que los senadores del MAS no asistieron a las reuniones para analizar la norma.
“Este proyecto debería bajar necesariamente a Diputados porque se ha olvidado prever lo que establece el artículo 25 de la Constitución Política del Estado (CPE), que es el autorizar a una empresa extranjera explotar los recursos naturales en la franja de 50 kilómetros de la frontera. El caso del Mutún está prácticamente en la frontera con Brasil; era inevitable que este proyecto retorne a la Cámara de Diputados”, explicó ayer el senador de Podemos Carlos D’arlach .
El artículo referido dice a la letra que “Dentro de 50 kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por ningún título, suelo ni subsuelo, directa o indirectamente, individualmente o en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, la propiedad adquirida, excepto el caso de necesidad nacional, declarada por ley expresa”.
Edil Gericke, presidente del Comité Cívico de Puerto Suárez (Santa Cruz), municipio donde está el yacimiento, anunció movilizaciones si la ley no se aprueba.
“Estamos acompañando el proceso de cerca y el Comité se ha declarado en estado de alerta porque ya no se puede seguir especulando; han tenido más de un año para elaborar una buena ley. Lo que más nos preocupa es el tema de las utilidades. Si Diputados desautoriza el proyecto, vamos a movilizarnos. Tomaremos una posición conjunta e institucional”.
Agregó que hoy llegará a Puerto Suárez el presidente de la Siderúrgica, Wálter Chávez, para dar un informe al pueblo.
El presidente Evo Morales solicitó al Congreso celeridad en la aprobación del contrato con la Jindal. D’arlach sostuvo que la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Cámara Alta actuó de esa manera, pese a que los senadores del MAS no asistieron a las reuniones para analizar la norma.
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